Inmigrantes temen que la definición de ‘delincuente’ se amplíe bajo el gobierno Trump

Mayra Machado tenía un trabajo bien pagado como asistente de oftalmología, que le permitía llevar a sus tres hijos en un BMW a sus actividades escolares en su ciudad suburbana de Arkansas.

Pocos sabían que su propia madre la había traído al país ilegalmente cuando ella tenía cinco años, desde El Salvador, para escapar de la guerra civil. Machado fue criada en Santa Ana por su abuela, y se trasladó a Fayetteville, Arkansas, con su madre apenas se graduó de la preparatoria.

Allí, Machado, siendo todavía una adolescente, falsificó la firma de un amigo en un cheque de $1,500 dólares. A los 18 años se declaró culpable de un cargo de delito grave, pero el costo real de su falta se presentó ante ella 12 años después, cuando el tema surgió en una detención rutinaria de tránsito y activó su deportación a El Salvador.

“Yo era una super mamá en lo cotidiano”, afirmó durante una entrevista telefónica, desde el centro de detención en Louisiana. “No soy una mala persona. No debería estar aquí… No soy una amenaza para la sociedad y no le haré daño a nadie. Debería estar cuidando a mis hijos ahora mismo”.

El arresto de Machado subraya un temor creciente entre los defensores de los inmigrantes: que las políticas de deportación que comenzaron bajo la administración de Obama probablemente sean manejadas con un efecto aún más riguroso durante la presidencia de Donald Trump, quien prometió combatir la inmigración ilegal como piedra angular de su campaña.

En virtud de la ley de inmigración, Machado está considerada una “extranjera delincuente”. Es un término que Trump empleó reiteradas veces durante su campaña para describir a la gente a quien busca deportar. El presidente electo cita a menudo el caso de Juan Francisco López-Sánchez, un ciudadano mexicano que había sido deportado repetidas veces antes de que regresara a los EE.UU. y disparara fatalmente contra Kathryn Steinle, en San Francisco.

Algunos inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente tienen graves antecedentes criminales. Pero otros han cometido delitos de bajo perfil, que se consideran deportables pero son relativamente menores, como las violaciones de tránsito. En algunos estados, como Georgia, conducir sin licencia es un delito menor y una ofensa que activa la prioridad de deportación. Ingresar al país de manera ilegal es, en sí mismo, un delito menor.

Algunos defensores de los inmigrantes sostienen que estos delincuentes menores serán ‘barridos’ del país bajo la posible mano dura de Trump.

Después de su victoria, el presidente electo le dijo al programa de CBS “60 Minutes” que su gobierno deportaría entre dos y tres millones de extranjeros delincuentes.

Para llegar a ese número, Trump probablemente tendría que ir a la caza de muchas más personas que simplemente los criminales violentos.

Un informe de 2013 del Departamento de Seguridad Nacional halló que aproximadamente 1,9 millones de “extranjeros criminales” residen en los EE.UU. Pero eso incluye a cualquier persona nacida en el extranjero que haya sido condenada por un delito en el país, es decir quienes residan aquí de forma ilegal, los residentes legales y las personas con visas temporales que tengan una condena penal.

Otro estudio de 2015 acerca de la inmigración y la población, realizado por Migration Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Washington, concluyó que cerca de 820,000 de esos 1.9 millones de “extranjeros delincuentes” se encuentran en el país de manera ilegal. Casi 300,000 tienen condenas por delitos graves y se estima que unos 390,000 fueron condenados por faltas graves. El resto -cerca de 130,000- tienen condenas por delitos menores, como violaciones de inmigración o tránsito, o alteración del orden público.

Aún no está claro si Trump cumplirá sus promesas de combatir duramente a los inmigrantes ilegales en el país. Pero ha hecho de algunos republicanos de línea dura, como el senador de Alabama Jeff Sessions -a quien apuntó como fiscal general de los EE.UU.- y al secretario de estado de Kansas, Kris Koback, figuras notables en su transición.

Conforme dos altos funcionarios de su equipo de transición, los asesores de Trump intentarán ampliar la red de deportación para incluir a los inmigrantes que han sido acusados pero no condenados, a supuestos pandilleros, narcotraficantes y personas acusadas de violaciones de inmigración, como reingresos ilegales y permanencias en el país con visas vencidas, así como a delincuentes menores.

Durante el gobierno de Obama, cerca de 2.5 millones de inmigrantes -con estatus legal e ilegal- fueron deportados. La administración creó un sistema grande y robusto que incrementó los arreglos cooperativos entre los funcionarios de inmigración locales y federales, lo cual llevó a un gran número de personas al sistema de deportación y remoción.

“Lo que está sucediendo con esta pobre mujer ocurre bajo el gobierno de Obama”, afirmó Olga Tomchin, una vocera y abogada de la red National Day Laborer Organizing Network, acerca de Machado. “Ahora él entregará esta inmensa y vasta maquinaria de deportación a Trump, quien empeorará aún más las cosas”.

Esto preocupa a gente como Benjamín Suy, un vendedor ambulante de Los Ángeles quien se encuentra en el país sin estatus legal. A sus 34 años, Suy vende elote cubierto con limón, chile o mayonesa en un carrito de compras, para mantener a su esposa y cuatro niños en Guatemala.

Al igual que muchos otros vendedores en situaciones similares, Suy vende comida sin licencia, y cuenta que no puede pagar el dinero necesario para obtenerla. Le preocupa que una condena por el delito menor de vender alimentos sin licencia, que ocurrió hace tres años, lo convierta en una prioridad de deportación bajo el gobierno de Trump. “Sólo intento ganarme la vida. Trabajo 15 horas por semana. No molesto a nadie; no estoy robando y nadie ha muerto por comer mi comida. No vendo algo peligroso”, afirma.

El miércoles pasado, los concejales de L.A. Joe Buscaíno y Curren Price anunciaron que presentarán una nueva política para evitar que los vendedores ambulantes que se encuentran de manera ilegal en el país sean acusados de delitos menores, lo cual pondría a muchos en riesgo de deportación bajo el gobierno siguiente. “Queremos asegurarnos de que, con la llegada de la nueva administración, podamos convertirlos en sujetos menos vulnerables”, señaló Buscaíno. “Estas son personas que proveen a sus familias y que hacen todo lo que pueden para poner alimento en sus mesas”.

En algunos casos, una sola acusación puede llevar a la gente al proceso de deportación. Xóchitl Hernández, de 40 años y residente de L.A., se enfrenta a ello luego de haber sido arrestada, en febrero pasado, durante una incursión de agentes del LAPD y de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el este de Hollywood, realizada para capturar a un sospechoso de robo. Hernández, quien ha estado en el país ilegalmente desde los 10 años de edad, estaba visitando a un amigo cuando ocurrió la pesquisa. Los agentes de ICE la arrestaron cuando un oficial del LAPD la acusó de estar afiliada con una pandilla.

Aunque Hernández nunca fue acusada de un delito derivado de la investigación, la acusación de la pandilla fue suficiente para convertirla en una prioridad de deportación. En agosto pasado, en una carta dirigida a un funcionario del Centro de Operaciones de Control y Remoción de ICE, el jefe del LAPD, Charlie Beck, escribió que “investigaciones adicionales” revelaron que Hernández no era buscada por la policía, que no había sido identificada como un sujeto con actividad criminal y que “no aparecía en ninguna base de datos de la ley que la identificara como miembro de pandillas reconocidas”.

Aunque reconoció que el tema estaba fuera del alcance del LAPD, Beck agregó que una revisión interna parecía demostrar que el caso de Hernández no cumplía con “la definición de prioridad de deportación procesal federal”.

El jefe agregó: “Queremos reiterar que la política del LAPD es que nuestras acciones de aplicación de la ley no se basan únicamente en el estatus migratorio de un individuo”.

“Ella está identificada como una prioridad de deportación sólo porque un único oficial afirmó que está afiliada a una pandilla”, agregó su abogado, Emi MacLean. “Pero no hay sustento para ello; no hay un sólo documento que diga que está afiliada con pandillas”.

Después de pasar varios meses en el centro de detención de inmigrantes, Hernández fue finalmente liberada, pero aún lucha por evitar su expulsión del país.

Machado sigue detenida en el centro La Salle Detention Facility, en Louisiana. El 5 de diciembre próximo habrá pasado casi un año lejos de sus niños. Después de su arresto, que ocurrió hace 12 años, la mujer pasó cuatro meses en un campo de entrenamiento, donde le afeitaron la cabeza y debió realizar ejercicios militares. El año pasado, se encontraba a punto de elegir un árbol de Navidad con sus pequeños cuando fue detenida en el condado de Washington, Arkansas.

Un agente del sheriff la arrestó al notar que tenía una multa de tránsito sin pagar. Antes de que Machado pudiera abonarla, otro agente autorizado como funcionario de ICE revisó su nombre y allí detectó el viejo delito, lo cual la colocó en la lista de deportación. Para Machado, quien adquirió un acento californiano desde su niñez, ha sido una impactante vuelta de la vida, después de años de ser la madre a quienes los maestros recurrían cuando se quedaban sin comida en la escuela.

“Nunca pensé que pasaría por algo así”, aseguró la mujer, quien fue abandonada por su madre durante su niñez. “Siempre dije que estaría allí para mis hijos. Yo iba a ser esa madre que jamás dejaría a sus pequeños solos”.

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Traducción: Valeria Agis