En California buscan reformar el sistema de fianzas, que aseguran ’castiga a los más pobres’

Los legisladores de California convertirán en prioridad el próximo año la reforma del sistema a través del cual los jueces otorgan a los criminales la libertad bajo fianza, el cual alegan castiga “a los pobres por no tener dinero”.

El asambleísta Rob Bonta y el senador Bob Hertzberg señalaron que planean comenzar este lunes, cuando los legisladores lleguen al Capitolio para el inicio de las sesiones legislativas de 2017. Ambos presentarán proyectos que la Legislatura pretende abordar para reducir el número de personas detenidas antes del juicio y para atender las disparidades raciales y económicas en el proceso de fianza.

Los detalles de estos proyectos están aún en proceso de deliberación, pero Bonta y Hertzberg aseguraron que tienen una amplia coalición de organizaciones y legisladores de ambos lados para abordar lo que consideran una de las mayores iniciativas -y una de las más grandes batallas- del año. Bonta, un demócrata de Oakland, señaló que observó una “energía e impulso sin precedentes” en el tema, pero predijo “una fuerte y poderosa resistencia de la industria de las fianzas y las compañías de seguros”.

El debate sobre la reforma de las fianzas ha estado en el candelero nacional en los últimos años y se ha librado a menudo en las cortes. Las ciudades y condados de todo el país se enfrentan a demandas por políticas que algunos expertos en temas legales sostienen han convertido las cárceles en prisiones para deudores. Al menos dos de esos casos -contra las prácticas estatales empleadas en San Francisco y Sacramento- se presentaron en cortes federales en California.

Conforme la ley estatal, la fianza se establece cuando una persona es arrestada, en base a un esquema de tarifas del condado y según la gravedad del supuesto delito. Los infractores deben depositar la cantidad por adelantado, o pagar un 10% a una compañía de fianzas, para ser liberados.

Aquellos que no tienen el dinero pueden permanecer encarcelados hasta 48 horas adicionales antes de que un juez los acuse formalmente y los procese. Entonces, el magistrado establece las condiciones para su liberación antes del juicio, ponderando factores tales como si el acusado representa un riesgo de fuga o si es una amenaza para su comunidad.

Tales condiciones típicamente incluyen la fianza, y los abogados y expertos legales sostienen que las reglas acerca de cuán alta es la cantidad se establece según la ciudad y el condado, lo cual permite a menudo mantener a las personas en la cárcel por su incapacidad de pagar la tarifa. “Debemos crear un sistema más justo”, señaló Bonta. “Un sistema que toma decisiones simplemente según la riqueza de una persona está mal y es inaceptable”.

Otros intentos de reformar el tema ya han fallado en California en el pasado, a menudo debido a la fuerte oposición de las compañías de fianzas, que argumentan que el modelo actual permite a los acusados tener acceso a sus libertades civiles.

Pero los legisladores señalaron que podrían apuntar a las reformas que se implementaron con éxito en Washington D.C., Kentucky y Nueva Jersey. También han estudiado jurisdicciones dentro del estado que han creado modelos de “evaluación del riesgo”, que permiten que el personal de los tribunales emplee información y evidencia para determinar si una persona puede ser liberada.

Hertzberg (D-Van Nuys) adelantó que los republicanos tienen interés en la reforma. “Ahora mismo hay unos cuantos grupos, de ambos lados, que están evaluando el costo y la equidad del sistema”, afirmó.

La modernización del sistema previo al juicio se necesita con urgencia en California, que confía en la detención preventiva a tasas mucho más altas que otros estados, según los proyectos de ley que se presentarán este lunes. Cerca del 63% de las personas en cárceles estatales, o 46,000 reclusos, no fueron sentenciados en 2015, según la Junta Correccional Estatal y Comunitaria, lo cual tiene un costo de vivienda para el estado de casi $100 por día por recluso en la mayoría de los condados, o $4.6 millones por día en total.

También supone una carga costosa para las familias. Cuando las personas no pueden pagar por su liberación pueden llegar incluso a perder su vivienda, sostienen abogados y defensores de la reforma. Incluso tres días en la cárcel pueden resultar en una pérdida de salario, trabajo y conexiones familiares, lo cual deja a algunos acusados un 40% más propensos a cometer otros delitos en el futuro, indican los estudios.

“El problema que vemos con la fianza es que se trata de un precio por la libertad”, señaló Phil Telfeyan, director ejecutivo de Equal Justice Under Law. “Quienes son ricos pagan por su salida, y quienes no, se marchitan en la cárcel”.

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Traducción: Valeria Agis