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A un año de la masacre: sobrevivieron el ataque terrorista de San Bernardino, pero se sienten traicionados por el condado

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Después de que un empleado del condado de San Bernardino y su esposa, fuertemente armados, irrumpieran en una celebración de fin de año el pasado 2 de diciembre -en la cual mataron a 14 personas e hirieron a otras 22-, los líderes del condado emitieron un claro mensaje de apoyo para sus trabajadores.

“Los eventos de ese día podrían habernos desgarrado, pero no lo han hecho. Nos han acercado más y hemos recuperado nuestro compromiso de cuidarnos unos a otros”, señaló el presidente de la Junta de Supervisores, James Ramos, en un acto de homenaje en enero pasado.

Sin embargo, un año después, algunos empleados que fueron víctimas del ataque -entre ellos los testigos y algunos de los heridos- aseguran que tales promesas han sido vanas.

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En entrevistas y en una reciente reunión pública los empleados describieron su lucha contra la burocracia del condado, que no proporcionó mucho apoyo en recuperación. En cambio, sienten que fueron dejados solos en su búsqueda de ayuda y que se vieron enredados en un programa de compensación que tiene retrasos y les ha negado ciertas medicaciones y tratamientos necesarios, señalaron.

“Hay un nivel de trauma secundario que todos tenemos”, aseveró Ray Britain, quien era jefe interino de la División de Servicios de Salud Ambiental del condado el día del ataque. “Fuimos abandonados y traicionados por un compañero de trabajo, y cuando pedimos ayuda a nuestros empleadores, muchos fuimos abandonados y traicionados también por ellos”.

Algunos empleados advirtieron que lucharon para hacer frente a la constante incertidumbre sobre si su tratamiento o medicación serán aprobados. En algunos casos explicaron que debieron argumentar en reiteradas veces, o incluso apelar cuando el tratamiento les era negado.

David Wert, vocero del condado, afirmó que cuidar a los afectados por el tiroteo fue una prioridad. “La compensación de los trabajadores requiere que muchas partes hagan lo suyo, y no siempre funciona tan bien como debería”, señaló en su respuesta por escrito a las preguntas. “El condado siempre ha actuado en el mejor interés de los heridos, mejorando las prácticas con el paso del tiempo, y así seguirá haciéndolo”.

Algunos de los problemas parecen inherentes a los programas de compensación de trabajadores de California, que pueden ser difíciles de navegar ya que a menudo se basan en directrices precisas para la aprobación de los tratamientos. Pero el condado también tiene libertad para intervenir en el proceso.

Christine Baker, directora del Departamento de Relaciones Industriales de California, dijo que le recordó al condado esta semana que “tiene plena discreción para proporcionar atención médica, incluso después de una revisión de las directrices. Hemos dicho al condado que estas son circunstancias inusuales, y que tienen que tomar medidas extraordinarias para asumir estos asuntos”, añadió.

Después de que los empleados comenzaran a difundir públicamente sus preocupaciones, los funcionarios del condado señalaron el lunes que contratarían a una firma dedicada exclusivamente a ayudar a procesar el papeleo de los afectados.

Sin embargo, ha habido poco consuelo para las víctimas que luchan hace un año. “No siento que hayan tenido compasión por nosotros”, afirmó Sally Cardinale, de 35 años, una especialista en programas. “Fuimos las víctimas cuando a ellos les convino”.

Hanan Megalla, de 48 años, recibió cuatro disparos el 2 de diciembre de 2015: en la cabeza, el brazo y el pecho. Megalla sufrió daños en los nervios y fracturas óseas; perdió la función en un brazo, tiene dificultad para dormir y con frecuencia sufre de dolores. “Sus médicos siguen pidiendo una terapia física y medicación”, señaló su esposo, Osama Megalla, de 51 años. “Cada vez que el doctor escribe una receta… ellos la niegan”.

Luego de muchos rechazos, afirmó el hombre, algunas medicinas fueron finalmente aprobadas, pero agregó: “Siguen diciéndonos que lo aceptan por única vez, lo cual significa que cada mes tenemos este drama nuevamente; es insoportable”.

Britain, de 48 años, quien supervisaba a la mayoría de los trabajadores en el lugar el 2 de diciembre pasado, estaba sentado en una mesa cuando los tiradores ingresaron a la sala. “Estaba sentado en la cabecera y vi cómo todo ocurría”, recordó. “Me quedé congelado cuando él entró; estaba conmocionado y no podía creer lo que estaba ocurriendo”.

