Tropas mexicanas tenían órdenes de matar en Tlatlaya, dice informe

En uno de los asesinatos a gran escala más polémicos que enfrenta el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, un nuevo informe dice que los soldados del ejército mexicano estaban actuando bajo órdenes de eliminar a presuntos criminales "en la oscuridad" sin tener en cuenta sus derechos o el debido proceso.

El jueves se publicó el informe de 50 páginas sobre los asesinatos el año pasado en la ciudad de Tlatlaya, coincide con una protesta de los legisladores estadounidenses sobre el registro, cada vez más sombrío, de los derechos humanos en México.

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Dirigido por el representante Alan Lowenthal (D - Long Beach), 82 miembros del Congreso firmaron una carta al Secretario de estado F. John Kerry citó el caso de Tlatlaya y el secuestro y probable asesinato el año pasado de 43 estudiantes universitarios por la policía y gánsteres en connivencia con los políticos locales en el estado de Guerrero.

"Estos dos casos no son incidentes aislados en México", dice la carta. "Más bien ilustran un patrón más amplio de violaciones graves de derechos humanos en el país, incluyendo casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y secuestros".

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En la ciudad de México, el Centro Prodh, la organización de derechos humanos Miguel Agustín pro izquierda, saco a la luz lo que describió como documentos oficiales militares del batallón de infantería 102A, que estuvo implicada en la matanza de junio de 2014 de más de 20 personas en Tlatlaya.

Inicialmente el ejército describió el incidente como un enfrentamiento armado, pero los reportes de las noticias y el testimonio de los sobrevivientes más tarde, indicaron que por lo menos una docena de los que fueron asesinados habían sido baleados a muerte después de rendirse o cuando yacían heridos.

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En medio del alboroto, el ejército había acusado finalmente de homicidio  a tres de sus soldados. Pero las preguntas hervían acerca de cómo unos soldados podían tomar ellos mismos la decisión de a matar sin provocación y violar las reglas de contratación del ejército.

El nuevo informe aborda esa cuestión, citando un documento militar que supuestamente dice que  tenían las órdenes de matar.

"Para matar a los delincuentes en horas de oscuridad, las tropas deben operar en la noche, en forma masiva, reduciendo la actividad diurna", dice el supuesto documento del ejército.

La Secretaria de defensa mexicana dijo por teléfono que no tendría una reacción inmediata. La oficina de la Presidencia ha dicho repetidamente que el gobierno respeta los derechos humanos.

Pero tales órdenes sugieren que una investigación de delitos tendría que extenderse a los más altos rangos militares, algo que raramente sucede en México.

El jueves, una sobreviviente de Tlatlaya, por vez primera, se presentó en público. Clara Gómez habló en la conferencia de prensa del Centro Prodh. Su hija de 15 años de edad, Erika, estaba entre los que murieron ese día. Gómez y otras dos mujeres que sobrevivieron, fueron detenidas y han dicho a los investigadores de derechos humanos que fueron torturadas sexualmente para forzarlas al silencio. (Esta semana, siete policías estatales fueron acusados de tortura en relación con el caso.)

"Lo único que quiero es justicia por la ejecución de mi hija, Erika; que los responsables sean castigados", expuso Gómez, enjugándose los ojos. "Sé que mi vida está en peligro, pero yo quiero justicia porque lo que le hicieron a mi hija Dios no lo puede perdonar". 

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