Arrestan a decenas de individuos vinculados con la mafia mexicana que controla las cárceles del condado de L.A.

Las autoridades federales completaron una investigación exhaustiva sobre la mafia mexicana, con la presentación de cargos criminales contra decenas de miembros de la organización y soldados de campo, el miércoles 23 de mayo. Los cargos intentan interrumpir el control de la pandilla dentro de las cárceles del condado de Los Ángeles.

Cientos de policías locales y agentes federales llevaron a cabo incursiones coordinadas en el área de Los Ángeles el miércoles por la mañana, y arrestaron a 32 personas imputadas en dos acusaciones federales, según la fiscalía de Estados Unidos. Alrededor de otras tres docenas de acusados en los casos actualmente cumplen condenas en la prisión estatal o en las cárceles del condado, mientras que otros siguen prófugos. En total, 83 sujetos fueron mencionados en los dos casos.

“Concretamos un gran golpe contra esta pandilla”, afirmó Nicola T. Hanna, fiscal de Estados Unidos para el distrito central de California, en una conferencia de prensa que brindó el 23 de mayo. “Hemos eliminado al líder y a sus secuaces en las cárceles del condado de Los Ángeles, y hemos eliminado a varios cómplices que los ayudaban”.

La mayoría de los incriminados están acusados de delitos derivados de lo que los fiscales describieron como un control casi total por parte de la mafia mexicana en las actividades criminales dentro del sistema carcelario más grande de la nación, que alberga a unos 15,000 reclusos en espera de juicios o cumpliendo sus condenas.

Una acusación de 136 páginas detalla cómo miembros de la organización criminal y sus cómplices dentro y fuera de las cárceles, llevaban a cabo un intenso tráfico de drogas, atacaban a quienes desobedecían el código de lealtad del clan, y mantenían un flujo constante de efectivo a través de un intrincado sistema de impuestos y multas.

Una de las personas arrestadas es un letrado que usó su privilegio de abogado-cliente con el cabecilla de una pandilla encarcelado, para ocultar los mensajes que transportaba desde y hacia la cárcel, incluyendo órdenes de asesinar a alguien, precisó Hanna.

Otros colaboradores contrabandeaban drogas en las cárceles y se comunicaban con otros presos mediante el envío de “cometas” (kites): recipientes -como botellas de plástico- que contenían mensajes escritos a mano, armas u otros artículos de contrabando y que viajaban de una celda a otra mediante largas cuerdas.

Un individuo transportó heroína hacia un calabozo, escondiéndola dentro de una tarjeta de felicitación. Otro utilizó identidades robadas para crear cuentas telefónicas fraudulentas de Verizon, para que los mafiosos pudieran hacer llamadas gratuitas, precisaron las autoridades.

La acusación -y una segunda que alega que un miembro de la mafia mexicana y su séquito humillaban a las pandillas callejeras latinas en Pomona y alrededores-, sigue una estrategia legal que los fiscales han utilizado durante años en su intento de desmantelar estos grupos delictivos: los pandilleros y sus secuaces son acusados de pertenecer a una asociación criminal formal y de conspirar juntos en violación de las leyes federales contra el crimen organizado.

Al presentar su caso, los fiscales detallaron el funcionamiento interno de la mafia mexicana, que describieron como “una pandilla de pandillas”.

Formado en la década de 1950 por latinos en un centro de detención juvenil, el grupo evolucionó a través de las décadas hasta convertirse en una fuerza dominante que controla gran parte de las operaciones de las pandillas latinas en todo el país.

Aunque los fiscales remarcaron que el grupo solo cuenta con unos 140 miembros de pleno derecho, llamados carnales, su influencia es indiscutible. Desde sus celdas en las cárceles estatales y federales, los carnales se dividieron entre sí el control de las pandillas callejeras latinas, mientras reclamaban el funcionamiento interno de las prisiones y cárceles de California, escribieron los fiscales.