Aunque Britain fue herido, sobrevivió pero pronto comprendió que necesitaría tratamiento psicológico. Cuando intentó conseguirlo, los funcionarios del condado “nos hicieron sentir avergonzados por requerir ayuda si no teníamos lesiones físicas”, comentó. “Todo ha sido una pelea. Tuve que luchar para ingresar en el proceso de compensación, y una vez allí comprendí que el sistema tiene grandes fallas… Cada mes te preguntas si tu medicación será aprobada, qué será rechazado, qué será aprobado con demoras”.

Las políticas y procedimientos requeridos para la compensación de empleados -que jamás fueron pensados para víctimas de ataques terroristas- pueden ser desalentadores.

Los trabajadores deben primero presentar una solicitud a un tasados del condado. Si dicha persona no lo aprueba, el pedido es reenviado a “revisión de uso”, un sector liderado por médicos en una firma contratada por el condado.

Baker, del Departamento de Relaciones Industriales, señaló que las autoridades estatales han informado que algunos tratamientos que se someten a extensas revisiones de nivel superior podrían directamente ser aprobados por el condado.

A menudo, los empleados y sus familiares han sido bloqueados a cada paso del proceso. Muchos de ellos se han sentido particularmente frustrados durante las revisiones por médicos desconocidos, que no tratan al paciente.

En un caso revisado por The Times, una mujer que había sido baleada pidió autorización para consultar con un psicólogo. Cinco meses después del ataque, sufría de trastorno de estrés postraumático y tenía ataques de llanto; era incapaz de dormir y estaba obsesionada por las pesadillas, según los registros.

El médico de revisión le negó la solicitud porque “ya se habían realizado la evaluación psicológica y el tratamiento”, muestran los registros.

El condado podría cambiar las decisiones tomadas en las revisiones, señaló el vocero Wert, pero argumentó que hacerlo estaría mal. “En casos de prescripciones y tratamientos médicos, hacerlo sería incorrecto para el condado, que no es un médico. Eso también podría dañar al paciente, hacer que el condado sea responsable de cualquier cosa que salga mal y, por ende, resultar en la cancelación de su seguro”.

La decisión de la revisión también puede ser apelada ante el estado para su revisión independiente. La abogada Geraldine Ly, quien representa a nueve de las víctimas, señaló que en su experiencia esas apelaciones de tratamientos son rechazadas abrumadoramente.

Wert aseguró que los retrasos a menudo surgen porque los médicos de los empleados no presentan la documentación para aprobar el tratamiento. Para algunos pacientes, el número de tratamientos y medicaciones recomendadas por sus doctores fueron detallados con precisión en la documentación, pero luego rechazados porque los médicos de las revisiones determinaron que esos tratamientos no cumplían con sus directrices, muestran los registros.

Cardinale, especialista en programas, estaba en el baño cuando comenzó el tiroteo y, junto con otras tres personas, se escondió en un cubículo, con los pies sobre el inodoro para que sus pies no se vieran por debajo de la puerta. Ella ha querido volver a trabajar -y lo hizo durante casi seis meses- pero sufría de ansiedad y ataques de pánico.

En noviembre se le comunicó que su medicación para la ansiedad, antidepresivos y otros no serían aprobados. “La reclamante ya debería haber dejado este medicamento”, dice el informe acerca de la medicina que el propio médico de Cardinale había recetado.

El mismo informe señalaba que sufre de estrés postraumático y que sus síntomas se exacerbaron por el aniversario del 11 de Septiembre. “Mi psiquiatra cree que necesito la medicación; por eso escribió la receta”, asegura ella.

Cardinale y otros aseguran que son reacios a plantear públicamente sus preocupaciones porque hablar sobre el ataque y sus consecuencias es extremadamente doloroso. Pero en las últimas semanas decidieron hacerlo porque no tenían otra opción.

El lunes, las víctimas y sus partidarios hablaron en una reunión de la Junta de Supervisores. Julie Swann-Páez, quien recibió un disparo, expresó su frustración ante los supervisores del condado por la forma en que los empleados habían sido tratados durante todo el año. “No sentimos que nos traten como miembros de la familia”, afirmó. “Somos como los hijastros desagradables para ustedes; si no salimos en la foto, mucho mejor”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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