Quienes piden asilo merecen ser escuchados

Quienes piden asilo merecen ser escuchados

Abrumados por la afluencia de jóvenes familias y menores no acompañados que huyen de la violencia en Centroamérica, los agentes federales de inmigración adoptaron un enfoque veloz hace dos años para acelerar las audiencias iniciales de las personas atrapadas en la frontera. El resultado: deportaciones más rápidas para los recién llegados que no lograron ofrecer un argumento mínimo válido para lograr su asilo.

El impulso detrás de este cambio fue enviar un mensaje a aquellos que aún se encontraban en países del llamado ‘triángulo del norte’, como Guatemala, Honduras y El Salvador: si emprendían el peligroso viaje al norte, era muy factible que de todas formas se les envíe rápidamente de regreso a su país de origen.

Los activistas de derechos de inmigrantes advirtieron que tal enfoque corría el riesgo de menospreciar a aquellos que sí tenían derecho legítimo de asilo, y tal parece que sus críticas fueron acertadas, particularmente para aquellas madres con niños que se enfrentaron a un juez de inmigración sin asesoramiento legal alguno.

Un informe reciente de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa, descubrió que de 38,601 casos “veloces” de adultos (usualmente madres) con niños, decididos entre julio de 2014 y el pasado septiembre, un 70% no contó con abogado. De ellos, el 43.4% fue deportado después de su primera audiencia, con un tiempo promedio de 24 días entre la presentación y la expulsión. Pero entre aquellos que sí contaron con un letrado, sólo el 4% fue expulsado tras la audiencia inicial.

Mientras que la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, que maneja las cortes de inmigración, discute algunos de los análisis de datos federales de TRAC, las generalidades del informe revelan una impresionante diferencia en los resultados. Un factor primordial de esta disparidad, según TRAC, es que sólo una de cada 15 familias sin abogados presentó los documentos adecuados para solicitar asilo, algo que los defensores de inmigrantes atribuyen a su ignorancia del proceso. Nadie puede crear un caso coherente de asilo si no sabe cómo funciona el sistema.

Los gobiernos nacionales tienen derecho a determinar quién entra y quién permanece dentro de sus fronteras. Pero la mayoría de países, incluidos los EE.UU., han reconocido a través de sus propias leyes y acuerdos internacionales que las personas tienen algún tipo de derecho humano básico a refugiarse de condiciones que amenacen su vida en sus países de origen. Esto significa a menudo que las naciones ofrecen protecciones a las personas que son perseguidas por su fe, creencias políticas, género u otros rasgos personales.

Entonces, ¿qué lleva a tantas familias del ‘triángulo del norte’ a huir? Los vecindarios controlados por pandillas callejeras que extorsionan y exigen dinero a cambio de protección y que matan a niños pequeños o violan a las familias si no se unen, instigador pos sistemas de aplicación de la ley incapaces de estabilizar los barrios. Los EE.UU. tienen cierta responsabilidad por el trastorno. Muchas de las raíces de las pandillas más importantes se remontan a L.A. y otras grandes ciudades del país; las armas usadas a menudo en delitos son introducidas de contrabando desde los EE.UU. y las pandillas trafican con drogas destinadas a las calles estadounidenses.

Si esas condiciones son suficientes para conceder asilo a quienes huyen depende de los tribunales de inmigración, que se ven abrumados por el creciente número de casos. Con un número récord de casos que supera el medio millón de casos pendientes, a pesar de la reciente incorporación de nuevos jueces. Pero es inconcebible que la falta de acceso a la ayuda legal obligue a tantas personas vulnerables, que podrían tener acceso al asilo, a volver al peligro de sus países.

También es angustiante que las posibilidades de permanencia con que cuenta un migrante dependan de qué tribunal toma el caso. Según datos de TRAC, los jueces de inmigración en Memphis, Baltimore, Harlingen, Texas y Dallas ordenaron deportaciones durante las audiencias iniciales para dos de cada tres madres con hijos sin representación legal. En tanto, los magistrados de Orlando, Florida; Newark, Nueva Jersey; San Francisco, Nueva York y Detroit ordenaron deportaciones en menos del 15% de esos casos durante la primera audiencia. Esta gran disonancia en el tratamiento sugiere problemas con la aplicación consistente de la ley, algo que el gobierno debe abordar.

La forma de mejorar el sistema sería realizar una revisión integral. Y algo por el estilo podría ocurrir con el próximo presidente Trump y el Congreso con mayoría republicana, aunque el tenor antiinmigrante de la campaña y del senador Jeff Sessions (R-Ala.), su candidato a fiscal general de la nación (quien supervisa los tribunales de inmigración) hacen difícil imaginar que la revisión priorizaría la imparcialidad.

Sin embargo, instamos al nuevo gobierno a reconocer que una oferta de asilo es inútil si tiene obstáculos insalvables. La nueva administración debe trabajar con abogados que manejan voluntariamente casos de inmigración, para diseñar un sistema que asegure que aquellos con legítimas razones para buscar protección realmente la obtengan.

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Traducción: Valeria Agis

Copyright © 2017, Hoy Los Angeles, una publicación de Los Angeles Times Media Group
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