Bajo las nuevas políticas de ICE, las mujeres embarazadas con casos de inmigración son más probables a ser detenidas

Las mujeres embarazadas con casos pendientes en los tribunales de inmigración tienen más probabilidades de ser detenidas al anunciar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, este jueves, un cambio en sus políticas.

Según la política anterior, a menos que hubiera circunstancias extraordinarias o un requisito de detención obligatorio, las mujeres embarazadas no eran colocadas bajo custodia. Ahora, las inmigrantes embarazadas serán tratadas como cualquier otra persona, dijo ICE. Bajo la administración Trump, eso significa que es probable que sean detenidas.

“Para alinearse mejor con la orden ejecutiva del presidente, ICE ha puesto fin a la presunción de liberación para todas las mujeres detenidas que se encuentren embarazadas”, dijo Lauren Mack, portavoz de ICE. “En cambio, al igual que con todos los detenidos, excepto en los casos de detención obligatoria, ICE evaluará caso por caso teniendo en cuenta los factores especiales que deban ser considerados.

“Esto no significa que se detendrá a todas las extranjeras embarazadas, sino sólo a aquellas cuya detención sea necesaria para efectuar la expulsión, así como a aquellas que se considere que puedan fugarse o que representen un peligro para la comunidad”, dijo Mack. “En general, en ausencia de circunstancias extraordinarias, ICE no detendrá a una mujer durante el tercer trimestre del embarazo”.

La orden ejecutiva del presidente Trump, que citó Mack, dice: “No podemos ejecutar fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos si exceptuamos a ciertas clases o categorías de extranjeros de una posible aplicación de la ley”.

ICE tiene la autoridad para liberar a las personas que se encuentran en custodia, -lo que se conoce como libertad condicional-, y puede exigir que esos inmigrantes usen monitores de tobillo o se inscriban en programas de monitoreo para asegurarse de que se presenten ante el tribunal.

Bajo la administración de Trump, ICE en general, se ha negado a dejar a la gente fuera de las cárceles hasta que los jueces de inmigración decidan liberarlos durante las audiencias y después de pagar una fianza.

Defensores de los derechos humanos y abogados de inmigración criticaron la nueva política.

Annaluisa Padilla, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, calificó la nueva política como una atroz ofensa a los derechos humanos.

“Esto es preocupante dada la visión excepcionalmente estrecha de discreción de la administración actual cuando se trata de inmigrantes”, dijo Padilla. “La detención crea serios riesgos para la salud, y muchas mujeres tienen necesidades médicas que normalmente no se pueden abordar en un entorno de detención”.

En una pregunta frecuente creada para abordar el cambio de política en el sitio web de ICE, la agencia respondió a las preocupaciones de la organización de derechos humanos.

“ICE ejerce su autoridad de detención de conformidad con la ley, y todos los detenidos reciben servicios de salud necesarios y adecuados, alimentos y atención”, dijo ICE en su página de internet. “Las instalaciones de detención de ICE continuarán brindando atención y educación prenatal, así como acceso remoto a especialistas para mujeres embarazadas que permanecen bajo custodia”.

A nivel nacional, 35 mujeres embarazadas estaban detenidas por ICE hasta el 20 de marzo, según Danielle Bennett, otra vocera de ICE.

En San Diego, los abogados de inmigración observaron este cambio de política en la práctica antes de que se anunciara oficialmente.

El año pasado, varias mujeres embarazadas detenidas en el Centro de Otay Mesa se expresaron sus preocupaciones sobre la atención recibida mientras estaban bajo custodia y se les preguntó por qué no habían sido liberadas según la política vigente en ese momento.

María Solis, que había vivido con su familia en Oceanside durante años, estaba embarazada de su cuarto hijo cuando fue arrestada por ICE en camino al trabajo. Tenía un historial de embarazos difíciles y le preocupaba que estar en el centro de detención la hiciera abortar.

Ella dijo que un médico del establecimiento le comunicó que: “si tiene un aborto espontáneo aquí, no es culpa nuestra, y no hay nada que podamos hacer al respecto”.

Solís aceptó renunciar a una solicitud de asilo en un tribunal de inmigración porque no quería someter a su feto a condiciones de detención por más tiempo. Ella sabía que ICE la deportaría a México.
En un movimiento sorpresa por parte de los funcionarios de inmigración, Solís fue liberada bajo una orden de supervisión.

Actualmente tiene una solicitud de visa U pendiente, que proporciona tarjetas de residencia a las víctimas de delitos que cooperan con la policía.

Debido a su caso, otras mujeres embarazadas comenzaron a protestar, y varios grupos de defensa presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional sobre el trato a las mujeres embarazadas detenidas.

Sandra Mejía Galicias, una solicitante de asilo de 23 años de El Salvador, fue una de las mujeres que se inspiró en el ejemplo de Solís para hablar. Dijo que en el centro de detención no se brindaba atención adecuada a las mujeres embarazadas.

“Si me dolía la cabeza o sentía que tenía un ataque cardíaco, me decían: ‘Toma más agua’”, dijo Mejía Galicias el otoño pasado. Fue liberada en noviembre al comienzo de su tercer trimestre de embarazo.

Cuando se le preguntó acerca de los reclamos de las mujeres, ICE respondió que recibieron atención médica oportuna y apropiada, y dijo que el Centro de Detención de Otay Mesa, operado por CoreCivic con fines de lucro, ha aprobado las inspecciones de los estándares de detención.

La nueva política si requiere que los centros de detención notifiquen a ICE si el personal descubre que una mujer bajo custodia está embarazada. Si un establecimiento no puede proporcionar atención médica adecuada para la condición de la mujer, ICE la transferirá a otro centro de detención.

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