El presidente de Guatemala desmantela el grupo anticorrupción de la ONU que lo investiga

Durante los últimos 12 años, en Guatemala se llevó a cabo un experimento radical. Una comisión respaldada por las Naciones Unidas (ONU) investigó cientos de casos de corrupción, tráfico de drogas e incluso genocidio, dejando al descubierto la mala conducta de líderes políticos, capos de la droga y otros, que durante mucho tiempo habían sido vistos como individuos por encima de la ley.

Fue un cambio radical para un país conocido durante mucho tiempo por sus instituciones débiles, y aún marcado por la guerra civil.

El grupo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fue señalado como uno de los esfuerzos contra el delito más efectivos en América Latina, una región donde la corrupción y la violencia a menudo quedan impunes. También fue criticado por violar la soberanía de Guatemala y por no mantenerse al margen de la refriega política.

Uno de sus críticos es el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien es objeto de una investigación de la comisión sobre el financiamiento ilegal de su campaña. A principios de septiembre, el mandatario anunció planes para poner fin al trabajo de la comisión, y el martes 11 dijo que el líder de ésta, Iván Velásquez, no podrá regresar a Guatemala desde Washington, donde viajó para reunirse con legisladores estadounidenses.

Los intentos de Morales desataron una condena generalizada y despertaron temores de que Guatemala pueda enfrentar una crisis constitucional.

Lo que suceda ahora podrá afectar no solo al sistema de justicia de ese país sino también al resto de América Central -donde la comisión se erigió durante mucho tiempo como modelo-, e incluso al flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.

La comisión

Más de 200,000 personas murieron durante la guerra civil en Guatemala, que duró 35 años, en los que se enfrentaron grupos guerrilleros de izquierda contra una serie de gobiernos de derecha respaldados por Estados Unidos.

Una comisión por la verdad creada después del fin del conflicto, en 1996, expuso las atrocidades cometidas en esos tiempos, pero el débil sistema judicial de Guatemala implicó que los perpetradores rara vez fueran llevados a juicio. Al mismo tiempo, los grupos delictivos operaban con desenfreno, participando en extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Sobre los sistemas judiciales y políticos de Guatemala pesaban sospechas de corrupción.

El país ya no estaba en guerra, pero seguía acosado por una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Masas de inmigrantes huían hacia Estados Unidos.

Luego de los llamamientos de grupos civiles, la ONU intervino y formó la comisión en 2006. El grupo trabajaría con la oficina del procurador general de Guatemala para construir casos penales. El efecto fue inmediato, aunque controversial.

El trabajo de la comisión

La comisión ayudó a encarcelar a tres expresidentes, así como a docenas de legisladores, sicarios y narcotraficantes.

Su investigación sobre Otto Pérez Molina, a quien acusó de llevar adelante un complicado plan de corrupción después de convertirse en presidente, en 2012, provocó masivas protestas callejeras tres años después, que obligaron a Pérez y a su vicepresidente a renunciar.

Morales fue elegido como primer mandatario después de la dimisión de Pérez Molina. Excomediante de televisión, se postuló en una plataforma anticorrupción usando el eslogan "Ni corrupto, ni ladrón" en las publicidades de su campaña.

Pero Morales se opuso a la comisión después de que ésta presentara cargos de fraude contra su hermano y su hijo, y luego de que comenzara a investigar si Morales había aceptado alrededor de $1 millón en fondos ilícitos de campaña.

En 2017, Morales intentó expulsar a Velásquez, un jurista de Colombia, y presionó por una ley que permitiera a los funcionarios gubernamentales evitar la prisión. Los defensores de la lucha contra la corrupción frustraron esos intentos con ayuda del gobierno de EE.UU.

Pero luego de que la comisión y el procurador general de Guatemala le pidieran al Congreso que le quitara a Morales su inmunidad de enjuiciamiento, en agosto, el presidente buscó una vez más deshacerse de la comisión.

Sus esfuerzos han sido alentados por las críticas al grupo desde el exterior. Después de que la comisión ayudara a enjuiciar a una familia rusa que había usado pasaportes falsos obtenidos de una red criminal guatemalteca, un destacado crítico del gobierno ruso cuestionó si había actuado por pedido del presidente ruso, Vladimir Putin.

Este 2018, el senador de Estados Unidos Marco Rubio (R-Florida), anunció una retención de $6 millones en fondos para la delegación, hasta que se aborden las dudas sobre el incidente.

El anuncio

La vista era sorprendente. El pasado 7 de septiembre, Morales estaba flanqueado por decenas de soldados vestidos con prendas de camuflaje, y afirmó que no renovaría el mandato del comité respaldado por Estados Unidos.

Afuera, vehículos militares blindados se congregaban en la plaza principal de la ciudad de Guatemala, y otros rodeaban la sede de la comisión, escenas que trajeron recuerdos no tan lejanos de la guerra civil.

En los días posteriores, Morales intensificó sus intentos. A Velásquez no solo se le prohibió la entrada al país, sino que un vocero de la agrupación remarcó que a sus empleados tampoco les concedieron las esperadas renovaciones de sus visas.

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, expuso el 6 de septiembre que la delegación había sobrepasado sus límites y se había convertido en un "aparato clandestino y paralelo", que comenzaba a parecerse a los grupos contra los cuales debía luchar.

Reacción internacional

Las críticas dentro y fuera de Guatemala fueron veloces.

El fiscal guatemalteco de derechos humanos, Jordan Rodas, calificó los ataques a la comisión como "un gran error", mientras que Human Rights Watch acusó a Morales de unirse "con las fuerzas de la corrupción y la impunidad".

Una carta firmada por 11 naciones, incluyendo España, Canadá y Reino Unido, imploró a Morales que reconsidere su decisión, descrita como "un paso atrás" para Guatemala y sus instituciones.

Estados Unidos fue clave en la creación de la comisión y proporciona aproximadamente la mitad de su presupuesto anual, de $15 millones.

Aunque algunos miembros del Congreso pidieron sanciones contra Guatemala y la representante Norma Torres, una demócrata de Pomona, solicitó al Departamento de Estado que retenga la asistencia a Guatemala, bloquee visas y congele los activos de algunos funcionarios guatemaltecos, la administración Trump inicialmente se abstuvo de comentar públicamente sobre el asunto.

Algunos observadores especularon que el silencio podría estar relacionado con el apoyo de Guatemala a la polémica decisión del presidente Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala fue uno de los pocos países que también mudaron sus embajadas.

Pero el pasado jueves 6, el Departamento de Estado expresó que el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, brindó un cierto grado de apoyo para la delegación.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, aseveró que Pompeo llamó a Morales para discutir "la importancia de continuar nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y los esfuerzos del gobierno guatemalteco para trabajar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala".

Pompeo le comunicó a Morales que Estados Unidos está abierto a efectuar algunas reformas al grupo, aunque Nauert no detalló cuáles serían.

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