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Documentos internos de Estados Unidos plantean 'preguntas alarmantes' sobre la violencia en México

Los recién publicados documentos generan 'preguntas alarmantes' sobre la violencia de los cárteles de México

El macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, México, plantea “preguntas alarmantes” sobre la naturaleza generalizada por la  violencia de los cárteles en la región y el nivel de complicidad del gobierno”, dijo un informe militar de Estados Unidos.

El documento, escrito por un grupo de trabajo sobre derechos humanos bajo el Comando Norte de los Estados Unidos (Northcom), se distribuyó internamente en octubre después de su investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes que ocurrió en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre. El documento se hizo público esta semana.

El documento expresaba preocupación por el hecho de que ninguno de los 28 cuerpos que se retiraron de las numerosas fosas comúnes localizadas en el área pertenecían a los estudiantes desaparecidos, planteando interrogantes acerca de cuántas otras personas podrían haber sido asesinadas y enterradas clandestinamente.

Desde que el informe fue escrito, otras decenas de cadáveres han sido desenterrados por los grupos de búsqueda organizados por las familias que tienen seres queridos desaparecidos.

“Hemos encontrado cuerpos con las manos atadas a sus espaldas, con los ojos tapados  con cinta, muchos fueron asesinados con un disparo a la cabeza”, dijo Mario Vergara, de 40 años de edad, quien encabeza un grupo de 300 familias que dicen que han encontrado 95 cadáveres enterrados en las colinas secas y polvorientas localizadas alrededor de Iguala desde el mes de noviembre.

“Hemos encontrado cuerpos con sus bocas abiertas – como si hubieran sido enterrados vivos”, dijo Vergara en una entrevista telefónica desde Iguala. “Estamos realizando el trabajo que el gobierno no está haciendo”.

La página de Facebook del grupo – Te Buscaré Hasta Encontrarte – publica las actualizaciones de sus descubrimientos y es parte de una red nacional de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos.

Hay más de 20,000 personas que actualmente se encuentran en las listas de “personas desaparecidas” en México. Guerrero ha sido uno de los estados más violentos de México, y también es un importante centro de producción para el creciente comercio de opio del país.

El negocio de las drogas ha corrompido a las instituciones locales y la complicidad entre la policía y las bandas de narcotraficantes es común.

La desaparición del año pasado de los 43 estudiantes motivó una protesta nacional e internacional y ha sido la mayor crisis política a la que se ha enfrentado el presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió el cargo en diciembre del 2012.

Los estudiantes, que pertenecían a una escuela rural de maestros de la cercana localidad de Ayotzinapa, fueron detenidos después de tener un enfrentamiento con la policía local.

El gobierno mexicano afirmó que los estudiantes luego fueron entregados a una banda de narcotraficantes por los policías que los detuvieron y los ejecutaron. Pero hasta ahora sólo uno de los jóvenes desaparecidos ha sido identificado de los restos humanos encontrados en un basurero local.

El informe interno de Northcom fue hecho público a través del Archivo de Seguridad Nacional – un grupo de investigación con sede en Washington que presiona para la desclasificación de los documentos oficiales.

El informe también se refiere a un incidente que tuvo lugar el 30 de junio en Tlatlaya, localizado a 150 millas al sur de la ciudad de México. El ejército inicialmente dijo que su 102 Batallón de Infantería estuvo involucrado en una feroz balacera con los miembros de una banda de narcotraficantes. Veintidós personas murieron, y las fotografías tomadas más tarde por los periodistas que se encontraban en la escena sugirieron fuertemente que algunos de los muertos habían sido ejecutados.

Una investigación posterior resultó en el arresto de un oficial y siete soldados, por lo que el grupo Human Rights Watch llamó “una horrible masacre”.

Tres de los detenidos -- un sargento y dos soldados -- han sido acusados. El informe de Northcom se refiere a ellos como “asesinatos extrajudiciales”, agregando que “mientras más hechos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el ejército estuvo involucrado en las irregularidades”.

Otro documento desclasificado, también obtenido por el Archivo de Seguridad Nacional, indicó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había suspendido la asistencia financiada por parte de los Estados Unidos para el 102 Batallón a la espera de los resultados de las investigaciones.

Bonello es un corresponsal especializada. Cecilia Sánchez de la oficina de la ciudad de México de The Times contribuyó a este informe.

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