EE.UU. intentan separar a padres e hijos inmigrantes para desalentar a otras familias, según activistas

Miles de padres que cruzaron sin autorización a EE.UU. en los últimos años fueron arrestados con sus hijos en centros de detención de inmigrantes. Pero el caso de una mujer brasileña y su niño ilustra lo que los defensores de los inmigrantes llaman un enfoque más severo para la aplicación de la ley inmigratoria, que apunta a separar a padres e hijos.

Actualmente, la mujer está detenida en Texas, mientras que el menor fue llevado a un refugio en Illinois. La meta tácita, alegan los defensores, es desalentar a los padres a cruzar sin permiso o intentar solicitar asilo.

La madre brasileña -que pidió ser identificada solo como Jocelyn, porque huyó de la violencia doméstica- ingresó a EE.UU. en agosto pasado con su hijo de 14 años, quien, según afirmó, estaba siendo amenazado por pandillas. Ambos esperaban solicitar asilo.

Las familias migrantes, como la de Jocelyn, generalmente son procesadas por los tribunales de inmigración, algo que se considera un proceso administrativo. Estas familias son detenidas juntas, o liberadas con órdenes para comparecer en procedimientos judiciales posteriores. Sin embargo, el presidente Trump prometió poner fin a la práctica, que consideró como “captura y liberación”.

Históricamente, la mayoría de quienes cruzaban la frontera eran enviados a sus países de origen, pero la administración actual ha amenazado con enjuiciar a algunos padres migrantes porque ingresar al país sin autorización es un delito federal. La primera ofensa es un delito menor, con una sentencia máxima de seis meses. Los atrapados por segunda vez enfrentan un cargo de delito mayor, con una sentencia máxima de hasta 20 años, dependiendo de sus antecedentes penales. Una vez que un caso se convierte en un asunto criminal, padres y niños son separados.

Según defensores públicos y de los inmigrantes, cada vez más parientes inmigrantes que llegan a la frontera sur en busca de asilo están siendo acusados en tribunales penales federales, desde El Paso hasta Arizona. Jocelyn fue acusada de un delito menor, y su hijo fue trasladado a un refugio en Chicago. No existen estadísticas completas, pero para activistas y abogados la evidencia empírica sugiere que la práctica se está extendiendo.

“No se supone que haya una detención generalizada de quienes buscan asilo, pero en realidad, eso es lo que está sucediendo” en El Paso, aseveró Dylan Corbett, director del Hope Border Institute, un grupo sin fines de lucro que trabaja con temas de justicia social. “Todavía estamos en este limbo en nuestro sector y al otro lado de la frontera… ¿Qué está pasando?, nos preguntamos. ¿Cuáles son las nuevas políticas?”.

La semana pasada, 75 demócratas del Congreso, encabezados por la representante Lucille Roybal-Allard (D-Downey), enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, expresando su indignación por el aumento de las separaciones familiares y exigiendo a los funcionarios aclarar sus políticas en dos semanas. “Estamos muy preocupados de que estas prácticas se estén expandiendo y empeorando, lo cual traumatizaría aún más a las familias e impediría el acceso a un proceso justo para buscar asilo”, escribieron.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no admite que esté apuntando a las familias, y en cambio afirma que está haciendo cambios de procedimientos y políticas para disuadir la inmigración ilegal. “La administración se compromete a utilizar todas las herramientas legales a su disposición para asegurar las fronteras de nuestra nación”, expresó Tyler Houlton, portavoz de Seguridad Nacional.

Jocelyn relató que huyó de Brasil para escapar de un marido abusador. Durante una reunión reciente, en el centro de detención de El Paso donde se encuentra detenida, la mujer levantó la manga de su uniforme blanco para mostrar cicatrices en su brazo que, según dijo, provenían de los golpes de su esposo, un guardia de seguridad armado que se negó a concederle el divorcio.

Ella y su hijo volaron a México el 24 de agosto pasado, cruzaron la frontera dos días después, se entregaron a la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso y allí les informaron que serían separados. “No sabía a dónde lo llevaban”, expresó, acerca de su hijo. “No me lo dijeron. Lo pregunté muchas veces. Solo dijeron ‘No se preocupe”.

En otras partes de la frontera, incluido el valle de Río Grande de Texas, al este, donde la mayoría de los migrantes cruzan sin autorización, muchos padres e hijos aún son liberados juntos, con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración.

Para quienes se oponen a la inmigración ilegal, la práctica de acusar a los migrantes con delitos penales es positiva. Andrew Arthur, un exjuez de inmigración que ahora se desempeña como miembro residente en el conservador Center for Immigration Studies, con sede en Washington, aseveró que los cargos criminales son disuasorios.

“La razón por la cual los niños están allí para empezar es la creencia [entre los inmigrantes] de que un padre con un hijo no será detenido”, expuso Arthur, quien agregó que exponer a los menores a contrabandistas que podrían abusar de ellos y secuestrarlos “raya francamente con el abuso infantil”.

El pasado abril, el procurador general Jeff Sessions emitió una guía para los fiscales de EE.UU. donde instó a un enjuiciamiento más agresivo de aquellos que reingresan al país sin permiso. Mientras que el número de familias migrantes que cruzaron irregularmente aumentó, el verano pasado, los padres fueron detenidos por agentes estadounidenses pero sus hijos fueron reclasificados como menores no acompañados y trasladados a albergues de todo el país por la Oficina de Reubicación de Refugiados.

Algunos defensores de migrantes presentaron una demanda ante un tribunal federal, argumentando que cuando los solicitantes de asilo declaran temor de regresar a su país de origen, la ley federal exige que sean referidos a un oficial de asilo, incluso si cruzan la frontera ilícitamente, y que sus casos sean considerados por jueces de inmigración.

En octubre, defensores de inmigrantes de El Paso preguntaron a funcionarios de la Patrulla Fronteriza si separaban a los padres de sus hijos. “Sí, estamos haciendo una separación familiar”, recordó Corbett, y agregó que un agente “dijo que era una práctica habitual en ese sector separar a todos los niños de 10 años y más de sus parientes. Todos quedamos impactados”.

Posteriormente, Lisa Donaldson, abogada de la Patrulla Fronteriza, envió un correo electrónico a quienes habían asistido a la reunión, donde insistió en que la “Patrulla Fronteriza no tiene una política general que requiera la separación de las unidades familiares” y que cualquier aumento en las separaciones “se debe principalmente al incremento en los procesamientos de delitos relacionados con la inmigración”.

Daryl Fields, vocera de la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el oeste de Texas, que presenta cargos penales federales, estimó que cada caso se considera individualmente y que “no apuntamos a las personas para su enjuiciamiento en función de su estado parental”.

Defensores públicos federales señalaron que acusar penalmente a los solicitantes de asilo no solo viola los tratados internacionales, sino que alienta a los migrantes a declararse culpables para poder terminar su caso rápidamente, ser deportados y tratar de reunirse con sus hijos. “Esto afecta la legalidad o la constitucionalidad de su declaración de culpabilidad”, expuso Maureen Franco, la defensora pública federal del distrito occidental de Texas. “En ellos opera el concepto erróneo ‘entre más rápido termine mi caso, más rápido recuperaré a mis hijos’”. Cualquier abogado digno les dirá que no es así”, afirmó.

La oficina de Franco solicitó a un tribunal federal que desestime los cargos de entrada indebidos contra cuatro padres centroamericanos y una abuela, cuyos niños fueron deportados después de que los adultos quedaran detenidos. Un juez falló a favor del gobierno el 5 de enero pasado. Los defensores públicos federales están apelando.

La abogada de inmigración Bridget Cambria ha llevado adelante 15 casos de separación familiar, incluidos los de varias madres acusadas y separadas de sus hijos, en El Paso.

“Hay muchas preguntas sobre qué es legal cuando buscan asilo. Están usando los estatutos federales como una razón para llevarse a sus hijos”, expuso Cambria.

No está claro cuántos padres migrantes, como Jocelyn, han sido acusados y separados de sus niños. Los defensores públicos federales y los tribunales de distrito de EE.UU. no llevan estadísticas al respecto. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que este año fiscal, que comenzó en octubre pasado, solo cinco parientes migrantes fueron remitidos para su enjuiciamiento en un tribunal penal federal. También informó siete el último año fiscal, y 21 el anterior.

Las estimaciones de los grupos de defensa de migrantes son mucho más altas. En Arizona, el Florence Immigration and Refugee Rights Project, con sede en Tucson, observó 213 de estos casos el año pasado, un aumento con respecto a los 190 episodios del año anterior. La directora legal de la institución, Laura St. John, mencionó que el grupo ya ha atendido a 23 familias separadas este año.

Una docena de casos de separación familiar fueron denunciados por el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, con sede en Washington. Hope Border Institute encuestó a abogados que representan a 90 solicitantes de asilo en el área de El Paso entre junio y noviembre de 2017, y descubrió que el 94% tenía clientes separados de sus hijos. Los letrados contactados por The Times informaron que habían registrado al menos 70 casos de padres acusados y separados de sus hijos durante los últimos seis meses.

En diciembre, una serie de grupos de defensa de inmigrantes presentaron una queja ante el DHS alegando que los padres habían sido acusados y separados de sus niños “sin una justificación clara o razonable, como un medio de castigo y/o disuasión, y con pocos mecanismos para localizar, contactar o reunirse con familiares”. La denuncia está pendiente.

En cuanto a Jocelyn, un juez federal en Las Cruces la declaró culpable de cruzar la frontera sin permiso, un delito menor, el 22 de septiembre pasado. Recibió una suspensión de sentencia y fue transferida a un centro de detención de inmigrantes en El Paso. En lugar de autodeportarse, Jocelyn se quedó allí para probar suerte con su solicitud de asilo.

Por medio del Consulado de Brasil se enteró de que su hijo estaba en un refugio de Chicago; desde entonces ha hablado con él por teléfono cuatro veces. El joven le dijo que otros hijos de migrantes en el refugio habían tratado de huir porque echaban de menos a sus padres. Jocelyn instó al chico a quedarse allí. Él prometió que lo haría.

Aunque se preocupa, tiene esperanza. Los funcionarios de inmigración recientemente descubrieron que posee un temor creíble de regresar a su hogar -el primer paso para obtener asilo- y un abogado pro bono está tratando de conseguir que la pongan en libertad bajo fianza.

Durante la última llamada telefónica, trató de tranquilizar a su hijo. “Tan pronto como salga”, dijo, “iré a buscarte”.

Traducción: Valeria Agis

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