Un año después del cierre de Exide, los vecinos siguen atrapados en una pesadilla ambiental
Amelia Vallejo habla con la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, acerca de la contaminación por plomo hallada en su jardín.
Los días más cálidos llegarán pronto a las comunidades trabajadoras del este y sur centro de Los Ángeles, pero en muchos hogares, los padres no dejarán que sus hijos jueguen en sus patios esta primavera y, posiblemente, tampoco durante el verano.
Terry Cano no dudó cuando le pregunté si permitiría a su hijo Edward, de 10 años de edad, patear una pelota o hacer cualquier actividad en el jardín de su casa de Boyle Heights. “Definitivamente no”, dijo con firmeza, mientras Edward observaba con el ceño fruncido. “Y si sale, no tiene permiso de acercarse a la tierra”.
La razón es que el patio de Cano está contaminado con plomo tóxico, que puede causar problemas de aprendizaje y comportamiento. Y ella no está sola en este tema.
En uno de los casos más impactantes de irresponsabilidad corporativa y falta de regulación gubernamental que se hayan registrado en la historia de California, la planta de baterías Exide, en Vernon, envió nubes de sustancias tóxicas que han volado sobre Commerce, Bell, Huntington Park, el Este de Los Ángeles y Boyle Heights durante décadas.
Se estima que el número de hogares potencialmente contaminados en el radio afectado -de 1.7 millas- asciende a 10,000.
Los residentes de las comunidades, en gran medida latinos de bajos ingresos, se preguntan por qué el estado ha demorado tanto en acudir a su rescate, aun cuando el propio gobernador Brown visitó en persona el lugar de la fuga de gas en Porter Ranch, el año pasado, y declaró la emergencia. En ese momento, las escuelas de Porter Ranch se cerraron por precaución y los residentes se trasladaron a zonas más seguras.
“Si alguien sufre una hemorragia nasal en Porter Ranch, lo trasladan de inmediato”, dijo Cano. “Creo que es criminal la cantidad de tiempo que están demorando en hacer algo aquí”.
“Han movido montañas en Porter Ranch”, expresó Amelia Vallejo, residente del Este de Los Ángeles cuyo hijo más pequeño, Michael, de cinco años de edad, sufre de severas discapacidades de desarrollo y problemas de audición. “Hemos estado aquí por años y miren a nuestros niños... tienen daños de por vida. ¿Por qué no vienen aquí y arman alboroto? ¿Es porque somos pobres? ¿Es porque no damos nuestra opinión? ¿Es porque no somos blancos?”.
Para ser justos, los residentes de Porter Ranch tienen sus propios y legítimos temores y enojos por las fallas regulatorias del estado. Pero no es difícil comprender por qué Vallejo y otros ven la falta de respuesta en sus comunidades como un insulto, que se agrega al daño causado.
Exide funcionó con un permiso temporario durante 30 años, a pesar de sus obsoletos controles de contaminación, y el Department of Toxic Substances Control (Departamento de Control de Sustancias Tóxicas) supo durante años que la compañía contaminaba el aire, el suelo y el agua del estado, pero no logró poner fin a ello.
En ese período, la planta fue etiquetada con decenas de violaciones a la calidad del aire y residuos peligrosos, pero siguió arrojando un cóctel aéreo que incluía arsénico. Funcionarios de calidad de aire afirmaron que el arsénico conlleva un mayor riesgo de contraer cáncer para estos, aproximadamente, 100,000 residentes.
Finalmente, ante la presión del estado y la amenaza de presentar cargos criminales a nivel federal, los funcionarios de Exide se libraron del procesamiento en marzo del pasado año al acordar cerrar la planta y pagar $50 millones para limpiar el lugar y las comunidades circundantes.
Sin embargo, casi un año después, menos de 200 propiedades han sido depuradas, y la administración de Brown ha presupuestado sólo $8,5 millones para ese fin. A este ritmo, los propietarios esperarán durante años que llegue la ayuda.
La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien ha aprovechado los fondos del condado y se ha unido a varios legisladores para pedir un compromiso estatal más grande, afirma que costaría alrededor de $45 millones limpiar las 1,000 propiedades más contaminadas, y otros $25 millones examinar la totalidad de las 10,000 viviendas.
“Espero que los esfuerzos para que el gobernador y el estado estén más involucrados resulten en una más inmediata limpieza, evaluación y solución”, declaró Solís el pasado jueves, reunida con los residentes del área. “La gente aún vive aquí y continuará aquí porque no tiene dónde ir”.
La duda es, ¿cuál ha sido la participación del gobernador Brown en este tema?
Cuando hice esta pregunta, el viernes pasado, personal de su oficina me remitió al Department of Toxic Substances Control y a su directora, Barbara Lee.
Lee afirmó que, para el gobernador, la limpieza de Exide es una prioridad, y que destinó $7 millones el año pasado para suplementar los $9 millones aportados por la empresa. También informó que un grupo de 50 personas han limpiado las propiedades más contaminadas en primer lugar, mientras se comprueban otras viviendas y se produce un plan que determine cuán larga y costosa será la limpieza total.
Los equipos de trabajo quitan la capa superior del suelo en los jardines de la cuadra ubicada en el 1200 de South Indiana Street, en Boyle Heights (Irfan Khan / Los Angeles Times).
El objetivo es extraer la mayor cantidad de dinero posible de Exide, que está en bancarrota, para cubrir los costos del estado. Luego de hablar con Lee, a través de un email, el secretario de prensa de Brown alabó los progresos realizados por el Department of Toxic Control y afirmó “vamos a seguir trabajando con... la Legislatura y los gobiernos locales y federal para que Exide rinda cuentas, para obtener más fondos y realizar esto”.
La comunidad podría tener algo más de fe al respecto si el propio gobernador, en persona, expresara estos compromisos, y si encontrara algo de tiempo para viajar al Este de Los Ángeles tal como hizo para visitar París, donde fue a recibir aplausos por su trayectoria ambiental.
La gente de estas comunidades viven una pesadilla ambiental, y debieron pasar siete meses desde que la contaminación fuera confirmada por primera vez para que el estado comenzara a tomar muestras de suelo, a finales del año pasado.
No se puede hablar con nadie aquí sin escuchar historias acerca de amigos o familiares que murieron muy jóvenes, o que están sufriendo de enfermedades severas que han cambiado sus vidas. Muchas personas viven con miedo a las limitaciones físicas e intelectuales que podrían sufrir sus hijos en algún momento; los residentes temen comer frutas y verduras de sus propios huertos.
Bertha Velásquez, una auxiliar de campo de Solís, tiene un alto contenido de plomo en su patio de Boyle Heights. Una de sus hijas es sorda, y otras dos mujeres en su cuadra también lo son.
Hugo Luján, de East Yard Communities for Environmental Justice, aseguró que tomó meses de presión antes de que algunas escuelas y parques fueran examinados. Luján, residente del Este de L.A., solicitó una prueba de suelo en su casa en octubre pasado, y aún sigue esperando una respuesta.
Amelia Vallejo afirma que su jardín fue examinado en diciembre último y mostró una lectura de plomo aterradora: 1,471 partes por millón, muy por encima de los niveles seguros.
“Pensé que mi mundo se desmoronaba cuando me dieron los resultados”, comentó Vallejo, cuyos seis hijos –todos de ellos con asma- han jugado en ese jardín todas sus vidas.
Su limpieza está prevista para marzo, informó Vallejo, quien cree que habría tenido que esperar muchos meses más de no haber acudido a la oficina de Solís en busca de ayuda.
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hoyla-otras-historias-20151119
