Quieren prohibir que los niños sin documentos asistan a escuelas de Inland Empire
Joseph Turner, fundador de American Children First, habla en una reunión del Concejo Municipal de San Bernardino, en 2006. (Irfan Khan)
Mientras que el presidente Trump espera la autorización y los fondos para la construcción de su prometido muro fronterizo de 2,000 millas entre México y los Estados Unidos, una organización ha propuesto una iniciativa local que mantendría a los inmigrantes indocumentados fuera de algunas escuelas del Inland Empire.
Los votantes en el Distrito Escolar Unificado de Yucaipa-Mesa, un distrito dividido por los condados de San Bernardino y Riverside, pronto podrían decidir si se les debería prohibir a los inmigrantes no autorizados en el país la asistencia a las escuelas públicas K-12, y si sus hijos nacidos en los Estados Unidos deberían pagar una matrícula de “no residente”.
Joseph Turner, exresidente de San Bernardino y quien ahora vive en Torrance, esta semana presentó un aviso de intención ante el registro de votantes del condado de San Bernardino para hacer circular una petición con la propuesta.
También Turner ha presionado durante mucho tiempo por la reforma de las políticas de inmigración para aquellas personas que se encuentran aquí indocumentadas, mediante el grupo sin fines de lucro creado en el 2004 Save Our State, y con la autoría de la ley “City of San Bernardino Illegal Immigration Relief Act”, en 2006.
La medida hubiera prohibido a los propietarios alquilar sus inmuebles a los inmigrantes sin autorización en el país, y buscaba impedir que los dueños de negocios recibieran permisos operativos si los empleaban. Un juez del Tribunal Supremo del Condado de San Bernardino determinó que Turner no había recolectado las firmas suficientes para incluir la medida en la boleta electoral de la ciudad.
Ahora, el individuo afirmó sentirse “revitalizado” por Trump, y tiene planes para llevar sus iniciativas a nivel nacional al concentrarse primero en un distrito escolar pequeño. “A Trump le fue muy bien [en el Inland Empire] y estoy esperando “que el público sea muy receptivo” a su propuesta, expresó.
El distrito escolar trabaja con casi 10,000 estudiantes en las ciudades de Yucaipa y Calimesa, y cuenta con más de 32,000 votantes registrados. Turner necesitaría 3,200 firmas para que su iniciativa llegue a la boleta electoral.
En las elecciones presidenciales de 2016, el 42% de los votantes del condado de San Bernardino seleccionaron a Trump; en Riverside, el 44%.
La última iniciativa propuesta por Turner comparte elementos de la Proposición 187 de California, la cual dejó a aquellas personas indocumentadas sin derecho a los beneficios públicos. Aunque los votantes aprobaron la proposición en 1994, los desafíos legales que resultaron después de su aprobación llevaron a que un tribunal federal de distrito declarara inconstitucional la iniciativa.
Niels Frenzen, un experto en ley de inmigración y refugiados de la USC, afirmó que las implicaciones de una sentencia de 1982 del Tribunal Supremo en el caso Plyler v. Doe desempeñó un papel importante en el destino de la Proposición 187 y también tendría un gran peso sobre la medida propuesta por Turner, si fuese aprobada por los votantes.
Plyler v. Doe anuló un estatuto de Texas que restringía la educación K-12 gratuita a los ciudadanos, así como un intento de imponer una cuota anual a los estudiantes indocumentados. “Por supuesto, no es sorprendente que existan individuos que se sientan de esta manera, pero teniendo en cuenta este principio legal bien establecido [Plyler v. Doe] y de relevancia constitucional, realmente sería irresponsable que un político, conservador o no, exigiera su incumplimiento”, aseguró Frenzen.
Tanto en el sitio web de su organización como en la carta enviada al registro de votantes, Turner se muestra ofendido por la pasada decisión, alegando que socava la calidad de la educación para los hijos de los contribuyentes estadounidenses. “Creo que tenemos a un montón de estadounidenses falsos en Sacramento, que dicen estar a favor de educar a todos los niños pero en realidad comprometen la educación que reciben los ciudadanos estadounidenses para que podamos pagar por los inmigrantes no autorizados”, señaló Turner.
Cali Binks, superintendente del distrito de Yucaipa-Mesa, manifestó que Turner no la ha contactado, y tampoco a los miembros de la Junta Escolar. Además, afirmó que el distrito no tiene planes de cambiar el trato a los alumnos indocumentados mientras la resolución propuesta avance en el debido proceso, y alentó a todos los estudiantes a continuar asistiendo a clases.
“Tenemos una comunidad muy unida y nos preocupamos por todo el mundo”, aseguró Binks.
Traducción: Diana Cervantes
