‘Yo maté a alguien, ahora quiero ayudar’: los presos se enseñan mutuamente a empezar de nuevo

‘Yo maté a alguien, ahora quiero ayudar’: en las prisiones de California, los presos se enseñan mutuamente

Los hombres a los que Daniel Hopper les enseña sobre el abuso de drogas y alcohol cumplen condenas de entre 10 años y cadena perpetua en una prisión estatal escondida en Vaca Mountains, del norte de California. Todos crecieron en sitios diferentes, la mayoría en circunstancias difíciles: escuelas y barrios peligrosos, padres encarcelados, hermanos pandilleros.

Hopper, un hombre alto, de 35 años de edad, con cabello negro muy corto, gafas rectangulares y un penetrante ingenio, puede relacionarse con ellos como pocos. Él también cumple una condena por haber matado a otro adolescente cuando tenía 17 años de edad y era líder de una pandilla de San Diego. “Ir a prisión fue una de las mejores cosas que me ocurrieron”, aseguró Hopper, a quien la cárcel lo ayudó a enfrentar su accionar y a vivir de forma diferente.

Mayormente autodidacta y resignado a morir dentro de las paredes de la cárcel, Hopper se convirtió en consejero de abuso de sustancias a través del Programa de Certificación de Mentores de Delincuentes. Ahora, cuando la Proposición 57 abre paso a una enorme revisión del sistema estatal de libertad condicional, el programa podría acercarlos a él y a sus estudiantes a una liberación temprana, algo que muchos pensaron jamás verían.

Funcionarios correccionales de California revelaron nuevas regulaciones el mes pasado, que ampliarán los créditos que algunos reclusos ganan por demostrar buena conducta y completar programas educativos, como el de Hopper. Las muy esperadas -y ferozmente debatidas- directrices podrían ayudar a recortar las sentencias de casi 2,000 presos durante el próximo año fiscal.

Los funcionarios sostienen que el creciente énfasis en la rehabilitación y la ayuda a los delincuentes para su reincorporación a la sociedad ha creado un cambio en la cultura penitenciaria. Los reclusos con mayores oportunidades parecen menos propensos a romper las reglas, explicaron las autoridades, y muestran un mayor interés por las sesiones de grupo, por completar aplicaciones para la universidad y aprender habilidades de trabajo.

Se habla mucho de esperanza, y así Hopper y otros prisioneros no se sienten vacíos.

En la prisión estatal del condado de Solano, la clase de abuso de sustancias de Hopper se reúne dos veces por semana en una habitación dividida, cuyas paredes grises están llenas de reglas de ética. Vestido con prendas de color azul pálido, Hopper escribe en una pizarra con un marcador para borrado en seco y pide a una docena de hombres reclinados en sillas de plástico que den ejemplos de una situación de alto riesgo -el tipo de escenario, dijo, donde el pasado y las “creencias defectuosas” podrían provocar una recaída en el comportamiento dañino o criminal-.

“Reencontrarse con pares negativos”, expuso Julio Santos, un hombre de 36 años oriundo del sur de Los Ángeles, quien a los 26 fue condenado por asesinato y dos cargos de intento de homicidio agravado por posesión de arma y afiliación con pandillas.

“¿Se trataría de una persona o de varias? ¿Qué clase de gente?”, le preguntó Hopper, con insistencia para obtener detalles.

“Pandilleros”, respondió Santos.

“¿Por qué los miembros de pandillas son una situación de alto riesgo para ti?”, replicó.

A ritmo constante, Hopper invitó a los reclusos a dar ejemplos de la cultura de pandillas y de lo que representa para ellos. Mujeres, drogas y dinero, respondieron. También respeto, aceptación y ser cool.

“Entonces, ¿qué suposiciones hago cuando veo a un pandillero?”, volvió a preguntar. “¿Qué creencias se disparan en mí? Porque me gusta. Me gusta la imagen, el respeto, la aceptación, el significado de ser cool. Me gusta todo eso, pero creo que me dice algo: creo en algo que genera una tentación para mí”.

California planea liberar 9,500 delincuentes durante los próximos cuatro años en el marco de la Proposición 57, parte de una estrategia de estado para cumplir con el límite federal ordenado por la corte acerca de la población carcelaria. El gobernador Jerry Brown consideró la medida como una respuesta reflexiva a la superpoblación de las prisiones. Pero, para evitar que la gente reingrese, remarcan los funcionarios estatales, las cárceles deben preparar a los reclusos para la vida exterior.