Los miembros dependen de redes de aliados de confianza dentro y fuera de la cárcel para mantener el poder sobre sus territorios. Los “jefes”, dijeron los fiscales, son tenientes autorizados para realizar operaciones en nombre de los miembros, mientras que las “secretarias” son las novias, esposas y otras mujeres influyentes, responsables de transmitir información sobre asuntos comerciales y órdenes de golpizas o asesinatos a cumplir.

Hanna informó que los pandilleros y cómplices involucrados en las acusaciones están siendo trasladados a instalaciones federales locales, donde será más difícil para ellos continuar con sus actividades delictivas. Sin embargo, la mafia mexicana no ha sido “diezmada”, advirtió.

Las acusaciones reveladas derivan de una investigación que los agentes federales y la policía local comenzaron en 2013, señalaron las autoridades. Usando agentes encubiertos que se adentraron en los círculos de confianza de los miembros, además de informantes y vigilancia de las llamadas telefónicas, las autoridades mapearon a los involucrados en decenas de supuestos tratos de drogas, transferencias de dinero, ataques y otros delitos, todo bajo la bandera de la mafia mexicana.

El caso de la cárcel del condado de Los Ángeles se centra en un período que comenzó en 2012, cuando los fiscales señalan que el miembro de la mafia mexicana José Landa-Rodríguez y otros dos, ahora fallecidos, convirtieron los penales en sus reinos personales.

Landa-Rodríguez, de 55 años, dirigió la mafia mexicana en el sistema carcelario durante al menos tres años y orquestó una serie de actividades delictivas, según la acusación. El recluso, alojado principalmente en la Cárcel Central de Hombres, fue detenido por cargos de conspiración para cometer varios delitos durante el período en que dirigió la operación, destacó Joseph Dempsey, comandante del sheriff del condado de Los Ángeles. Landa-Rodríguez está acusado de ordenar homicidios, así como varios ataques y el secuestro y asesinato planificado del familiar de un pandillero que lo había desafiado.

Otro miembro, Luis Vega, de 33 años, está acusado de ordenar asesinatos y dirigir agresiones contra quienes mostraban faltas de respeto o no seguían las reglas de la mafia mexicana.

Los hombres supervisaron el flujo incesante de drogas en las cárceles del condado en diferentes momentos. Después de que los contrabandistas llevaban los narcóticos a los penales, a menudo escondidos dentro de sus cuerpos, estos eran vendidos a los reclusos, según la acusación. Otros presos que querían vender drogas eran obligados a esperar hasta que se hubiera agotado el suministro de la mafia mexicana, y debían ceder un tercio de su reserva a la pandilla. Ese impuesto ilícito le dio a las autoridades el nombre en clave para su investigación, “Operation Dirty Thirds”.

Gabriel Zendejas-Chávez, es un abogado acusado de servir como consigliere a Landa-Rodríguez, a quien ayudó a mantener su poder. Aprovechando las protecciones de privacidad que se otorgan a los letrados con sus clientes, según los fiscales, Zendejas-Chávez transmitía mensajes y órdenes de Landa-Rodríguez y recorría las cárceles estatales y federales para reunirse con otros miembros de la mafia mexicana, según la acusación.

En esos encuentros, presuntamente transmitió los nombres de las personas que potencialmente cooperaban con las fuerzas del orden público y facilitó un plan para extorsionar a otra pandilla por $100.000.

El sheriff del condado de Los Ángeles que administra las cárceles, Jim McDonnell, indicó que el contrabando a veces pasa desapercibido porque los presos pueden optar por ser revisados directamente por el personal de custodia en lugar de por una máquina de rayos X, que es más precisa para identificar objetos ocultos dentro del cuerpo.

Algunos individuos cometen delitos menores solo para ser arrestados y trasladados a la cárcel, donde pueden completar una transacción de drogas, detalló. “Están dispuestos a hacer eso para poder llevar el contrabando de narcóticos al entorno carcelario”, aseveró McDonnell. “Así, usan el sistema de todas las formas posibles para mejorar sus ingresos”.

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