Corte Suprema propina fuerte derrota a sindicatos de empleados públicos prohibiendo las cuotas obligatorias

El Tribunal Supremo le propinó a los sindicatos una fuerte derrota, al dictaminar que los maestros, policías y otros empleados públicos no pueden ser forzados a pagar cuotas u honorarios para apoyar a sus sindicatos.

Con una votación de 5-4, el miércoles 27 de junio, los jueces revocaron un precedente de 41 años de antigüedad y dictaminaron que la 1ª Enmienda protege a estos empleados de la obligación de apoyar a un grupo privado cuyas opiniones pueden diferir de las suyas.

La decisión, en Janus contra AFSCME, anula las leyes en California, Nueva York y otros 20 estados mayoritariamente de tendencia demócrata, que autorizan a los sindicatos a negociar contratos que requieren que todos los empleados paguen una cuota de participación para cubrir el costo de la negociación colectiva.

Los sindicatos políticamente poderosos de California se habían preparado para este fallo de la Corte Suprema durante mucho tiempo.

En 1977, cuando los sindicatos del sector público se estaban estableciendo, la corte superior dijo que los maestros y otros empleados públicos no podrían verse obligados a pagar cuotas sindicales si parte del dinero se destinaría a contribuciones políticas. Pero los jueces ratificaron que era justo que los empleados pagaran al menos una parte proporcional de la cuota, debido a que también ellos se beneficiaban de las negociaciones colectivas.

Pero el tribunal más conservador ahora, no estuvo de acuerdo con aquella decisión y dijo que los empleados tienen el derecho de no dar ningún tipo de apoyo a un sindicato. Estos pagos se describieron como una forma de “discurso obligado”, que viola la 1ª Enmienda.

“Llegamos a la conclusión de que este acuerdo viola los derechos de libertad de expresión de los no miembros al obligarlos a subsidiar el discurso privado en asuntos de considerable interés público”, escribió el juez Samuel A. Alito Jr. en nombre de la mayoría.

Dijo que los poderosos sindicatos del sector público han generado enormes problemas presupuestarios en Illinois y otros estados, así como también costosas pensiones para los empleados públicos que carecen de fondos suficientes. También rechazó la idea de que los empleados que no apoyan al sindicato sean “pasajeros gratuitos”. Más bien, son “pasajeros cautivos” en un viaje que no nunca quisieron hacer”, dijo Alito.

El Juez presidente, John G. Roberts Jr. y los Jueces Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch estuvieron de acuerdo. Los cuatro jueces liberales disintieron.

En desacuerdo, la jueza Elena Kagan acusó a sus colegas de activismo conservador. “La mayoría derroca una decisión arraigada tanto en la ley de esta nación como en su vida económica”, dijo. “Y lo hace al interpretar la 1ª Enmienda, de una manera que libera a los jueces, ahora y en el futuro, para intervenir en la política económica y regulatoria”.

Los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor estuvieron de acuerdo.

La Fundación antisindical National Right to Work, que financió el desafío, predijo que la decisión liberaría a más de 5 millones de empleados públicos de apoyar a sus sindicatos.

“La decisión de hoy es una victoria histórica para los derechos de los empleados del sector público de costa a costa, que liberará a millones de maestros, policías, bomberos y otros empleados públicos de los pagos sindicales obligatorios”, dijo Mark Mix, presidente de la fundación.

“Muchos de nosotros hemos sido obligados a pagar por el discurso político y respaldo políticos con los que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestro trabajo”, dijo Mark Janus, el principal demandante y trabajador de mantenimiento en Springfield, Illinois; decir ‘no’ a una unión es tan importante como el derecho a decir ‘sí’ ”.

Para los sindicatos, que tradicionalmente apoyan a los demócratas, el fallo significará una pérdida inmediata de algunos fondos y una erosión gradual en su membresía. Los dirigentes sindicales temen que un número indeterminado de empleados deje de pagar cuotas si hacerlo es totalmente opcional. Es probable que el fallo tenga un impacto político en muchos estados donde estos sindicatos han sido fuertes partidarios del Partido Demócrata.

Los líderes de los cuatro principales sindicatos del sector público, NEA, AFT, SEIU y AFSCME, condenaron el fallo, pero predijeron que será un “punto de reunión” para los trabajadores y los sindicatos.

El fallo dividió a la corte en líneas ideológicas y partidistas. Los cinco jueces que formaron la mayoría fueron todos designados por republicanos. Los cuatro disidentes fueron nombrados por presidentes demócratas.

El resultado no sorprende a los sindicatos ni a sus abogados. Hace tres años, los jueces tuvieron ante sí un desafío idéntico presentado por Rebecca Friedrichs, una profesora de California. Los cinco jueces conservadores parecían dispuestos a reducir las cuotas del sindicato, pero el juez Antonin Scalia murió repentinamente en febrero de 2016. Un mes después, el tribunal anunció que estaba dividido en 4 y 4, y no podía emitir un fallo.

La victoria del presidente Trump le permitió reemplazar a Scalia con Gorsuch, quien, como era de esperar, emitió el quinto voto para los conservadores.

El actual caso fue entablado por el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, poco después de asumir el cargo. Él demandó para detener el cobro forzoso de las tarifas sindicales, pero un juez federal en Chicago dijo que no tenía legitimidad para demandar porque el no tenía que pagar las cuotas. Entonces Janus, el empleado estatal de Springfield, se presentó como demandante. Dijo que no quería pagar $ 45 por mes para apoyar a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales.

Como se esperaba, perdió en el 7mo. Tribunal de Circuito en Chicago debido a que tales tarifas sindicales eran legales bajo el precedente previo del tribunal, ahora anulado.

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