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Distrito escolar de Kern llegó a un acuerdo en una demanda colectiva por presunto acoso disciplinario contra alumnos de minorías

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Keschel Collins Sherman quería que sus hijos crecieran en mejores circunstancias que ella. Así, la trabajadora de atención infantil y madre de seis hijos se mudó a Bakersfield y envió a uno de ellos, Jerry Reagor, a Foothill High School.

Pero en su camino a la escuela, Jerry, entonces de 17 años, fue amenazado y herido por pandilleros. Cuando su madre trató de obtener ayuda de la policía y de la decana de la preparatoria, estos culparon a Jerry por la violencia y dijeron que estaba en una pandilla, relató Collins Sherman.

El acoso, dijo, aumentó. La decana le dijo a su hijo que esperaba no ver su cuerpo muerto en un callejón durante las noticias de la tarde. En lugar de enviarlo al consejero escolar, lo envió con un entrenador de baloncesto para que le dé una guía.

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Un día, la decana confiscó el gorro de Jerry. Después de la escuela, cuando el joven fue a recuperarlo, el personal llamó a la policía y el chico fue suspendido por cinco días, luego fue transferido a una escuela alternativa. Una orden de restricción le prohibía ingresar al campus de Foothill. “Fue una vergüenza”, dijo Collins Sherman. “Mi hijo estaba dolido, y eso me dolió a mí. Es uno de mis hijos más obedientes”.

La mujer llamó a un grupo de ayuda legal y finalmente se convirtió en parte de una demanda, presentada en 2014, que acusó al Distrito de Escuelas Secundarias de Kern de disciplinar desproporcionadamente a los estudiantes de color. El distrito resolvió la denuncia esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Kern, donde prometió crear nuevas políticas disciplinarias con la ayuda de expertos en prejuicios raciales inconscientes, y programar la capacitación continua para los maestros sobre técnicas menos punitivas. La mayoría de los 19 peticionarios obtendrán $5,000 cada uno para impulsar la educación de sus hijos o de ellos mismos.

El acuerdo también exige que el distrito celebre dos foros comunitarios al año para informar sobre los datos de disciplina escolar y las encuestas estudiantiles; establece los procedimientos estrictos para informar a los padres sobre las medidas disciplinarias y las referencias a la policía, y requiere que los estudiantes que son suspendidos por un período prolongado en espera de una audiencia tengan acceso completo a las tareas escolares. El tribunal tiene jurisdicción sobre el acuerdo, pero ésta sólo durará por tres años.

El distrito, que no admitió un mal comportamiento de su parte, informó que aceptó el acuerdo con el fin de no gastar más dinero en honorarios legales. Asimismo, publicó una extensa declaración en línea, en la cual subrayó que el acuerdo simplemente expone el trabajo que ya está haciendo. “Acuerdo o no acuerdo, demanda o no demanda, el Distrito de Escuelas Preparatorias de Kern había iniciado este camino antes de la presentación de esta denuncia”, expresó la superintendente asistente de instrucción, Brenda Lewis. La funcionaria remarcó también que el distrito comenzó a capacitar a los maestros en intervenciones y apoyo de comportamiento positivo en 2013, y que podría tomar hasta 10 años que los distritos escolares implementen la totalidad de las nuevas estrategias.

Sin embargo, algunos profesores afirmaron ante los abogados que la capacitación fue dispersa, según declaró Cynthia Rice, directora de litigios, abogacía y capacitación de California Rural Legal Assistance, uno de los grupos responsables de la demanda. California Rural Legal Assistance y otras entidades comunitarias, como la Fundación Dolores Huerta y Faith in Action Kern County, presentaron la denuncia citando los datos federales que indican que en el año escolar 2009-2010, el distrito reportó 2,205 expulsiones, más que cualquier otro distrito escolar de California.

De acuerdo con la presentación judicial, el 4% de los estudiantes latinos y el 4% de los alumnos negros fueron asignados a escuelas alternativas o de continuación, el doble del porcentaje de los estudiantes blancos. El distrito informó una abrupta disminución en las expulsiones en el año escolar 2013-2014, pero éstas todavía regían desproporcionadamente para los alumnos minoritarios.

Los distritos escolares en todo el país están abordando la reforma de la disciplina escolar, un tema que la administración de Obama destacó al publicar los informes anuales acerca de cuántos estudiantes, y cuáles de ellos, son suspendidos o expulsados por las escuelas. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) prohibió las suspensiones por “desafío deliberado”, pero los maestros del distrito se han quejado de no contar con la suficiente capacitación en métodos alternativos de disciplina, por lo cual se sienten mal preparados para manejar las interrupciones en el salón de clase.

Mientras que el acuerdo -de casi 50 páginas- del condado de Kern detalla los pasos que el distrito escolar deberá tomar, no incluye metas específicas para cerrar la brecha en la disciplina escolar. “Estamos analizando esto de forma estratégica y luego los números se resolverán por sí solos”, expresó Lewis.

Dianne Piché, una exfuncionaria de educación federal encargada de la aplicación de los derechos civiles, manifestó que el acuerdo no llega tan lejos como otros convenios anteriores entre los distritos escolares y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos. “Generalmente existen requisitos más extensos para la capacitación del personal”, explicó Piché. “Es muy importante que cada profesor tenga una formación adecuada en el manejo del aula”.

Por su parte, Rice, de la California Rural Legal Assistance, dijo que el acuerdo marcó un paso en la dirección correcta. “Como cualquier tipo de movimiento de derechos civiles, esto lleva tiempo”, aseguró.

Traducción: Diana Cervantes

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