Investigan a ICE en San Diego, por supuestas fiestas de intercambio de parejas

Investigan a ICE en San Diego, por supuestas fiestas de intercambio de parejas

Una investigación acerca de una denuncia anónima de que los trabajadores de las oficinas de Inmigración y Aduanas de San Diego estaban siendo invitados para participar en "fiestas sexuales" ha concluido que las acusaciones eran infundadas, dijo la agencia en un comunicado.

La denuncia decía que un supervisor de la oficina de Enforcement and Removal Operations  (oficina de Operaciones de detención y remoción)  en el centro de San Diego, estaba invitando empleados para participar en fiestas de intercambio de parejas (swinger) en su casa. La agencia no encontró nada que respaldara  las acusaciones. La investigación fue realizada por la oficina de Responsabilidad profesional (Office of Professional Resposibility), una especie de unidad de asuntos internos de la agencia.

"La investigación, que duró un mes, que incluyó numerosas entrevistas con testigos y con empleados determinó que las denuncias originales de "mala conducta sexual no tenían fundamento", dijo Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego. "En consecuencia el caso se ha cerrado".

El año pasado, la queja fue enviada al Inspector general del Departamento de seguridad nacional, alegando que empleados de la oficina habían sido contactados para participar en fiestas "swinger" en la casa de un supervisor.

La denuncia, de la cual el Union-Tribune obtuvo una copia, dice que las solicitaciones habían estado sucediendo durante más de un año, y que la práctica era coercitiva hacia los empleados subordinados. La denuncia aseguraba que a los empleados que fueron a las fiestas les fueron confiscados sus teléfonos en la puerta de la casa.  Varios de los empleados que fueron abordados acerca de los eventos fueron identificados.

En octubre, los investigadores de la oficina de responsabilidad profesional fueron a San Diego para entrevistar a un número desconocido de empleados durante varios días, según información obtenida por el periódico en ese  momento.

La declaración anunciando que el caso había sido cerrado no proporcionó detalles de la investigación, tales como cuántas personas fueron entrevistadas o que otras medidas  fueron tomadas. La denuncia original dice que las solicitaciones  fueron hechas verbalmente o a través de mensajes de texto.

La declaración describió la investigación como "exhaustiva" y dijo que "no encontró pruebas de irregularidades" en la oficina. Lamentaba también el hecho de que la queja había sido emitida públicamente, señalando "la angustia de la pérdida de reputación del personal de ERO de San Diego".

El reportaje del periódico en octubre no identificó al supervisor nombrado en la denuncia, por si la investigación encontraba que la denuncia carecía de fundamento.

"ICE está orgulloso de sus empleados y de los sacrificios que hacen cada día en apoyo a la muy a menudo peligrosa misión de la agencia", decía la declaración. "Ellos merecen algo mejor que estar expuestos al escarnio y ridículo basado en denuncias anónimas, sin fundamento".

La denuncia dirigida al Inspector General llegó en el momento en que varias organizaciones federales de aplicación de la ley dentro y fuera del departamento de Homeland Security  estaban bajo la mira por mala conducta sexual.

Algunos agentes federales  estuvieron bajo investigación por presuntamente contratar a prostitutas y grabar actos sexuales con ellas en teléfonos celulares. El pasado marzo, el Departamento de Justicia publicó un informe de los agentes de la Drug Enforcement Agency  que mientras estaban  asignados en el extranjero tenían sexo con prostitutas que fueron pagadas por los cárteles de la droga.

La denuncia en San Diego también involucró acusaciones que tuvieron como fondo quejas  formalmente interpuestas por trabajadores contra la administración en los últimos dos años. Al final del año fiscal pasado hubo 13 quejas en torno a la  igualdad de oportunidades de empleo presentadas por empleados de la oficina, alegando acoso, abuso verbal y de  discriminación racial y sexual.

Desde entonces, el número ha escalado a 18,  dijo Félix Luciano, líder del sindicato que representa a los trabajadores allí.

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