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Para algunos migrantes en Texas, recibir cuidado médico significa pasar por un retén migratorio

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La principal preocupación de Elías Soto Sánchez mientras una ambulancia lo llevaba rumbo al norte a un hospital en San Antonio no era su pie derecho fracturado... sino su esposa.

“No puedes ir conmigo”, recuerda Blanca Soto que le dijo su marido cuando la llamó desde la ambulancia.

La pareja ha criado a tres niños en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, desde que hace 13 años cruzaron ilegalmente desde su natal México. Ellos han hecho todo lo posible para quedarse en el Valle de Río Grande cerca de la frontera y evitar el retén de la Patrulla Fronteriza que está sobre la carretera rumbo al norte.

Pero cuando Soto, de 48 años, se cayó y se rompió el pie el pasado 4 de diciembre, un doctor local le dijo que tenía que ver a un especialista para operarse, aproximadamente 275 millas al norte, en San Antonio, más allá del punto de control migratorio.

“Él le dijo a los doctores, ‘no tengo documentos’. Ellos le dijeron que podía ir. Dijeron que nada le pasaría”, dijo Blanca Soto, de 46 años. “Ellos dijeron, ‘no llamaremos a inmigración’”.

Pero la ambulancia fue detenida en el punto de control, una estación rural aproximadamente 75 millas al norte de la frontera, sobre el Highway 281 que lleva a San Antonio y Houston. Los funcionarios de inmigración detuvieron a Soto para interrogarlo antes de que eventualmente lo dejaran continuar, pero le dijeron que sería detenido. En el hospital, ellos pusieron a un guardia en su habitación y no le permitieron hablar con su esposa u otros parientes.

Quienes viven en el Valle sin estatus legal aprenden a andar en la vida mientras mantienen un bajo perfil, pero problemas médicos más allá de la capacidad de los doctores locales representan una peligrosa opción: renuncie al tratamiento o arriésguese a una deportación.

Buscar tratamiento es “un riesgo que muchas personas no están dispuestas a tomar porque significaría la separación de sus familias”, dijo Ana Rodríguez DeFrates, directora de la Red Latina de Defensores de Texas. “Esto es lo que ellos nos dicen: ‘Mis niños son ciudadanos, yo no soy y no quiero abandonarlos’. Así que viven con el dolor.

“Escuchamos de mujeres qué han pasado cinco años, 10 años sin un papanicolau”, dijo. “Mucha gente [fuera del Valle de Río Grande] no sabe que esos puntos de control existen tan adentro en el territorio y que restringen el acceso. No es algo que se reconozca como un problema”.

Hay sólo dos carreteras importantes que conducen al norte del Valle, y cada una tiene un retén —sobre el Highway 281 en Falfurrias y sobre el Highway 77 en Kingsville, aproximadamente 40 millas al noreste.

De los 33 puntos de control de inmigración de la Oficina de Inmigración y Aduanas dentro de las primeras 75 millas desde la frontera sur, el de Falfurrias está entre los más ocupados. Los agentes de inmigración que están ampliando sus instalaciones, dicen que es una valiosa herramienta para disuadir y atrapar a contrabandistas.

Soto contrató a un abogado, rechazó aceptar una deportación voluntaria y se le permitió dejar el hospital aproximadamente una semana más tarde sin una fianza. Debido a los retrasos en los tribunales de inmigración, su caso no está programado para ser escuchado durante algunos años. Pero de todos modos su familia está preocupada.

“Él es un hombre responsable, un hombre de familia, nunca bebe, no tiene antecedentes penales”, dijo su esposa. “Dependemos de él. Estamos sufriendo por él”.

Su abogado, Francisco Steven Tipton, dijo que no era insólito que las ambulancias sean detenidas en los puntos de control y que las familias sean separadas por esa causa.

“Hemos tenido clientes donde hay un niño que va en la ambulancia con la madre, y ellos detienen a la madre y le dicen que no puede ir con ellos”, dijo Tipton.