“Es una de las cosas sobre las que nadie quiere hablar”, expuso Brown en un mitin anual de víctimas de delitos, realizado este mes. “Que el encierro de alguien no significa el final de la historia”.

El gasto estatal en programas de rehabilitación de reclusos -parte del presupuesto del Departamento Correccional y de Rehabilitación de California -que es apoyado mayormente por el fondo general del estado- ha crecido sostenidamente durante los últimos cinco años fiscales, desde aproximadamente $355 millones en 2012 hasta casi $482 millones en 2016. Los funcionarios correccionales dicen que los resultados son positivos. Un informe del estado, de 2016, halló que la tasa total de reincidencia de tres años para todos los delincuentes de California -el porcentaje de quienes reincidieron tres años después de su liberación- cayó al 44.6%, de un pico de 67.5% en el año fiscal 2010.

A través de la Proposición 57, los funcionarios estatales quieren aumentar la inscripción de prisioneros en iniciativas laborales, de educación y rehabilitación, expandiendo la cantidad y tipos de créditos que pueden ganar para reducir sus sentencias.

Los cambios progresivos en el sistema de créditos comenzarán en mayo próximo, según la opinión pública, después de que las directrices publicadas el mes pasado obtuvieran una aprobación temporal. Los reclusos podrían acortar hasta seis meses de sus sentencias por obtener un diploma o título universitario, y hasta un mes por año por completar exitosamente programas de autoayuda, como grupos de recuperación de abuso de sustancias, consejería y manejo de la ira o clases de paternidad.

También tendrán la oportunidad de ganar mayores “metas” de créditos, otorgadas por alcanzar objetivos en ciertos programas. Estas podrían reducir una sentencia hasta 12 semanas en un período de 12 meses.

Los programas educativos y de mérito para los reclusos varían de una prisión a otra, y los supervisores de cada institución evalúan cientos de otras iniciativas y actividades que podrían estar comprendidas en la nueva categoría de “logros de rehabilitación”.

Las ideas para programas pueden surgir de organizaciones comunitarias, funcionarios penitenciarios, legislaciones y hasta los propios reclusos. Todas las instituciones para adultos, por ejemplo, ofrecen carreras en asociación con colegios comunitarios. Dentro de algunas prisiones, los delincuentes pueden trabajar en granjas lecheras, jardines o fábricas de ropa. En la prisión estatal de Chino aprenden temas de física, medicina y mecánica vinculados con el buceo en aguas profundas, con el objetivo de convertirse algún día en buzos profesionales, soldadores submarinos o aparejadores de construcción pesada.

“Hay mucha gente que llega a la cárcel y nunca ha tenido un trabajo”, resaltó Charles Pattillo, encargado general de California Prison Industry Authority, agencia estatal que administra más de 100 programas de trabajo en 34 cárceles estatales. “Por ello, debemos contar con programas básicos para generar en ellos la ética del trabajo y comenzar por allí”.

Uno de los programas de crédito más innovadores tiene lugar en San Quentin, la prisión más antigua del estado. En una red cerrada -no se les permite el uso de internet- los presos aprenden a programar computadoras con la esperanza de conseguir un trabajo bien pagado después de su liberación.

The Last Mile, fundado por el capitalista de riesgo Chris Redlitz y su esposa, Beverly Parenti, enseña a los presos diseño de logotipos, visualización de datos y desarrollo web, incluyendo lenguajes de programación como HTML y Phyton. Los reclusos ayudan a crear aplicaciones, sitios web y otros softwares para pequeñas empresas nuevas e incluso para compañías más grandes, como Airbnb. En una ceremonia de graduación de una clase de Last Mile llamada Code-7370, representantes de Google, Facebook y otras compañías de Silicon Valley se dieron cita, todos vestidos de negro, y se mezclaron con los presos -con uniformes azules-, muchos de los cuales habían sido encerrados desde antes del lanzamiento del primer iPhone.

Cordiare McDonald, quien cumple una sentencia de 13 años de prisión por robo a mano armada desde enero de 2007, fue uno de los graduados. El hombre, de 30 años de edad, creció en Pomona con un padre que reingresaba constantemente a la cárcel. Las nuevas reglas de libertad condicional aprobadas por los votantes podrían ayudar a su liberación temprana, y McDonald asegura que no quiere regresar; aspira a trabajar en desarrollo web y, según dice, trabajar en la resolución de problemas de codificación le ha enseñado a ser más paciente.

