Para Trump, la separación de familias que piden asilo es un ‘mito’; los registros muestran que sucede a menudo

Una mujer llamada Mirian y su hijo de 18 meses llegaron a Brownsville, Texas, a principios de 2018, después de huir de Honduras, donde los militares habían entrado a su casa con gases lacrimógenos. La mujer se dirigió a un puerto de entrada y pidió asilo, de acuerdo con los registros judiciales.

Mirian tenía su identificación, el certificado de nacimiento del niño -que la mencionaba como su madre-, su registro de alumbramiento en el hospital y los de vacunación del pequeño.

Los oficiales fronterizos tomaron los documentos y luego le informaron que retendrían a su hijo, aseguró ella en una declaración jurada de la corte. La acompañaron hacia un automóvil del gobierno, le dijeron que pusiera al niño en un asiento para el automóvil y que cerrara la puerta.

Pasaron tres meses antes de que ambos volvieran a reunirse.

La política de "cero tolerancia" de la administración Trump, de acusar penalmente a las personas que cruzan la frontera sin autorización, derivó en miles de niños apartados de sus padres.

Pero la práctica de separar familias parece haber comenzado a acelerarse en 2017, mucho antes de que se anunciara la tolerancia cero, en la primavera. Entre estos casos, según registros y entrevistas, son muchos los que ocurrieron en los puertos de entrada.

Los funcionarios del gobierno expresaron en repetidas ocasiones que los solicitantes de asilo que no desean separarse de sus hijos deben presentarse en un puerto de entrada. Esa es la manera legal de pedir asilo, describieron.

Pero las presentaciones judiciales describen numerosos casos en los últimos meses en los que las familias fueron separadas después de hacer precisamente eso.

Esto sucedió incluso cuando los solicitantes de asilo llevaban documentos, como certificados de nacimiento u hospitalarios, que los señalaban como padres de sus pequeños, según las entrevistas y los escritos judiciales.

Aunque los funcionarios fronterizos siempre han tenido una política de separar a los niños cuando su seguridad era cuestionable, abogados y defensores dicen que comenzaron a ver un aumento significativo, en el 2017, de funcionarios que separan a los menores de sus padres al pedir asilo en los puertos de entrada, sin razones claras.

En un fallo el 26 de junio, que ordenó la reunificación de familias en un caso presentado por la ACLU, la juez del tribunal federal de San Diego Dana M. Sabraw escribió que hubo una "separación casual, si no deliberada, de las familias que legalmente están presentes en el puerto de entrada, no solo de aquellos que cruzan al país sin permiso”.

Nicole Ramos, abogada que brinda asistencia legal a los solicitantes de asilo en Tijuana, comenzó a ver un aumento en las separaciones familiares en los puertos de entrada en mayo de 2017. Ramos ha presentado ocho quejas relacionadas con este tema en los últimos meses ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, que investiga las violaciones de los derechos civiles.

Las separaciones en los puertos de entrada han ocurrido "incluso cuando las familias presentaron evidencia suficiente de parentesco, cuando [los niños] no tienen señales de abandono o abuso... incluso cuando el niño puede hablar por sí mismo y decir ‘este es mi padre’", dijo Ramos.

Para ella, el problema se agravó por los largos tiempos de espera en los puertos de entrada. En algunos casos, las familias han quedado esperando durante semanas para pedir asilo en un cruce fronterizo.

Lee Gelernt, el principal abogado del caso de la ACLU que desafió las separaciones familiares, afirmó que el gobierno justificó llevar a los menores, en algunos casos, alegando preocupación de que el pequeño estuviera con un contrabandista. En un caso, comentó, "la niña gritaba: 'Mamá, mami, no dejes que me lleven'. Cualquiera hubiera sabido que no era una contrabandista".

En un correo electrónico, el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Daniel Hetlage, refirió a un periodista a una hoja informativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde dice que es un "mito" que las familias que piden asilo legalmente en los puertos de entrada son separadas.

La hoja dice que el DHS se separará en tres circunstancias: "1) Cuando el DHS no puede determinar la relación familiar, 2) Cuando el DHS determina que un niño puede estar en riesgo con el padre o tutor legal, o 3) Cuando el padre o tutor legal es remitido para enjuiciamiento criminal”.

En una declaración ante el tribunal federal, Marc W. Sanders, director en funciones de Human Handling Cell, de Seguridad Nacional, argumentó que liberar a todas las familias unidas puede reforzar el tráfico de personas y aumentar la inmigración ilegal. "Una vez que se dé a conocer ese requisito, es probable que sea un factor de atracción que contribuya a una mayor migración ilícita a Estados Unidos", escribió.

A Ramos le preocupa que a pesar de la orden ejecutiva del presidente Trump para poner fin a las separaciones familiares, del 20 de junio pasado, los funcionarios fronterizos continúen apartando a las familias sin el debido proceso, alegando que uno de los padres es un peligro para el niño o que no es el progenitor. "Lo estaban haciendo antes de la política de tolerancia cero y van a seguir haciéndolo", afirmó. “Dirán que el padre presentó un riesgo de seguridad, sin razones bien articuladas sobre cuál era ese riesgo”.

No está claro con qué frecuencia se ha separado a las familias en los puertos de entrada.

