Homicidio enciende el debate sobre la inmigración indocumentada
Manifestantes que desean que los inmigrantes ilegales sean deportados hicieron su protesta el 13 de agosto, cerca de la corte de Santa María.
La semana pasada, Inice Edwards era uno entre las dos docenas de manifestantes afuera de las instalaciones de la corte cuando compareció Victor Aureliano Martínez Ramírez para enfrentar cargos por la violación, tortura y muerte de una mujer del condado de Santa Bárbara.
Ramírez, de 29 años, estaba viviendo ilegalmente en el país cuando ocurrió el ataque el 24 de julio, además había sido detenido varias veces en los últimos años por una variedad de ofensas. La policía dice que fue liberado de la cárcel días antes de que él y otro hombre irrumpieran en la casa de Marilyn Pharis de 64 años, y la atacaran con un martillo y la agredieran sexualmente.
Pharis murió el 1 de Agosto como resultado del ataque.
“No entiendo por qué los ilegales tienen todos estos derechos”, dijo Edwards, de 78 años, un residente de Santa María. “Él nunca debió de haber tenido la oportunidad de hacer lo que hizo”.
De pie al otro lado de la calle estaban dos docenas de contra manifestantes, entre ellos Arnulfo Romero, de 55 años, también residente de esta ciudad mayormente agrícola y sobre todo Latina de 100,000 habitantes. Romero, dueño de una mueblería, ha vivido en Santa María desde 1969, desde que llegó a los Estados Unidos como residente legal proveniente de Zacatecas, México.
El está de acuerdo con los manifestantes de que Ramírez debió haber sido deportado. Pero dijo que el asesinato, junto con un caso en San Francisco, estaba siendo utilizado por los políticos y expertos para acusar a todos los inmigrantes latinos en Estados Unidos
“Cuando la gente blanca se matan unos a otros dicen que es debido a problemas mentales”, explicó. “Entonces usan estos casos para irse en contra de cualquier y de todos los latinos aquí”.
El caso de Ramírez ha servido como otro punto de conflicto en el debate nacional sobre la inmigración ilegal. Muchos lo han comparado con el caso de Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante mexicano acusado de la muerte a tiros de Kathryn Steinle, de 32 años, 14 Pier en San Francisco el 1 de julio.
López Sánchez había sido deportado cinco veces y tenía siete delitos graves en su expediente.
El brutal asalto a Pharis también se convirtió en noticia nacional y ha revuelto las emociones entre los residentes de Santa María, una ciudad que es más conocida por su estilo de carnes tri-tip y por sus extensos cultivos de fresas que por delitos violentos.
Los latinos conforman el 70% de los residentes de la ciudad, un gran salto desde 1990 cuando el grupo estaba formaba el 45% de la población. Los blancos representan el 20% de los residentes.
El creciente número de Latinos están dándose a conocer en la política de la ciudad.
El cambio demográfico ha dado lugar a más activismo Latino. Miles salieron a las calles el año pasado para protestar contra una propuesta para construir un centro de procesamiento para delincuentes convictos que están ilegalmente en el país.
Un cabildo en desacuerdo aprobó el arriba mencionado centro en una votación de 3-2, pero esas grandes protestas señalaron la llegada de los Latinos, indicó Hazel Davalos, jefe del capítulo de Santa María de Coastal Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE por sus siglas en inglés), una organización que ayuda a las familias trabajadoras de la región.
El caso de Ramírez, las protestas resultantes y la contra protestas son parte de un complejo drama que se desarrolla en Santa María, la ciudad más grande en el condado de Santa Bárbara y ya no el bastión conservador que alguna vez fue.
“En años pasados, usted hubiera visto al tea party y a los manifestantes anti-inmigrantes salirse con la suya y culpando a los inmigrantes y nadie hubiera dicho lo contrario o hubiera hablado en contra de ello”, dijo Dávalos. “Los mexicanos y Latinos se están defendiendo ahora mientras que antes quizá no lo hubiéramos hecho”.
A pesar de los casos de Ramírez y López Sánchez, los estudios nacionales no han encontrado ningún vínculo entre el número de personas viven ilegalmente en el país y la cantidad de delitos violentos en cualquier área dada.
En los últimos años, muchas ciudades en el sur de California incluyendo Los Ángeles y en todo el país, han experimentado algunos de sus niveles más bajos de crímenes violentos, incluyendo los homicidios en las últimas décadas, mientras que el número de personas en los Estados Unidos ilegalmente ha aumentado a un estimado de 11 millones.
Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí
