Oficiales cambian sus historias sobre golpiza a visitante de la cárcel

Dos oficiales del Sheriff del Condado de Los Angeles han conseguido acuerdos con los fiscales

Todos los oficiales del sheriff contaron la misma historia.

Los oficiales dijeron que un hombre que visitaba a su hermano en la cárcel del Condado de Los Angeles luchó con ellos en un área de espera y tuvo que ser controlado. Los cinco oficiales involucrados en la lucha negaron rotundamente las acusaciones hechas por el  hombre, quien dice que le colocaron esposas y luego fue golpeado.

La versión del incidente dada por los oficiales permaneció sin cambios bajo el escrutinio por parte de los investigadores internos del Sheriff, la oficina del Fiscal del Distrito y los abogados defensores del hombre. Ninguno de los oficiales ni siquiera titubeo cuando las autoridades federales obtuvieron un procesamiento acusándolos de agresión y violaciones a los derechos civiles.

Pero ahora dos de los oficiales han cambiado sus historias.

Con su juicio programado para iniciar a finales de este mes, ambos oficiales han conseguido acuerdos con los fiscales, los cuales requieren que se declaren culpable de los cargos criminales y, si se les solicita, testificar en contra de sus antiguos colegas, muestran los registros de la corte.

Bajo los términos del acuerdo que el oficial Noel Womack firmó la semana pasada, les proporcionó a los fiscales una nueva versión del violento encuentro que se dio en el 2011 en una habitación aislada y sin ventanas localizada dentro de las instalaciones de la Cárcel Central para Hombres. De acuerdo a una copia del acuerdo revisada por el Times, Womack dijo que los oficiales golpearon al visitante de la cárcel aun cuando el hombre estaba esposado y no se resistía mientras lo mantenían sujetado en el piso.

Womack ha accedido a declararse culpable a un cargo de delito grave por mentirles a los agentes del FBI, durante una entrevista que le realizaron el mes pasado, cuando les dijo que no sabía si el visitante estaba esposado, dice el acuerdo. Admitió haber mentido de nuevo cuando les dijo a los agentes que su supervisor le había ordenado que golpeara al hombre y mintió una tercera vez cuando dijo que los golpes que le otorgó al hombre habían sido necesarios, establece el acuerdo.

Pantamitr Zunggeemoge, el segundo oficial, se declaró culpable a principios de este año, según muestran los registros de la corte. El acuerdo realizado entre los fiscales y Zunggeemoge, quien se enfrentaba a varias denuncias de abuso y deshonestidad, fue sellado por el juez del distrito de Estados Unidos George H. King, manteniendo sus detalles en secreto.

Pero una presentación ante el tribunal realizada por otro acusado el mes pasado decía que Zunggeemoge, también, les ha dicho a los fiscales que el visitante estaba esposado durante el incidente. Los documentos presentados decían que en su declaración ante los fiscales, Zunggeemoge dijo que los oficiales habían inventado una historia que decía que sólo una de las manos del hombre estaba esposada para así justificar el uso de la fuerza. Los documentos también afirmaban que Zunggeemoge accedió a cooperar plenamente y testificar para el gobierno si los fiscales lo llaman como testigo.

Aunque el hacer tratos para evitar las condenas largas es un elemento básico del sistema de justicia, la capacidad de la fiscalía para extraer declaraciones de culpabilidad en este caso es sorprendente porque las expectativas de solidaridad son muy profundas entre los oficiales de la ley. En su acuerdo de admisión de culpabilidad con Womack, los fiscales dijeron que las acciones de Womack destacan las presiones bajo las que se encuentran los oficiales del Sheriff para presentar un frente unido.

“Womack continuó mintiendo porque había aprendido que una vez que un oficial del Sheriff ha redactado los acontecimientos de un incidente en un informe, desde ese punto en adelante, el oficial del sheriff debe mantener esa versión de los hechos, incluso si son mentiras”, escribieron los fiscales. “Womack comprendía que nunca debía ir en contra de sus compañeros”.

El acuerdo de Womack exige que renuncie a su empleo en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles, y será prohibido de trabajar en las agencias de cumplimiento de la ley. Por su parte, los fiscales le recomendarán al juez que Womack no reciba sentencia de prisión, según su acuerdo. El juez podría optar por ignorar la sugerencia y condenar a Womack hasta con cinco años en prisión, muestran los documentos de la corte.

Dado que el acuerdo de Zunggeemoge está sellado, cualquier recomendación, si es que hubiera, que hicieran los fiscales en su nombre se desconoce. Su abogado y el asistente del Fiscal de Estados Unidos Brandon Fox se negaron a dar un comentario.

Los acuerdos marcan la primera vez en las últimas dos décadas en que un oficial del Sheriff ha sido condenado en un tribunal federal por crímenes relacionados al uso de la fuerza excesiva, dijo un portavoz para la oficina del Fiscal de Estados Unidos. El año pasado, la oficina aseguró sentencias en contra de siete oficiales del Sheriff acusados de obstruir la investigación del FBI sobre reclamaciones de brutalidad por parte de los oficiales en la cárcel.

Pero Joseph Avrahamy, un abogado que representa a uno de los otros acusados, el sargento Eric González, un supervisor del centro de visitantes de la cárcel que trabajó el día del incidente, dijo que el cambio de Womack y Zunggeemoge son apuestas transparentes para protegerse a sí mismos a expensas de los otros oficiales.

“Van a tener serios problemas de credibilidad”, dijo Avrahamy del par de oficiales. “Han sido muy consistentes a lo largo de sus versiones de lo que sucedió y ahora, de repente, están cambiando sus historias. Creo que un jurado será capaz de ver la verdad a través de eso. Antes nunca hubo un motivo para que ellos mintieran, ahora sí lo hay.

Junto con Womack, Zunggeemoge y González, la acusación del gran jurado inculpa a los oficiales Sussie Ayala y Fernando Luviano de violaciones a los derechos civiles. González, Ayala y Luviano se han declarado no culpables.

El abogado de Luviano, Bernard Rosen, reconoció que la decisión de los dos oficiales para cooperar con los fiscales plantea problemas potenciales. Pero resto importancia a lo que podrían testificar en el estrado, diciendo que sus nuevas versiones del incidente “apoyan mucho” de lo que Luviano sostiene que ocurrió. Rosen se negó a profundizar más sobre el tema.

“En cualquier momento en que el gobierno le dice a un jurado que tienen a más de un testigo, eso hace que las cosas sean más difíciles”, dijo Rosen. “Mi cliente insiste en que  irá a juicio y está confiado en que será exonerado… Algunas personas están deseando que llegue su día en la corte, otros no”.

Las acusaciones contra el grupo provienen de varios encuentros con los visitantes de la  instalación principal de la cárcel del Departamento del Sheriff que se dieron en el 2010 y el 2011. En cada uno de los episodios, algunos o todos los oficiales están acusados de detener a personas sin tener motivos legítimos y, en todos excepto uno de los incidentes, agredirlos en una habitación que utilizan los oficiales durante sus descansos.

 

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