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Para condenar las ciudades santuario, campaña publicitaria resalta homicidios cometidos por indocumentados

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Esta semana se lanzó en el área de San Diego una campaña publicitaria de televisión que condena las llamadas ‘ciudades santuario’ de California. Dicha iniciativa, creada por el grupo Californians for Population Stabilization (CAPS) se opone a las políticas gubernamentales locales y estatales que impiden la plena cooperación de los agentes del orden con las autoridades federales de inmigración, y presenta a Don Rosenberg, cuyo hijo, Drew, murió en una colisión con un conductor inmigrante.

En una versión del aviso, Rosenberg pide al presidente Trump que retenga fondos federales a estas ciudades. En una segunda entrega, solicita a California alejarse de las políticas santuario. “California debería ser un santuario para los californianos”, sostiene Rosenberg, mientras se muestra una imagen del gobernador Jerry Brown. “Imagínese si Drew hubiera sido su hijo”.

Drew Rosenberg falleció en noviembre de 2010 en San Francisco, en un accidente que involucró a Roberto Galo, quien conducía un vehículo sin licencia. Rosenberg iba en su motocicleta y Galo se interpuso en su carril para girar a la izquierda en una intersección. Rosenberg perdió el casco y Galo atropelló varias veces el cuerpo del motociclista antes de detenerse, afirmaron los testigos.

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El automovilista, originario de Honduras, había ingresado al país sin permiso y más tarde había recibido un estatus de protección temporal, que lo autorizaba a permanecer en los EE.UU. debido a un conflicto o situación de desastre en su tierra natal.

Galo fue acusado de homicidio vehicular y en 2013 fue deportado.

Don Rosenberg, quien reside en el área de Los Ángeles y se considera liberal, culpa la mentalidad de santuario de San Francisco por dejar a Galo circular por las rutas, en primer lugar. “Las ciudades santuario no sólo no están entregando a las personas [al Servicio de Inmigración y Aduanas]. También están ignorando las leyes”, aseguró por teléfono. “Mi problema no se trata de: ‘Sí, deberían haber llamado al ICE’. Mi problema es que que no se hagan cumplir las leyes para estas personas, incluso cuando las violan, y no me refiero sólo a las normas inmigratorias, sino cualquier ley”.

En los avisos, Rosenberg también se refiere a las muertes de Kate Steinle y Jamiel Shaw II, que fueron ambos asesinados a tiros, supuestamente por inmigrantes que se encontraban sin autorización en el país. El asesino de Shaw fue condenado por homicidio en 2012.

Pedro Ríos, director del Programa de Fronteras entre los EE.UU. y México con el Comité de Servicios Amigos Estadounidenses, criticó la campaña. “Se trata del último intento vergonzoso de CAPS de explotar las emociones de aquellos que han perdido seres queridos en desafortunados incidentes, para avanzar con un plan contra los inmigrantes que alimenta el odio, la intolerancia y los malos entendidos”, remarcó Ríos por email. “El Southern Poverty Law Center consideró a CAPS como un grupo de odio debido a sus asociaciones con organizaciones de supremacía blanca; su mensaje se origina desde ese punto de vista y, por ende, no es confiable”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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