Informe del gran jurado de Pensilvania acusa a cientos de sacerdotes de abusar sexualmente de más de mil niños

Un mordaz informe del gran jurado divulgado el 14 de agosto, revela acusaciones contra más de 300 sacerdotes por décadas de abusos sexuales en diversas diócesis de Pensilvania, incluido Allentown.

En lugar de denunciar a los pedófilos, las diócesis los trasladaban rutinariamente de una parroquia a otra, lo cual les permitía atacar a nuevas víctimas, muestra el documento. El gran jurado de todo el estado trabajó dos años en lo que podría ser la investigación más exhaustiva sobre la iglesia, abordada por un estado. La requisa cubrió denuncias en las diócesis de Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton, que colectivamente representan a más de 1,7 millones de católicos.

El gran jurado tomó testimonios de docenas de testigos. Pero fue en los archivos de la iglesia -más de medio millón de páginas de documentos diocesanos internos- donde encontró los nombres de más de mil niños que fueron víctimas. “Creemos que el número real -de menores cuyos registros se perdieron, o que tuvieron miedo de presentarse- asciende a miles”, señaló el informe.

Varias víctimas que se unieron al procurador general de Pensilvania, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa en Harrisburg, secaron sus lágrimas mientras se reproducía un video de sus historias.

Shapiro relató que el abuso fue “sistemáticamente encubierto por funcionarios de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.

Originalmente, el informe redactado del gran jurado, de 884 páginas, iba a ser dado a conocer a finales de junio, pero la Corte Suprema del estado puso un freno en su comunicación cuando más de una docena de los mencionados allí presentaron objeciones, alegando que las acusaciones dañarían su reputación y les negarían su derecho constitucional al debido proceso.

Cada texto, remarcó Shapiro, representa una historia que necesita ser contada.

El obispo de Allentown, Alfred Schlert, calificó los incidentes descritos en el informe como “aborrecibles y trágicos”. En una declaración escrita, señaló: “Pedimos disculpas a todos los que han sido heridos por las acciones pasadas de algunos miembros del clero. Sabemos que estas acciones han causado dolor y desconfianza para muchas personas. Las víctimas y sobrevivientes de abuso están en nuestras oraciones diariamente”.

También añadió que mucho ha cambiado en los últimos 15 años; en particular, que la diócesis elimina inmediatamente a los sacerdotes del ministerio acusados y denuncia las acusaciones a las autoridades.

El informe puede ser revolucionario, consideró Terry McKiernan, presidente de BishopAccountability.org. Varios estados más pequeños, incluidos Maine y New Hampshire - cada uno con una diócesis que cubre todo el territorio- emitieron informes, pero ningún estado del tamaño de Pensilvania realizó un conteo completo, expuso.

“Van a saber mucho sobre esta crisis, [cuestiones] que nunca antes se habían sabido”, aseguró. “Otra cosa que verán es el alcance geográfico, un recuento de la solución geográfica, es decir, dentro de las diócesis de Pensilvania había cierta movilidad, y los sacerdotes que tenían problemas en una diócesis podían ser transferidos a otra dentro del estado. Es de esperar que haya algún informe de eso”.

Un sacerdote se declaró culpable como resultado de la investigación. El reverendo John Sweeney, de la diócesis de Greensburg, admitió en julio una acusación de agresión indecente después de reconocer que obligó a un niño de 10 años a practicar sexo oral con él.

Un segundo cura también fue acusado en base a la investigación del gran jurado. El sacerdote David Poulson, de la diócesis de Erie, fue acusado de atentado al pudor, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores, después de denuncias por abuso sexual de dos niños durante varios años. Los fiscales aseguraron que agredió a un niño más de 20 veces, y que luego exigía que el menor le confesara el abuso.

No está claro si se presentarán otros cargos después de la publicación del informe, debido a los límites de tiempo impuestos por la prescripción en Pennsylvania sobre delitos de abuso sexual infantil.

Según la ley estatal, los cargos penales se pueden presentar hasta el momento en que la persona que hace la denuncia de abuso sexual infantil tiene 50 años. Para el caso de las demandas civiles, se pueden entablar hasta que quien alega el abuso cumple 30 años.

Los informes del gran jurado publicados anteriormente sobre las otras dos diócesis de Pensilvania -Filadelfia y Altoona-Johnstown- abogaron por una ventana de dos años para permitir que aquellos que alegan abuso de larga data puedan presentar demandas civiles. Las iniciativas para aprobar esa legislación se han estancado o han sido bloqueadas.

El representante Mark Rozzi (D-Berks), quien presentó la legislación, testificó acerca de su propia experiencia de abuso a manos de un sacerdote en la diócesis de Allentown. Rozzi dijo que volverá a presentar un proyecto para extender el margen de prescripción.

La iglesia señaló que cambiar la caducidad sería injusto para las escuelas y las parroquias, y podría ser incapacitante a nivel financiero.

Según Rozzi, el reciente gran jurado comenzó su investigación debido a la respuesta a los informes anteriores. Los grandes jurados de Filadelfia en 2005 y 2011 examinaron las acusaciones contra más de 60 sacerdotes, y un alto funcionario diocesano fue acusado después de trasladar a curas agresores a nuevas parroquias. En Altoona-Johnstown, un gran jurado estatal en 2016 informó denuncias contra más de 50 sacerdotes.

Una vez que se dio a conocer el primer informe de jurado a nivel estatal, reveló Rozzi, la oficina del fiscal general se vio abrumada por llamadas telefónicas de personas que alegaban abusos cometidos por clérigos o maestros de escuelas religiosas. “Exigimos que investiguen las diócesis restantes en este punto. Si creen que está sucediendo aquí y allí, entonces está sucediendo en las diócesis restantes”, consideró.

Edward Cullen, obispo retirado de Allentown, tuvo un papel destacado en la segunda investigación del gran jurado sobre la arquidiócesis de Filadelfia, donde él fue el principal ayudante del entonces cardenal Anthony Bevilacqua. De acuerdo con los registros y el testimonio, Cullen estaba entre los tres clérigos de alto rango presentes cuando Bevilacqua ordenó destrozar una lista de 35 sacerdotes sospechosos de abusar sexualmente de niños.

Cullen, obispo desde 1998 hasta 2009, lideraba la diócesis de Allentown cuando el escándalo de abuso sexual golpeó a la iglesia Católica a partir de la noticia de un encubrimiento de abuso generalizado en la arquidiócesis de Boston, en 2002.

En una carta que se leerá en las iglesias de la diócesis de Allentown este fin de semana, el Obispo Schlert se disculpa con los católicos por la forma en que la iglesia manejó mal los casos en el pasado y les asegura que la diócesis tiene mejores protecciones para evitar que el pasado se repita.

“Por los tiempos en que quienes integraban la Iglesia no cumplieron con el llamado de Cristo a la santidad y no hicieron lo que era necesario hacer, me disculpo”, escribió Schlert en la carta, que la diócesis compartió con el Morning Call el 14 de agosto.

“También me disculpo con ustedes, los fieles de la diócesis, por el costo que ha tenido este problema a lo largo de los años: la tristeza, la ira, las dudas y la vergüenza que puede haberles traído como católicos. Les pido perdón y les agradezco por su perseverancia y su valiente testimonio de nuestra fe.

“Quiero asegurarles que, como Iglesia, aprenderemos del informe del gran jurado, y lo utilizaremos para mejorar aún más nuestras protecciones para los niños y jóvenes”.

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