El papa debe despejar las dudas sobre los encubrimientos en la Iglesia católica, incluso sobre su propia conducta

Durante casi una generación, la Iglesia católica romana en Estados Unidos y en todo el mundo fue sacudida por las noticias de que un número significativo de sacerdotes había abusado sexualmente de menores, y que sus líderes no solo conspiraron para ocultar los delitos, sino que también les permitieron a menudo seguir teniendo contacto con niños, a veces asumiendo erróneamente que se habían “curado”.

Sin embargo, en el último tiempo la ansiedad entre los fieles debido a las décadas de negación y engaños llegó a un punto de crisis que amenaza con empañar el papado reformista de Francisco.

El propio sumo pontífice fue acusado por un diplomático retirado del Vaticano, el arzobispo Carlo María Vigano, de reactivar en funciones a un excardenal de EE.UU., a pesar de saber que el prelado había acosado sexualmente a seminaristas.

Mientras tanto, la Iglesia estadounidense ha lidiado con las réplicas de un informe emitido por un gran jurado en Pensilvania, que identificó a 301 “curas depredadores” que abusaron de más de mil niños en seis de las ocho diócesis del estado durante un período de 70 años. El reporte generó pedidos de renuncia para el cardenal Donald Wuerl, de Washington D.C., quien fue acusado en el escrito por las decisiones que tomó como obispo de Pittsburgh. Wuerl adelantó que se reunirá pronto con el papa para pedirle que acepte su renuncia.

Si el papa Francisco quiere conservar su credibilidad en medio de lo que uno de sus asesores llamó ‘el 11 de septiembre de la Iglesia’, deberá responder preguntas sobre lo que sabía y lo que hizo acerca de los presuntos delitos sexuales del excardenal Theodore McCarrick. También, y mucho más importante, necesita volver a comprometerse con su papado y con la Iglesia que dirige para proteger a los fieles -niños y adultos por igual- de los lobos vestidos de pastores.

Francisco se ha negado hasta ahora a comentar sobre las espectaculares acusaciones de Vigano, pero el “testimonio” rápidamente dividió a la jerarquía católica de EE.UU. en fracciones conservadoras y liberales.

El cardenal Daniel DiNardo, de Houston-Galveston, quien es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos del país, emitió un comunicado diciendo que las preguntas generadas por el exabrupto de Vigano “merecen respuestas concluyentes y basadas en evidencia”. DiNardo y el arzobispo José Gómez, de Los Ángeles, vicepresidente de la conferencia, se reunirán con el sumo pontífice.

En ese encuentro, o poco después, el papa deberá responder a la acusación de que conocía la conducta de McCarrick con los seminaristas y, pese a ello, convirtió al cardenal retirado en su “consejero de confianza” (Francisco finalmente eliminó a McCarrick del Colegio de Cardenales después de que una investigación de la Iglesia halló reportes creíbles de que, hacía muchos años, había abusado de un menor).

Es comprensible que Francisco no quiera dignificar las críticas provenientes de Vigano, quien pertenece a una facción opuesta a su papado en la Iglesia y ha pedido su renuncia. Pero este papa es conocido por su lenguaje llano y su capacidad de autocrítica. Se disculpó, por ejemplo, después de denunciar inicialmente como “calumnias” las versiones de que un obispo chileno había encubierto un abuso sexual por parte de un sacerdote. Más tarde, aceptó la renuncia de dicho prelado. Ahora debería responder si sabía sobre las fechorías de McCarrick (y si las creía ciertas) y si lo alentó a retomar un papel activo en la Iglesia.

Más allá de la cuestión de la conducta personal del papa está su voluntad de abordar el legado de abusos y encubrimientos clericales. El 12 de septiembre, el Vaticano anunció que Francisco convocaría a obispos de todo el mundo a Roma, en febrero próximo, para discutir “la prevención del abuso de menores y adultos vulnerables”. La incorporación de “adultos vulnerables” es importante. La Iglesia ahora tiene su propio movimiento #MeToo, y debe quedar claro que los obispos y sacerdotes serán castigados si acosan sexualmente a los jóvenes bajo su autoridad, incluso si son legalmente adultos.

En 2002, los obispos de EE.UU. adoptaron un Acta para la Protección de Niños y Jóvenes que, entre otras reformas, obliga a las diócesis a informar a las autoridades públicas las denuncias de abuso sexual de un menor. Ello ha hecho una diferencia. Incluso el gran jurado de Pensilvania reconoció que “muchas cosas cambiaron en los últimos 15 años” y que parece que “la Iglesia ahora notifica las denuncias más rápidamente a los agentes del orden”.

Pero el informe también señala que los líderes individuales de la Iglesia “han escapado en gran medida a la responsabilidad pública”. El documento añade que “monseñores, obispos auxiliares, obispos, arzobispos y cardenales fueron protegidos, en su mayoría; muchos, incluidos algunos de los mencionados en este informe, fueron ascendidos. Hasta que eso cambie, creemos que es demasiado pronto para cerrar el libro sobre el escándalo sexual de la Iglesia católica”.

Al solicitar la reunión del jueves con el papa, DiNardo adelantó que pediría a Francisco que apoye los planes de los obispos estadounidenses para “facilitar el reporte de abusos y mala conducta de los obispos y mejorar los procedimientos para resolver las denuncias contra estos”. Esas acusaciones deben investigarse a fondo, y los hallazgos deben darse a conocer, incluso si involucran al obispo de Roma.

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