El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Carlos Díaz, señaló que la agencia no tenía datos sobre tales separaciones. Pero si una familia solicita asilo en un puerto de entrada, "es muy probable que permanezca unida a lo largo del proceso", agregó.

Díaz remitió las preguntas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Allí, los funcionarios remitieron a un reportero a Aduanas y Protección Fronteriza.

Fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia a cargo de los niños que están separados de sus padres, solo dijeron que el número total de menores bajo su cuidado es de 11,800. Esto incluye a los pequeños que cruzaron la frontera sin padres y separados de estos.

El caso de ACLU que provocó el fallo de Sabraw describió media docena de casos de familias separadas en los puertos de entrada, incluida la de Mirian.

En varios de esos casos, los padres señalaron en declaraciones juradas que tenían documentos que demostraban la relación con sus hijos y que los funcionarios nunca les dijeron que creían que eran un peligro para los niños.

En un caso, a un hombre de Kirguistán que buscó asilo con su hijo de 13 años en octubre de 2017, en el puerto de entrada en San Ysidro, California, le dijeron unos días después que serían separados. "Todo lo que puedo recordar es cuánto lloramos, tanto mi hijo como yo, cuando se lo llevaron", escribió el hombre en una declaración jurada. "No recuerdo que nadie cuestionara si realmente yo era su padre biológico o si era un peligro, o si era abusivo con él de alguna manera. Incluso tenía el certificado de nacimiento, para demostrar que soy su padre”.

En otro caso descrito en una demanda contra las separaciones familiares presentada por 17 estados y el Distrito de Columbia, a una madre que pidió asilo en un puerto de entrada en Laredo, Texas, con su hijo de 15 años, se le dijo que el menor sería llevado a un refugio o "dado a una familia estadounidense para adopción".

El niño es ciudadano estadounidense.

En mayo, una madre guatemalteca se acercó al puerto de entrada de San Ysidro con sus tres hijos, de dos, seis y 13 años, diciendo que temía regresar a su país debido al trabajo de organización comunitaria de su marido.

La familia fue llevada a un centro de detención en Texas, donde permanecieron juntos durante dos semanas antes de que los funcionarios de inmigración se llevaran a sus hijos.

"Cada minuto que estoy separada de ellos es angustia", escribió la mujer en una declaración judicial.

En noviembre, José Demar Fuentes llegó al puerto de entrada de San Ysidro con su hijo Mateo, de 15 meses, que había huido de pandillas en El Salvador.

Tenía el certificado de nacimiento original de Mateo, que lo catalogaba como el padre, así como su identificación con foto salvadoreña, precisó Olivia Cáceres, la madre del pequeño.

Aún así, después de que Aduanas y Protección Fronteriza transfirió a Fuentes y su hijo a los oficiales de Inmigración y Aduanas, llevaron al niño a una instalación en Texas.

"Dijeron que no podían probar que él era el padre, a pesar de que tenía el certificado de nacimiento original", relató Cáceres.

Funcionarios de ICE explicaron que "no pudieron confirmar positivamente una relación padre/hijo durante la entrevista de determinación de custodia".

Cuando supo lo que le había sucedido a su hijo, Cáceres dijo: "Sentí que me habían arrojado un cubo de agua fría”.

La mujer no entiende por qué su pareja y su hijo están separados. "No quieren que violemos la ley; entonces venimos legalmente para pedir ayuda y aún así nos separan de nuestros hijos. Es difícil", manifestó.

Pasaron casi dos semanas antes de que Cáceres se enterara de que su pequeño estaba en una instalación. Eventualmente, después de probar que ella era su madre, se le permitieron videollamadas de cinco minutos con él, dos veces por semana.

Durante esas llamadas, Mateo la miraba fijamente o traía sus juguetes e intentaba pasarlos por el teléfono.

Sus únicas palabras para ella, las únicas que él conoce, eran "ma" y "pa".

A pesar de lo sucedido con su hijo, Cáceres a fines de diciembre siguió la iniciativa de Fuentes y se entregó en un puerto de entrada para pedir asilo, junto con su hijo Andree, que tenía cuatro años en ese momento.

Fue dejada en libertad con un monitor de tobillo y se le permitió quedarse con el niño.

En Los Ángeles, con la ayuda de la familia, Cáceres luchó para reunirse con Mateo.

En un momento dado, se le pidió que realizara una prueba de ADN, pero su abogado argumentó con éxito contra ello porque ya se había proporcionado documentación comprobatoria de que ella era la madre de Mateo.

Finalmente, el 7 de febrero, recibió una llamada y le avisaron que el niño llegaría al aeropuerto al día siguiente.

Ochenta y cinco días habían pasado desde que Mateo fue separado de su padre. "Te dices a ti mismo: los niños pequeños no sufren, pero lo hacen", expresó Cáceres. "Estaba traumatizado, y todavía lo está".

La primera semana, cuando los visitantes llegaban a su casa, el niño tomaba las piernas de su madre y lloraba si se acercaban a él.

En una mañana reciente, Mateo se despertó gritando, como lo hace a menudo desde que regresó con su familia. Su madre lo abrazó con fuerza contra su pecho, le frotó la espalda y le susurró en español: "Aquí está mamá”.

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