“En el pasado, mi solución a un problema era encontrar una forma rápida y barata de obtener lo que quería, sin importar a quién hiriera en el proceso”, narró McDonald ante una audiencia de 200 personas. En la Prisión Estatal de California Solano, que fue recientemente visitada por el gobernador Jerry Brown, los presos podrían ganar créditos de la Proposición 57 potencialmente por unos 200 programas vigentes, entre ellos clases para delincuentes jóvenes y trabajos en la fabricación de gafas para pacientes de Medicare y Medicaid. Los reclusos señalaron que la aprobación de la medida electoral les ha dado motivación para establecerse metas y esforzarse más.

También reconocen que se sienten más preparados para su liberación. Santos reconoce que aprendió a alinear más sus acciones con sus valores. Cuando su padre murió tenía apenas tres años de edad y, al igual que su mentor, Hopper, se involucró con pandillas durante su adolescencia, después de soportar intimidaciones y acoso en la escuela. Ahora, en cambio, quiere evitar que otros cometan errores similares. “Yo maté a alguien, ahora quiero ayudar”, afirmó.

Pero la Proposición 57 también tiene críticos, en una batalla más amplia acerca de la dirección a seguir por California en materia de delitos y castigos. A medida que Brown ha intentado alejar al estado del foco en las sentencias obligatorias, algunos fiscales de distrito y funcionarios del orden argumentan que la situación ha ido demasiado lejos. El debate se centra en qué delincuentes son redimibles. En el marco de las nuevas regulaciones, todos los agresores sexuales, presos condenados a muerte y con prisión perpetua sin opción a libertad condicional están excluidos de la elegibilidad para la libertad anticipada. Pero los delincuentes sexuales no están exentos de obtener créditos que podrían, potencialmente, recortar sus sentencias.

Los delincuentes violentos podrían recibir hasta un crédito del 20% del tiempo de condena por buen comportamiento, frente al 15% de directrices anteriores. Hopper señaló que lo que para muchos prisioneros parece simplemente un retiro anticipado, es algo mucho más significativo. “Estás constantemente en un ambiente que tiene su propia cultura, una cultura de rehabilitación, donde se pide constantemente que vuelvas a revisar tus pensamientos”, explicó. “Como resultado, poco a poco, uno comienza a sentirse muy triste”.

El propio cambio de Hopper ha sido duro y lento. Hace 25 años enseñaba a los miembros más jóvenes de su pandilla a tomar represalias contra los rivales que los expulsaban de su territorio en San Diego. Así, disparó y mató en una emboscada a un adolescente de 16 años, pensando que podría “significar estatus permanente en la pandilla, que la gente me respetaría, me tendría miedo y no se metería conmigo”. En cambio, el hecho redundó en una condena de 50 años de reclusión perpetua por asesinato en primer grado, con una primera audiencia para libertad condicional en 2048. Pocos años después de ingresar a la cárcel se resignó al castigo, dejó de apelar su caso y comenzó a buscar un propósito en los libros de filosofía que encargaba mediante folletos universitarios que su hermana le enviaba por correo.

En los últimos años, cuando California comenzó a lidiar con una enorme población carcelaria, Hopper aumentó sus posibilidades de salir anticipadamente. La Proposición 57 podría ponerlo ante el tribunal de libertad condicional tan pronto como el año próximo, y él espera convertirse en profesor universitario. “Luché para educarme; sé cómo otras personas pueden aprender de la mejor manera”, afirmó.

Pero para delincuentes que han enfrentado la junta de libertad condicional en el pasado, los nuevos créditos de la medida podrían no crear una gran diferencia. Los logros no anticiparán sus próximas audiencias y, para algunos reclusos, como John Badgett, de 48 años, a la sociedad podría no importarle cuánto ha cambiado. Badgett -quien ahora es consejero de abuso de sustancias en el programa de mentores- y su hermano mataron y desmembraron a un amigo porque pensaron que podría delatar un robo.

Las clases de rehabilitación lo ayudaron a comprender el abuso infantil, la pobreza y la adicción que lo llevaron a creer que “la violencia era una solución a la ira”, explicó. Badgett fue hallado apto para la libertad condicional en 2016, pero el gobernador le negó el permiso.

Antes de morir, la madre de su víctima le escribió para decirle que esperaba que pasara en la cárcel el resto de su vida. Él piensa en esa nota todos los días y acepta que algunos crean que jamás debería salir. “Ella describió al monstruo en que me había convertido, la insensibilidad, la persona que le hizo eso a su hijo”, dijo, entre largas pausas. “Ella lo perdió todo”.

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Traducción: Valeria Agis

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