El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. lucha contra demanda para bloquear proyectos fronterizos en California

Un tribunal federal de apelaciones parecía incierto sobre si tenía autoridad para intervenir en una disputa sobre los planes de la administración de Trump para reemplazar el cerco fronterizo en California.

California y varios grupos ecologistas desafiaron los proyectos, argumentando que la administración carece de autoridad para construirlos y que suspendieron ilegalmente los requisitos ambientales y otras leyes en un apuro para establecer nuevas barreras en la frontera.

La administración responde que tiene amplia discrecionalidad en virtud de una ley federal de 2005, que le otorgó al Departamento de Seguridad Nacional la facultad de suspender el cumplimiento de las normas ambientales y otras leyes que pueden obstaculizar los proyectos de construcción fronteriza.

El 7 de agosto, durante una audiencia en Pasadena, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos interrogó a los abogados sobre la redacción precisa de la ley federal y cómo interpretarla.

La jueza Consuelo Callahan, designada por George W. Bush, preguntó por qué el “lenguaje claro” de la ley federal no respaldaba el caso del gobierno.

“En cierto nivel, las fronteras son un problema de seguridad”, dijo. “Las personas debaten sobre qué tanto son un problema de seguridad”.

La mayoría de los argumentos durante la audiencia fueron técnicos, analizando la redacción de la ley federal y abordando si prohibía incluso a los tribunales de circuito considerar tales apelaciones.

La ley, destinada a acelerar la construcción de barreras fronterizas, señaló que los tribunales de distrito podrían considerar solo los desafíos constitucionales de los proyectos y que las apelaciones debían ir directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pasando por alto los tribunales de circuito.

Las jueces M. Margaret McKeown, designada por Clinton, y Jacqueline Nguyen, designada por Obama, también comparecieron algunas veces para impugnar la interpretación de California sobre la ley federal.

H. Thomas Byron III, en representación del Departamento de Justicia, dijo que la ley tenía la intención de acelerar los proyectos fronterizos al impedir prolongados desafíos legales.

“El Congreso impuso una prohibición muy clara y muy específica contra el tipo de reclamos que los demandantes están presentando”, dijo Byron al tribunal.

El fiscal general adjunto de California, Noah Golden-Krasner, argumentó que el Congreso permitió exenciones solo para ciertos proyectos fronterizos que se construyeron hace años.

California está apelando una decisión del Juez de Distrito de los Estados Unidos Gonzalo Curiel, quien falló a favor de la administración de Trump en febrero.

Curiel es el juez cuya imparcialidad cuestionó Trump cuando se refirió a él como “un mexicano”, durante un litigio por fraude en la ahora extinta Universidad Trump. El juez, que presidió un caso de demanda colectiva contra la escuela de bienes raíces, nació en Indiana.

El desafío legal es sobre dos proyectos que ya han comenzado. Uno implica el reemplazo de barreras a lo largo de un tramo de 14 millas en San Diego y el otro en un tramo de dos millas en Calexico.

Brian Segee, abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los grupos que combaten los proyectos, dijo después de la audiencia que el rechazo de Curiel a los argumentos constitucionales de los desafiantes serán apelados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Dijo que las barreras restringirían el movimiento de especies en peligro de extinción y otros animales salvajes, desde jaguares hasta mariposas.

“La fijación sin sentido que tiene Trump sobre el muro fronterizo debe detenerse en seco”, dijo Segee.

El Noveno Circuito podría dictaminar en cualquier momento.

Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí.