No tuvo hogar durante años, pero tampoco podía probarlo para obtener ayuda del condado

No tuvo hogar durante años, pero tampoco podía probarlo para obtener ayuda del condado

Cuando fue dado de alta en su tratamiento de desintoxicación, Rory Gallegos no tenía dónde ir; así que hizo de las calles su hogar.

Un año más tarde, pensó que había hallado un hogar cuando Hillview Mental Health Center, en Pacoima, le ofreció un apartamento con servicios de salud mental incluidos.

Sin embargo, para ser elegible al vale que pagaría por la habitación, Gallegos primero debía probar que estaba sin hogar de forma crónica. El hombre no pudo reunir los documentos necesarios.

Durante otro año languideció en un burocrático patrón de espera y vivió en un refugio para dar crédito de su falta de vivienda, mientras Hillview seguía teniendo una habitación en espera para él.

Así, Gallegos quedó atrapado en una transición histórica en términos de política de vivienda, mientras el gobierno federal lucha para repartir los inadecuados y escasos recursos entre los más necesitados. El cambio implicó un alejamiento de las listas de espera y una aproximación hacia un sistema de clasificación de desamparo.

Cerca de tres cuartas partes de las 50,000 personas sin hogar del condado de Los Ángeles viven en las calles, y hay muy pocas unidades vacantes para albergar a una fracción de ellos.

Para resolver quiénes serán los pocos que recibirán una alternativa de vivienda, de entre los muchos que la necesitan, se ha desarrollado un complejo -y a veces confuso- manual de reglas que, por ejemplo, define la falta crónica de vivienda, establece normas para documentarla y evalúa a cada solicitante en una escala competitiva.

Podría decirse que es un sistema que premia la equidad y la eficiencia por sobre el toque humano.

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 Gallegos es uno de los más de 21,000 residentes del condado de L.A. que ha ingresado a una base de datos llamada HMIS, por ‘Homeless Management Information System’

Poco más de 1,100 de ellos ya han recibido viviendas, y la lista crece más rápido que la disponibilidad de hogares.

Para entrar en el concurso, cada solicitante debe completar la herramienta de ayuda llamada ‘Índice de vulnerabilidad-Decisión de priorización de servicio’, conocida para los administradores de los casos como VI-SPADAT, por sus siglas en inglés.

La VI-SPADAT se compone de 44 preguntas que indagan en el bienestar físico y mental del interesado y que están diseñadas, en términos clínicos, para evaluar quién tiene más probabilidades de morir en la calle. Entre ellas se incluye, por ejemplo, “¿Ha intentado -o amenazado con- hacerse daño a sí mismo o a otros en el último año?, ¿Tiene usted planeadas actividades, además de sólo sobrevivir, que lo hagan sentir feliz y satisfecho?”

Sobre la base de las respuestas, un asistente social completa la hoja de resultados. Todo el mundo recibe un número, del 1 al 17.

Bajo un régimen de políticas de viviendas federales y locales creado por el creciente foco en la falta de vivienda, los vales para habitaciones o departamentos para programas como el de Hillview se entregan en primer lugar a aquellos que obtengan las puntuaciones más altas.

Simplemente ‘no tener hogar’ no es suficiente para obtener un puntaje elevado. Un solicitante debe haber estado sin vivienda al menos un año, o cuatro veces durante un periodo de tres años, y tener algún impedimento, como una enfermedad mental, o adicción al alcohol o drogas, todo lo cual disminuiría la posibilidad de vivir de forma independiente.

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Cuando Gallegos se convirtió en paciente de Hillview, en 2013, no necesitaba competir. La entidad tenía un contrato con el Departamento de Salud Mental del condado de L.A. para utilizar un nuevo programa de vales federales llamado Shelter Plus Care en su centro de apartamentos de 75 unidades. Sólo se mantenía una lista de espera de los pacientes que recibirían las habitaciones a medida que éstas estaban disponibles.

Gallegos estaba en esa lista, ya casi en la parte superior. El sistema funcionaba bien para Hillview y le permitía hospedar a sus propios pacientes, quienes se beneficiaban de contar con un asesor y servicios de salud durante las 24 horas.

Pero el sistema no funcionaba bien en todas partes.

Raymond Fuentes, gerente de colocación de Skid Row Trusting Fund, se enfrentaba a una pesadilla cada vez que abría la lista de espera para algunos de los centros habitacionales de la agencia, ubicados en el centro de la ciudad. “Decir que uno abriría una lista de espera se traducía en: ‘Este tipo va a repartir vales de la Sección 8 para las primeras 10 personas’”, cuenta Fuentes. “Se reunían cientos de personas; se creaba un gran caos”.

Las listas eran por orden de llegada, y los solicitantes hacían cualquier cosa por ocupar los primeros lugares en la fila, afirmó Fuentes. Quienes más necesitaban una vivienda eran, a menudo, los menos competitivos. Muchos de ellos siquiera se molestaban en ponerse en la fila.

