Los legisladores avanzan en medidas para el control de armas en respuesta al atentado en San Bernardino

Cuatro meses después del tiroteo de San Bernardino, los legisladores estatales dieron aprobación inicial, este martes, a cinco proyectos de ley que incluyen medidas que podrían proscribir el uso de rifles de asalto con vistas desmontables, prohibir la posesión de cargadores con más de 10 vueltas y requerir que las pistolas de fabricación casera sean registradas en el estado.

Los proyectos de ley, aprobados por el Comité de Seguridad Pública del Senado estatal, fueron presentados en respuesta al tiroteo de diciembre pasado en San Bernardino, que dejó un saldo de 14 muertos y 22 heridos a manos de dos terroristas.

Una de las medidas que el panel envió al Senado prohibiría los fusiles de asalto con tambores fácilmente desmontables, una de las armas empleadas en el tiroteo masivo de San Bernardino.

El proyecto de ley prohibe la venta de rifles semiautomáticos de percusión central con un ‘botón de bala’, un botón empotrado que, cuando se pulsa, permite remover el tambor. Quienes ya posean uno de estos ejemplares deberán registrarlos a nivel estatal como rifles de asalto.

Los senadores estatales demócratas Isadore Hall, de Compton, y Steve Glazer, de Orinda, presentaron la medida, llamada SB 880, en respuesta al descubrimiento de que uno de los terroristas de San Bernardino tenía en su poder un arma con un botón de bala. “Estas armas de guerra no tienen cabida en nuestras comunidades”, Glazer afirmó ante el panel del Senado, antes de la aprobación del proyecto del cual fue coautor con Hall.

Por su parte, Hall expresó la urgente necesidad de cerrar una grieta en la ley que prohíbe las armas de asalto. “Durante años, los propietarios de armas han sido capaces de eludir la ley de California mediante el uso de una pequeña herramienta para expulsar y volver a cargar un tambor de munición rápidamente”, dijo.

Los grupos que defienden el derecho a la posesión de armas se oponen a estas medidas, entre ellos la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), según uno de sus activistas, Ed Worley. “Continuaremos oponiéndonos a la prohibición de armas de fuego para los ciudadanos que no poseen antecedentes criminales”, le dijo Worley al panel. “La gente debe poder poseer cualquier tipo de arma que desee en los Estados Unidos de América”.

El panel del Senado también aprobó un proyecto de ley de la senadora Loni Hancock (D-Berkeley), que prohibiría la posesión de cargadores de munición con más de 10 vueltas y que cerraría así una laguna en una ley que prohíbe su fabricación y venta en California.

Hancock señaló que cuatro cargadores de gran capacidad se hallaron entre las armas de los dos tiradores de San Bernardino. Desde 1980, 435 personas han muerto en 50 tiroteos masivos con cargadores de gran capacidad, algunos de los cuales pueden albergar hasta 100 cartuchos de munición, señaló. Los cargadores ya han sido prohibidos en Los Ángeles y San Francisco.

“Al prohibir estas armas de fuego en todo el estado estamos dando un paso más para prevenir futuras ejecuciones masivas y crear así comunidades más seguras en California”, afirmó Hancock ante el panel del Senado.

El senador republicano Jeff Stone votó en contra del proyecto de ley. “Hoy parece que queremos convertir en delincuentes a ciudadanos respetuosos de la ley que poseen armas”, manifestó.

La medida también fue rechazada por otros, entre ellos Worley y Sam Paredes, el director ejecutivo de Gun Owners of California, quien señaló que millones de cargadores de gran capacidad ya se encuentran en manos de la gente en este estado. “Creo que aquí estamos tratando de confiscar los bienes de las personas”, le dijo Worley al panel.

Paredes, por su parte, afirmó que muchos agentes de la ley poseen este tipo de cargadores. “Es algo que pueden necesitar para protegerse”, expresó. “¿Por qué habría de ser diferente para un ciudadano respetuoso de la ley?”.

El comité del Senado también aprobó un proyecto de ley que permitiría al estado recopilar información acerca de quienes compren municiones para armas de fuego. Una ley anterior que hubiera requerido que los compradores de balas se identificaran y marcaran sus huellas digitales fue revocada por un tribunal en 2010, sobre la base de que su definición de ‘municiones de armas de fuego’ era vaga. Ese caso se encuentra actualmente en estado de apelación en la Corte Suprema de California.

El nuevo proyecto de ley, SB 1235, del presidente interino del Senado, Kevin De León (D-Los Ángeles), clarificará que la ley anterior se aplica para todas las municiones, incluyendo las balas para armas de fuego y armas largas, así como los cartuchos de escopeta. De León espera que el nuevo proyecto aclare las preocupaciones del tribunal inferior.

El panel también aprobó una ley que requiere que quienes construyan armas de fuego en casa deban registrarlas ante el estado, obtener un número de serie y someterse a una verificación de antecedentes penales. “Estas armas de fuego son consideradas ‘fantasmas’ porque se las construye de forma casera… sin número de serie ni verificaciones de ningún tipo”, le dijo De León al panel antes de la aprobación de su proyecto, en una votación 5 a 3. “Estas son armas que pueden matar o mutilar a un ser humano”.

Cientos de armas fantasmas han sido secuestradas en California y empleadas en delitos mayores, como un tiroteo masivo ocurrido en 2013. La medida está respaldada por la Asociación de Jefes de Policía de California.

“La fabricación de armas se ha convertido en algo más sencillo que armar un mueble de Ikea gracias a las impresoras 3D”, afirmó Jennifer G. Tejada, jefa del Departamento de Policía de Emeryville. “Este proyecto de ley disminuirá el número de armas de fuego no rastreables en California”.

A esta medida también se oponen grupos como la NRA y Gun Owners of California. “Lo que estamos haciendo aquí es convertir a quienes tienen el pasatiempo de fabricar armas en criminales”, afirmó Worley.

El panel también aprobó medidas que requerirán que los propietarios reporten las armas perdidas o robadas a las autoridades dentro de los cinco días, y que crearán un centro de investigación y prevención de violencia con armas de fuego en el sistema de la Universidad de California.

En tanto, un proyecto de ley que habría requerido que todas las ventas de armas fuesen grabadas en video no fue aprobado por un comité de asamblea este martes.