Grupos LGBT ven numerosas iniciativas electorales en su contra

Primero, estuvo la Ley de Supresión Sodomita, una medida electoral estatal que proponía la matanza de los gays y las lesbianas. Esa propuesta engendró una contrapropuesta: La Ley de Intolerancia a los Idiotas.

Ahora, otro grupo está tratando de utilizar el proceso de iniciativa estatal para restringirles a las personas transgénero el uso de los baños de los edificios que son propiedad del gobierno, incluyendo las escuelas públicas.

La propuesta fue presentada a la oficina de la fiscal general, Kamala Harris, por el grupo Privacy for All, una coalición que infructuosamente ha intentado revocar la ley estatal que requiere que las escuelas públicas les permitan a los estudiantes transgénero utilizar los baños y jugar en los equipos deportivos del género con el cual se identifican.

“Hay una tendencia ahí afuera, los llamo los negadores de la ciencia, que no creen que la realidad biológica de dos sexos es real”, dijo Kevin T. Snider, un abogado con el Pacific Justice Institute, un grupo legal conservador que ha estado asesorando a la coalición Privacy for All.

Privacy for All está preocupado de que “las normas sociales” y “las expectativas de privacidad” están bajo ataque, dijo Snider.

Los californianos pueden presentar propuestas electorales a la oficina del fiscal general del estado por una cuota de $200 dólares y los funcionarios están obligados a incluir incluso las ideas más extremas en la boleta electoral si reúnen las firmas suficientes. Pero muchas personas dentro de la comunidad LGBT dijeron que están preocupados sobre las propuestas más recientes que según ellos buscan legalizar la discriminación.

“Si la historia nos ha enseñado algo, es que los derechos de las minorías no deben ser determinados por la voluntad de la mayoría”, dijo Dave García, director de política para el Centro LGBT de Los Angeles. “Estas iniciativas anti-LGBT son una carga indebida para los contribuyentes de California, las cuales son inherentemente intolerantes, ultimadamente inconstitucionales y para la mayoría de los californianos imparciales, son simplemente vergonzosas”.

Privacy for All presentó su propuesta el viernes. Si se aprueba, restringiría el uso de los baños, los vestidores deportivos y los camerinos que pueden ser utilizados por las personas transgénero. Esta propuesta llamada la Ley de Protección Privada Personal, requeriría que las personas “utilicen las instalaciones de acuerdo a su sexo biológico” en los edificios que son propiedad del gobierno, incluyendo las escuelas públicas y las universidades. No aplicaría para los baños con cupo para una sola persona o para los baños familiares.

“Si no hacemos algo muy pronto”, dijo Snider, “habrá una situación en donde nuestras expectativas sociales serán arrebatadas de nosotros”.

Al igual que la Ley de Supresión Sodomita, la Ley de Protección Privada Personal se enfrentaría a un gran obstáculo sólo para llegar a la boleta electoral de noviembre del 2016, requiriendo 365,880 firmas en 180 días.

Kris Hayashi, director ejecutivo del Centro de Leyes Transgéneros, llamó inconstitucional e inaplicable a la iniciativa propuesta, diciendo que podría “señalar de forma peligrosa a los californianos que no cumplen con los estereotipos de las personas en cuanto a lo que es ser un hombre o sobre cómo se debe ver una mujer, colocando a todas las personas en un mayor riesgo de acoso y dejando la oportunidad para que el estado reciba costosas demandas”.

A principios de este año, Matthew McLaughlin, un abogado de Huntington Beach, presentó la Ley de Supresión Sodomita, la cual autorizaría la matanza de las personas homosexuales por medio de una “bala a la cabeza” o por “cualquier otro método conveniente”.

McLaughlin no ha respondido a las múltiples peticiones de comentario.

La fiscal general ha presentado una moción a la Corte Superior del Condado de Sacramento que le permitiría poner un alto a la medida. Esa acción está pendiente ante la corte y la oficina de Harris no avanzará la propuesta de McLaughlin al proceso de recolección de firmas hasta que se haya tomada una decisión por parte de la corte, dijo Kristin Ford, una portavoz.

Charlotte Laws, la autora y activista de Woodland Hills, estaba tan enfurecida por la propuesta de McLaughlin que presentó su propia iniciativa de propuesta electoral: la Ley de Intolerancia a los Idiotas.

Su propuesta requeriría que cualquier persona que presente medidas que pidan la muerte de las personas homosexuales deberá asistir mensualmente a un entrenamiento de sensibilización y deberá donar $5,000 dólares a una organización pro-gay o pro-lesbiana.

Law dijo que su propuesta, que también requeriría más de 365,000 firmas para estar en la boleta electoral, era simplemente una declaración. “Obviamente”, dijo, “la mía tampoco es constitucional”.

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