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En 2014, el cambio se puso en marcha. El Congreso había establecido la “vivienda primero” como política federal. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) dejó en claro que las agencias locales debían desarrollar un criterio detallado para clasificar a los solicitantes.

“Se trata de un cambio fundamental”, aseguró Ann Marie Oliva, subsecretaria adjunta de necesidades especiales del HUD. “En lugar de que los proveedores individuales decidan a quiénes beneficiarán los programas, las comunidades deberán crear estándares que lo determinen. Esto puede ser complejo de hacer para los proveedores locales, y tomará un tiempo”.

Los defensores de personas sin hogar en L.A. diseñaron un sistema llamado ‘ingreso coordinado’ para decidir quién recibe vivienda permanente. Las nuevas reglas, dadas a conocer en el otoño de 2014, invalidaron la lista de espera de Hillview y dejaron a Gallegos nuevamente en medio de una lista de espera con todos los necesitados.

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En teoría, Gallegos tenía buenas perspectivas de lograrlo. Una lesión en la espalda marginó su empleo a tiempo completo como obrero; fue diagnosticado con enfermedad mental (aunque prefirió no detallar específicamente cuál es su condición). “Tener una enfermedad mental es algo malo”, dijo. “Y si a eso le agregas la adicción…”.

El hombre intentó ingresar a Tarzana Treatment Center, pero Medi-Cal no lo cubría, afirmó. Poco después, fue remitido a Redgate Memorial Recovery Center, en Long Beach, para su rehabilitación. Después de 14 días fue dado de alta y se dirigió a las calles 130th y San Pedro, contó, donde se quedó durante todo un año.

Para ver a su terapeuta debía tomar la Green Line, de Metro, hasta la Blue Line y luego combinar con la Red Line. En la estación North Hollywood tomaba el autobús 224 y después el 233 hasta Pacoima. Pero su historia resultó ser irrelevante cuando un trabajador llevó el caso a la Autoridad de la Vivienda de la ciudad, en Wilshire Boulevard, para solicitar su vale de vivienda. Las nuevas reglas ya habían entrado en vigor y Gallegos no estaba en la base de datos.

Axel Cortes, coordinador de vivienda de Hillview, logró incorporarlo a la base de datos en octubre de 2014 y lo acompañó hasta el centro de la ciudad para volver a inscribirse. Pero Gallegos fue rechazado una vez más. Las normas de HUD requerían la verificación de la situación de desamparo por parte de terceros, con fechas de inicio y fin. Las letras que Cortes llevó de un banco de alimentos no tenían esos datos. “Les dije: ‘Él es un desamparado’”, señaló Cortes. “Pero ellos respondieron: ‘Tiene que haber fechas específicas’”.

El coordinador le solicitó entonces al banco de alimentos que reescribiera las cartas, incluyendo las fechas, pero el banco quitó la palabra ‘desamparado’ porque no podía dar fe de que en realidad Gallegos hubiera estado sin hogar todo el tiempo que recibió ayuda. Por ende, la nueva carta tampoco sirvió para convencer a la trabajadora de la Autoridad de la Vivienda. “La mujer me respondió que la nota necesitaba contar con información más específica, pero eso era lo mejor que podíamos conseguir”. “Me rechazaron de vuelta”, agregó Gallegos, con un atisbo de desesperación en su voz.

Allí fue cuando Cortes lo refirió al refugio dirigido por L.A. Family Housing en un motel reconvertido, donde se alojan hasta 250 hombres y mujeres, a razón de tres o cuatro personas por habitación. Pero, en ese entorno, a Gallegos le resultaba difícil evitar las drogas y el alcohol, y tuvo recaídas. Ahora, sin embargo, asegura que está sobrio hace meses.

“Me siento feliz porque él perseveró y se mantuvo fuerte”, expresó Cortes, quien dejó su empleo en Hillview -el cual, dijo, era agotador a nivel emocional- para volver a la universidad. “Hay otros pacientes que no tienen esa fuerza. A veces, no sé si los volveré a ver”.

Después de nueve meses, Gallegos finalmente obtuvo su certificación como ‘desamparado crónico’. Para entonces, sin embargo, se había deteriorado de vivir en medio de otras personas sin hogar. “En el tercer intento, decidí que quería mi propio apartamento”, aseguró.

Después de dos meses de búsqueda de una vacante que aceptara su vale personal de Sección 8, Gallegos se hartó de la vida en el refugio, y convenció a una amiga a quien conoció durante su rehabilitación para que le permitiera vivir con ella.

Pese a todo, sigue buscando su propio hogar. Las únicas posibilidades que ha encontrado están en una zona a la cual no piensa volver: su antiguo barrio, donde comenzaron sus problemas. “Yo quiero seguir adelante con mi vida; no quiero volver atrás”, expresó.

Pero el tiempo pasa y el hombre comienza a desmoralizarse. Su vale expirará pronto. Quizás, dice, intente llegar a un acuerdo permanente con su amiga. “Creo que estoy bien donde estoy”, afirmó.

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