El gobierno de Trump lleva a los tribunales el tema de la detención de las familias migrantes

Funcionarios del Departamento de Justicia solicitaron a un juez federal que modifique las reglas sobre la detención de niños inmigrantes, el jueves 21 de junio, diciendo que necesitan más flexibilidad para implementar la orden ejecutiva del presidente Trump de arrestar a las familias al cruzar ilegalmente la frontera y mantenerlas unidas.

Un acuerdo legal que el gobierno alcanzó hace dos décadas choca con la orden del presidente porque exige que los funcionarios de inmigración liberen a los niños con prontitud a familiares u otros custodios, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en una moción presentada ante el Tribunal de Distrito en Los Ángeles.

Los términos del acuerdo también exigen que los niños que se encuentran bajo custodia del gobierno permanezcan en instalaciones de cuidado autorizado. Esa regla, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, debe cambiarse para despejar el camino para que las familias inmigrantes sean ubicadas en instalaciones sin licencia.

Las autoridades habían ordenado a los militares que dejaran espacio disponible en las bases para albergarlas.

“Bajo la ley actual y las sentencias legales, incluida esta Corte, no es posible que el gobierno de los Estados Unidos detenga a las familias durante la tramitación de sus casos migratorios. No se puede hacer”, argumentaron los abogados del gobierno.

La administración de Obama había pedido en 2015 un permiso similar para mantener a las familias en centros de detención por períodos prolongados, pero fue rechazado por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Dolly M. Gee.

Desde entonces, según el Departamento de Justicia, el número de familias que cruzaron ilegalmente la frontera aumentó drásticamente.
“Sin la opción de mantener a las familias unidas durante la tramitación del proceso de deportación, el gobierno debe elegir entre consentir e incentivar la inmigración ilegal liberando a todos los grupos familiares o detener a los padres pero separando a la familia”, escribieron los abogados del gobierno.

Peter Schey, el abogado cuyo grupo de asistencia jurídica hizo la negociación, conocida como el acuerdo Flores, en nombre de los niños inmigrantes, dijo a The Associated Press que planeaba oponerse a la solicitud del gobierno de modificar sus términos.

Esta petición legal abrió otro frente de batalla por la inmigración ilegal sacudiendo tanto al país de la misma manera que Trump y el fiscal general Jeff Sessions han desplegado tácticas de línea dura para aumentar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

En las últimas semanas, los funcionarios de inmigración comenzaron a separar a los niños de sus padres después de que atraparan a familias que cruzaban ilegalmente el país desde México. A medida que aumentaba la indignación pública por estos procedimientos, Trump y otros funcionarios del gobierno ofrecieron varias explicaciones de por qué era necesario, argumentando en general que debían tomar a los niños para que sus padres pudieran ser procesados penalmente por cruzar la frontera.

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President Trump may have created a “catch and release” problem now that he has signed an executive order that keeps his “100% prosecution” policy in place and stops the practice of separating families at the border.

Cuando Trump cedió y firmó una orden ejecutiva que pedía mantener a las familias unidas, ordenó al Departamento de Justicia que solicitara a un juez que revisara los términos del acuerdo que el gobierno firmó en 1997, en el caso de la demanda colectiva presentada a nombre de todos los niños inmigrantes detenidos que se encontraban bajo custodia. El principal demandante en el caso era una madre llamada Jenny Flores.

En los documentos, los abogados del gobierno argumentaron que muchos padres intentan cruzar peligrosamente la frontera porque saben que si son atrapados, serán liberados junto con sus hijos y se les permitirá permanecer fuera de la cárcel mientras sus casos pasan por un rezagado sistema judicial de inmigración.

Si el Departamento de Seguridad Nacional “elige liberar a todos los adultos detenidos en la frontera con su (s) hijo (s), el DHS estaría mandando una señal de que los adultos con niños pueden cruzar ilegalmente la frontera con impunidad, lo que anima a los padres a someterse a sí mismos y a sus niños a los riesgos que significa hacerlo”, dice el documento.

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