Editorial: Los agentes de inmigración vienen por nuestros estudiantes
Manifestantes a favor de las familias separadas por migración en National City, California, el 6 de junio. (David Maung / EPA)
La mañana del 18 de mayo, Claudia Rueda, una estudiante de Cal State Los Ángeles, desapareció en el este de la ciudad. La activista de los derechos de los inmigrantes, de 22 años de edad, salió de la casa de su tía para mover el vehículo de su madre y dejar así espacio para el servicio de limpieza de las calles, y nunca regresó. Horas después, su familia se enteró de que había sido rodeada por tres vehículos sin identificación, que transportaban cerca de nueve oficiales encubiertos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes la llevaron a un centro de detención a 130 millas de distancia.
Claudia se especializa en Estudios Latinoamericanos en la mencionada universidad, donde somos parte del profesorado. En el momento de su detención, estaba inscrita en uno de nuestros cursos sobre política de inmigración de los Estados Unidos, que estudia los efectos de la deportación sobre las familias y comunidades.
Este tema no sólo era académico para ella, sino cercano a su realidad. Una vez, en clase, preguntó: “¿Por qué no hay más personas que abogan por los derechos de los inmigrantes, o en contra de la creación adicional de ilegalidad, cuando las poblaciones de niños y padres en las fronteras sufren debido a las políticas de los Estados Unidos?”.
Aunque es elegible para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que la protegería contra la deportación, su familia no pudo afrontar el pago de la solicitud, de $500. Claudia se preocupaba constantemente de que ella o uno de sus familiares fuesen deportados del país donde han vivido durante más de 15 años.
A finales de abril, parecía que los peores temores de Claudia se habían concretado cuando su madre, Teresa Vidal-Jaime, fue detenida en una redada en busca de drogas realizada por un equipo especial conjunto de la CBP y el sheriff del Condado de Los Ángeles, en el complejo de apartamentos donde vivían.
Aunque Vidal-Jaime no fue acusada de un delito, fue detenida por los agentes de inmigración por exceder el plazo de su visa. Vidal-Jaime fue puesta en libertad por una corte de inmigración con una fianza de $2,000, gracias en parte a una campaña de alto perfil encabezada por la Coalición de Jóvenes Inmigrantes de Los Ángeles, de la cual Claudia es miembro.
Menos de una semana más tarde, la CBP regresó al este de Los Ángeles en busca de Claudia. Los residentes informaron que decenas de agentes tocaron las puertas de su antiguo edificio y la de la casa de su tía, en busca de información acerca del paradero de Claudia, e incluso siguieron a sus vecinos por millas en su camino al trabajo para cuestionarlos y, en algunos casos, detenerlos.
En total, la CBP arrestó a siete miembros de la comunidad ese día, incluyendo a Claudia y varios vecinos de su edificio. Aunque ninguno tenía antecedentes criminales, cuatro fueron deportados a Tijuana dentro de las 24 horas sin haber siquiera visto a un juez o a un abogado, y los demás están detenidos y en peligro de deportación. La CBP alega que estas detenciones fueron parte de una “investigación criminal”, pero no entregó ninguna evidencia que conecte a Claudia o las demás personas con cualquier delito.
Claudia es el rostro del control migratorio en el marco de la administración de Trump. Bajo las actuales directrices ejecutivas, cualquier inmigrante sospechoso de un crimen, incluso si nunca ha sido detenido, acusado o condenado, se convierte en una prioridad para la deportación.
El proceso legal debido básico, como el derecho a conocer los cargos y las pruebas en su contra, está ausente en el sistema de inmigración. Esta política ha llevado a un aumento del 32% en las detenciones de inmigrantes en los primeros tres meses de la presidencia de Trump, en comparación con el mismo período del año pasado, y a un incremento del 100% en la detención de personas sin antecedentes penales o con sólo infracciones menores de tránsito.
“Las investigaciones criminales” sirven de pretexto para una política de deportación masiva de inmigrantes que tienen profundos lazos en las comunidades locales.
Trump afirmó recientemente: “No vamos tras los Dreamers. Vamos a por los criminales”. Sin embargo, los datos muestran un aumento del 25% en la deportación de los Dreamers, como son conocidos los destinatarios del DACA, en los primeros tres meses de la presidencia de Trump, en comparación con el mismo período del año anterior. Los jóvenes inmigrantes que se encuentran con la policía son más propensos a perder su estatus DACA y a ser detenidos por el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El caso de Claudia también ilustra la práctica evidente del gobierno de perseguir a los activistas indocumentados que cuestionan sus políticas de inmigración. El arresto de Claudia, realizado menos de una semana después de que su madre fuera liberada, parece una venganza por parte de la CBP, por su activismo y liderazgo. Ella es una de varios jóvenes activistas que desde la toma de poder de Trump han sido blanco de las agencias de inmigración en lo que parece ser un intento de silenciarlos.
En marzo último, agentes encubiertos del ICE arrestaron en Vermont a tres prominentes activistas indocumentados asociados con el grupo Migrant Justice, todos ellos menores de 25 años. Ese mismo mes, agentes encubiertos del ICE detuvieron en Mississippi a Daniela Vargas, una destinataria del DACA de 22 años de edad, después de que la joven hablara en un mitin donde se pidió al gobierno de Trump establecer un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes.
Aquellas personas preocupadas sobre el creciente autoritarismo en el gobierno de los Estados Unidos deben estar profundamente perturbadas por la experiencia de Claudia.
Después de cuatro semanas en prisión sin ver a un juez, la joven finalmente tendrá una audiencia de fianza este viernes. ICE puede y debe ejercer su autoridad para ponerla en libertad inmediatamente y procesar su solicitud para el programa DACA.
Los políticos locales y estatales que prometieron crear santuarios para los residentes como ella necesitan asegurarse de que los organismos locales del orden no utilicen los valiosos recursos públicos para sembrar miedo y colaborar con los controles inmigratorios.
Beth Baker es profesora de antropología y Alejandra Marchevsky es profesora de estudios liberales, de género y sexualidad de las mujeres, en Cal State Los Ángeles.
Traducción: Diana Cervantes