Tipton le dice a sus clientes que necesitan tratamiento médico más allá de los puntos de control, que si no es de emergencia esperen hasta que archiven peticiones para obtener un estatus legal y tengan la documentación para mostrársela a los agentes en los retenes. La táctica funciona, aunque “a veces ellos se encontrarán con un oficial que los hará pasar un mal rato”, dijo.

En las semanas después de que Soto fue detenido, Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle de Río Grande, caminó alrededor del punto de control mientras una docena de agentes inspeccionaban carros, unos con la ayuda de perros pastor alemán que pueden oler si hay drogas. Un banco de cámaras registra los procedimientos.

En Falfurrias, por lo regular hay una corriente estable de tránsito, pero no tanto como en los puntos de control en California, como el de la Interestatal 5 en San Clemente, haciéndolo más fácil para detener y revisar a la gente, dijo. Era temprano en la mañana, y ya los agentes habían detenido a una mujer y habían encontrado cocaína.

“Mi estrategia es mantener toda la actividad lo más cerca posible de la frontera”, dijo Ortiz.

“El Highway 281 es usado por traficantes humanos, mensajeros de dinero, traficantes de drogas —toda esa actividad que se dirige al norte”, dijo él, llamándolo “uno de los puntos de control más ocupados del país —y uno de los más productivos”.

Chris Cabrera, un portavoz de la Patrulla Fronteriza con base en el Valle de Río Grande, solía trabajar en el punto de control de Falfurrias por meses y lo llamó “un instrumento muy útil”.

“Entiendo que la gente tenga miedo de manejar por ahí”, dijo.

Contrabandistas humanos tratan de evadir el punto de control dejando a los inmigrantes al sur de Falfurrias, con la promesa de recogerlos un poco al norte. Los migrantes tienen que caminar por terrenos de rancherías para llegar a su destino. Algunos han muerto en el viaje; hace dos semanas, los agentes ayudaron a las autoridades del sheriff a recuperar los restos de una mujer inmigrante encontrada cerca del retén de Kingsville.

Eddie Canales, quien dirige el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, responde a llamadas de migrantes desaparecidos y busca los restos con los rancheros y los agentes locales del sheriff del condado Brooks. La oficina del sheriff ha lidiado con 23 muertes de inmigrantes desde octubre, y 390 durante los pasados cinco años.

“Siempre ha sido una sugerencia de la comunidad de rancheros: ‘Pueden poner [el punto de control] en algún sitio del sur’” de Falfurrias, donde el terreno es menos duro, dijo Canales. “Seguramente eliminaría a mucha gente perdida y muriendo al tratar de rodear el retén”.

Ortiz dijo que los agentes estaban tratando de hacer más para atrapar a los migrantes y prevenir más muertes. Y él dijo que ellos tienen que detener a las ambulancias porque “encontramos vehículos clonados todo el tiempo” —vehículos hechos para parecer ambulancias, camiones de UPS, camiones de reparación de empresas telefónicas y pipas de petróleo, con gente escondida en su interior, congeladores y letrinas.

Si alguien está siendo transportado para tratamiento médico, dijo, los hospitales a menudo llaman al punto de control y los agentes tratan de facilitar su paso, pero los agentes todavía tienen que detener a los pacientes para comprobar su situación migratoria y potencial récord criminal.

“Si pasas por el punto de control estás sujeto a los procedimientos de inmigración. No tengo la autoridad para decir que eres un buen tipo, dejarlos pasar”, dijo Ortiz.

La construcción está proceso para ampliar el retén, doblando su tamaño a 16 carriles durante los próximos dos años, con un costo de $20 a $25 millones.

Rodriguez, de la Red Latina de Defensores de Texas, dijo que para mujeres en el Valle, el acceso a un aborto y planificación familiar es otro problema. Una nueva ley de Texas que ha sido desafiada en una demanda pendiente ante la Suprema Corte de Estados Unidos ha dejado al Valle con solo una clínica de aborto, que podría cerrarse si el alto tribunal permite que la ley sea puesta en vigor. La siguiente clínica más cercana está en San Antonio.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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