No pudieron trabajar por ser indocumentados, pero en la cárcel los obligaron a trabajos forzados
Presuntos inmigrantes sin autorización llegan al centro de detención GEO/ICE en Aurora, Colorado, en un autobús desde la Reserva de la Armada de los EE.UU., cerca de la Base Aérea de Buckley (Barry Gutiérrez / Rocky Mountain News via AP).
Durante parte de su tiempo como detenida en un centro de inmigrantes en Colorado, Grisel Xahuentitla pasó seis horas al día manejando las bandejas antes de las comidas, y fregando los baños y las duchas de lavado.
Ella participaba en un programa de trabajo voluntario que permite a los detenidos ganar $1 dólar al día por ayudar con el mantenimiento de la instalación. “Cuando estás allí, no hay muchas opciones”, señala Xahuentitla, de 33 años de edad, para narrar su experiencia de cuatro meses en el Centro de Detención Aurora, en 2014. “Hay que seguir reglas; tienes que hacer lo que te dicen”.
Poco después de su liberación, junto con otros ocho exdetenidos presentaron una demanda contra el operador de las instalaciones, GEO Group, alegando que la compañía se enriquecía injustamente con dicho programa.
Ahora, el caso podría afectar hasta 60,000 inmigrantes que fueron detenidos allí en el transcurso de una década. Un juez federal dictaminó el 27 de febrero que los demandantes pueden avanzar con un pleito colectivo contra GEO Group, que maneja docenas de prisiones privadas y centros de detención de todo el país.
La compañía, que contrata con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE) para operar el centro en Aurora -con 1,500 camas-, sostuvo que no ha hecho nada malo y señaló en una declaración judicial que tales programas “son totalmente autorizados por el gobierno federal, y lo han sido por décadas”. “Hemos refutado constantemente estas acusaciones y tenemos la intención de continuar defendiendo con firmeza a nuestra compañía contra estas reclamaciones”, señaló Pablo Páez, vocero de GEO, a través de un email.
Con su decisión, el juez de distrito John Kane certificó a dos clases de demandantes. Una de ellas involucra a cerca de 2,000 personas quienes, tal como Xahuentitla, participaron del programa voluntario de trabajo. La mujer también alega que sólo se le pagó por dos de las cuatro semanas que trabajó.
La otra clase involucra hasta 60,000 inmigrantes quienes, según los abogados, sostienen que fueron coaccionados para limpiar pisos, ventanas, colchones y las áreas del comedor, bajo amenaza de confinamiento solitario, de acuerdo con documentos del tribunal.
En documentos judiciales, los abogados de GEO sostuvieron que ICE requiere que los detenidos mantengan un espacio de vida ordenado, pero los letrados de los demandantes argumentaron que el trabajo que estaban obligados a realizar iba mucho más allá del alcance de dicho requisito de limpieza.
Al confiar en el libre trabajo de los detenidos, expresaron los letrados, GEO mantiene toda su instalación con un único conserje en la nómina. También afirmaron que la compañía había violado las disposiciones sobre trabajo forzoso de la Ley de Protección a Víctimas de Trata.
“Estos inmigrantes vinieron aquí a trabajar para tener una vida mejor, para ellos y sus familias”, expresó Brandt Milstein, uno de los abogados que representa a los demandantes. “Luego, cuando son detenidos, se les dice que no tienen autorización para trabajar en este país. No obstante, son forzados a hacerlo, y por nada, con el fin de compensar los beneficios de una empresa privada de prisiones”.
Xahuentitla, una inmigrante oriunda de Tlaxcala, México, alega que también fue amenazada con confinamiento solitario cuando se negó a limpiar el piso. Tal trabajo no era parte de sus deberes en el programa de $1 dólar al día, señaló. El guardia no continuó con la amenaza de aislarla, dijo. Xahuentitla vive ahora en Durango, Colorado, y junto con su abogado se negaron a discutir su estatus inmigratorio.
La demanda colectiva podría tener implicaciones significativas para la compañía, que ahora perderá mucho más que si el juicio hubiera continuado sólo con los nueve demandantes. El pleito original buscaba más de $5 millones en daños y perjuicios. “Está mal forzar a cualquiera a trabajar bajo amenaza de confinamiento solitario y sin paga; está muy mal”, afirmó Milstein. “La sociedad parece aceptarlo con más facilidad si la persona es un condenado por un delito grave, como una violación o un asesinato. Pero no debe aceptarlo en absoluto cuando la gente está detenida sólo por cargos de inmigración civil”.
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Traducción: Valeria Agis
