Muchos tribunales del condado de L.A. son inseguros ante terremotos, confirmó un estudio
Un nuevo estudio del Consejo Judicial del estado advierte de un riesgo significativo para los tribunales en caso de terremotos. Arriba, el daño ocasionado en el centro de Napa, California, después del temblor de 2014.
Los líderes judiciales de California expresaron este miércoles su alarma ante un nuevo estudio que mostró que más de 100 cortes en el estado -muchas de ellas en el condado de L.A.- podrían colapsar y causar “sustanciales” pérdidas de vidas en un terremoto de gran magnitud.
“No podemos permitir que, después de un gran sismo, el público se pregunte qué hicimos y por qué no sonó la alarma con este tema”, afirmó el juez de la Corte de Apelaciones Brad H. Hill, quien es líder de un comité estatal judicial, durante una reunión realizada en San Francisco. “Pues estamos haciendo sonar la alarma”.
El comité que Hill lidera asesora al Consejo Judicial, el órgano de formulación de políticas para los tribunales estatales. El grupo solicitó el nuevo informe, actualización de un reporte anterior, y lo discutió durante su sesión programada regularmente.
El reporte encontró que el Tribunal Superior en Glendale, construido en 1956, tiene la calificación de riesgo más alta de cualquier otro palacio de justicia en California. Otros que se encuentran en las posiciones de más riesgo en la lista son el Palacio de Justicia Stanley Mosk y el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz, en el centro de Los Ángeles; el juzgado municipal de Pasadena y tribunales de Beverly Hills y Burbank.
Estos sitios se ubicaron entre los 145 tribunales que, según el estudio, sufrirían daños importantes en su estructura, con la probabilidad de un colapso parcial, y crearían “riesgo sustancial” a la vida durante un fuerte terremoto.
El costo del mejoramiento de estos edificios oscilaría entre $200 millones para el centro Shortridge Foltz, y $140 millones por un ala del palacio Stanley Mosk.
Los líderes judiciales tratarán de determinar con mayor precisión el costo de la adaptación de los edificios con mayor riesgo e intentarán obtener dinero de Sacramento para las obras.
Los legisladores estatales tomaron un fondo de construcción de tribunales, de $1,400 millones de dólares y recaudado por honorarios judiciales y multas, para gastar en otras prioridades durante la recesión.
“Estamos en una situación bastante desesperada, pero necesitamos avanzar”, dijo Hill durante una entrevista. “Le pedimos al gobernador y a la Legislatura que nos devuelvan ese dinero”.
El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles William F. Highberger, miembro del comité, reconoció que el estado no puede permitirse arreglar todas las cortes, pero aseguró que “se lo debemos a todas las personas que utilizan los tribunales… Intentemos hacer lo mejor posible para reducir el riesgo de muerte y de lesiones graves para esta gente”.
Stephen Nash, oficial ejecutivo de la corte del Tribunal Superior del Condado de Contra Costa, señaló en la reunión que trabaja en una de las cortes de alto riesgo. “Estamos sentados en una bomba de tiempo”, afirmó Nash. “Estamos mirando cómo el reloj avanza y nos han quitado la posibilidad de hacer algo al respecto”.
Nash reconoció que le parece “alarmante” mirar a los ojos al público que utiliza las cortes, así como a los jueces y al personal, y “saber que todo el tiempo estamos cruzando los dedos”.
Durante los últimos 10 años, la judicatura ha construido 30 nuevos juzgados en California, 26 de ellos para reemplazar edificios en riesgo de colapso.
Los críticos del liderazgo judicial arremetieron contra el programa de construcción inicial, al que calificaron como un derroche, y a los nuevos tribunales como innecesariamente lujosos. Algunos de ellos ganaron premios de diseño. Ahora, los costos de cada proyecto deben ser cuidadosamente evaluados, afirmó Hill antes de la reunión. “Le decimos a los arquitectos que no estamos aquí para ganar premios de diseño, ni para tener mármoles y maderas exóticas”, aseveró. “Estamos aquí para tener cortes que duren 80 años. No podemos permitirnos los tribunales del pasado”.
Hill habló de una nueva corte en Los Baños, en Central Valley; un edificio prefabricado con pisos laminados, sin madera, granito ni mármol. Según el juez, a los usuarios les encanta.
Aparte de la seguridad en casos de terremotos, la accesibilidad para discapacitados y otras necesidades de seguridad también aparecen en la cima de la lista de preocupaciones. Hill resaltó que algunas cortes no poseen elevadores, y que las personas con discapacidad deben ser transportadas por la escalera.
Los tribunales no son los únicos edificios estatales con altos riesgos sísmicos. Las universidades también tienen un inventario de edificios problemáticos, resaltó Clifford Ham, arquitecto principal del Consejo Judicial.
Ham señaló que las calificaciones sísmicas se basan en estándares reconocidos a nivel nacional, que observan qué ocurriría en caso de un enorme terremoto, tal como sucede cada 1,000 años, pero que “podría ocurrir mañana”.
Por su parte, Hill mencionó un tribunal en Napa, que colapsó parcialmente durante el terremoto allí de 2014. “Pasó a las 2 a.m.”, dijo. “Si hubiera sucedido a las 2 de la tarde, habría sido devastador”.
Traducción: Valeria Agis
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