Las huelgas de maestros en Arizona son solo una pelea más en la amplia guerra contra la educación pública

Los maestros volvieron a las huelgas, esta vez en campus de 90 o más distritos escolares de toda Arizona. El gobernador Doug Ducey dice estar desconcertado: aprobó un plan para aumentar sus sueldos, que agregaría hasta un 20% de incrementos salariales en los próximos tres años. ¿Por qué los docentes paran ahora?

Seguramente, parte del motivo es que los maestros en Arizona saben que una concesión salarial no es igual a un compromiso genuino con la educación pública. Los líderes estatales, como Ducey, están tan decididos a privatizar la educación o gastar los fondos escolares en otros temas, que están dispuestos a cambiar cualquier norma -incluso las normas constitucionales y democráticas de larga data- para promover esos planes.

La regla más importante de todas, el concepto mismo de que los estados brinden educación a todos los niños, se remonta a la década de 1860. Los líderes estatales creían entonces que, para que la gente común -incluidos los afroamericanos recién liberados de la esclavitud- ejerciera sus derechos como ciudadanos, debían ser educados. Y a menos que estas personas comunes participaran en un gobierno autónomo, el país no podría cumplir con sus promesas democráticas. Hoy, las 50 constituciones estatales, de una forma u otra garantizan el acceso a una educación pública igualitaria, adecuada y estable.

Varios mecanismos constitucionales se aseguran que los estados cumplan con esta responsabilidad. Por ejemplo, la mayoría requiere la creación de una junta de educación estatal o un superintendente estatal o ambos. Esos funcionarios pueden ser elegidos o nombrados, pero independientemente del proceso exacto, el objetivo es separar la toma de decisiones educativas de la política cotidiana. En Carolina del Norte, por ejemplo, la Constitución exige “una junta política y geográficamente diversa, compuesta por expertos en educación que trabajen por largos plazos”. Los legisladores constitucionales del estado pensaron que, de esa manera, “la junta pondría la educación por encima de la política”.

Muchos líderes políticos de hoy en día, sin embargo, no quieren acatar estas normas. Algunos incluso cuestionan el papel del estado en la provisión de la educación pública. Si pueden cambiar las normas constitucionales, pueden ganar la guerra más amplia sobre la educación pública mientras ceden al enemigo en las pequeñas escaramuzas actuales.

Kentucky es el ejemplo más reciente de ello. A principios de este mes, una huelga de maestros en todo el estado hizo que la Legislatura aumentara el presupuesto de educación, por sobre el veto del gobernador Matt Bevin. La pérdida no disuadió a Bevin; solo lo hizo cambiar de estrategias. A finales de abril, hizo que el superintendente de educación del estado, a quien le quedaba más de un año de su mandato, fuera destituido sin causa. Su junta de educación, elegida a dedo, hizo el trabajo sucio. El sustituto favorito del gobernador es alguien de su propia oficina con quien podría contar para promover las escuelas charter.

Otros estados han hecho lo mismo. Después de las elecciones de 2016, en las que los republicanos perdieron la mansión del gobernador en Carolina del Norte, la Legislatura aprobó un proyecto de ley para despojar a la junta de educación estatal de su poder, transfiriendo la autoridad a la oficina del superintendente ganada por un republicano. Los legisladores de Indiana persiguieron una estrategia similar en 2015, cuando las posturas del superintendente entraron en conflicto con el entonces gobernador, Mike Pence.

Los tribunales son el último control de estas manipulaciones. Donde algunos se mantienen fuertes en estados importantes, los legisladores buscan enmendar sus constituciones para solucionarlo. La Comisión de Revisión de la Constitución de la Florida -un panel reunido y formado por legisladores republicanos- acaba de presentar una enmienda en la votación de noviembre, que ataca la educación pública en múltiples frentes. Esta impone límites a los mandatos de las juntas escolares locales, y permitiría que el estado cree escuelas charter de gestión privada, a pesar de la objeción de las juntas escolares locales. Lo más insidioso es que reemplazaría el requisito de que Florida mantenga un sistema “uniforme” de escuelas públicas gratuitas, por uno establecido por la Legislatura para la “promoción de la alfabetización cívica”.

De manera similar, la Corte Suprema de Kansas ha encontrado repetidamente que el estado priva a los estudiantes de sus derechos constitucionales a la educación. En una respuesta parcial, en 2015, el estado aprobó una ley para rescindir el poder judicial si continuaba invalidando las leyes estatales.

El estado también despojó al tribunal de su autoridad para nombrar jueces de tribunales inferiores. Este 2018, los legisladores de Kansas comenzaron a pedir una enmienda constitucional para denegar a las cortes la autoridad de escuchar casos de financiación escolar. Los proponentes llegaron incluso a retrasar todo el presupuesto estatal de educación pública hasta que obtuvieron un voto sobre la propuesta. Solo una inminente fecha límite le puso fin al enfrentamiento.

Arizona es el punto cero en una lucha por la reforma de la educación pública comandada por el multimillonario industrial Charles Koch, y su red de donantes políticos conservadores. En 2017, el estado aprobó un amplio proyecto de ley sobre vales que otorgó subsidios estatales para matrículas de escuelas privadas. Ahora, la red de Koch quiere más.

En una conferencia sobre políticas celebrada en California, en enero, anunciaron planes para respaldar un referéndum estatal que podría destinar aún más dinero de los contribuyentes a las escuelas privadas. Cuando le ofrecieron al gobernador Ducey el podio, se mostró a favor. “No me postulé para gobernador para trabajar en algo pequeño. Creo que esta es una idea importante”, aseguró.

Muy cerca de allí, el tribunal supremo estatal de Nevada declaró recientemente que estas ideas de vales son inconstitucionales porque ponen las prioridades de la educación privada por delante de la educación pública.

Estas tácticas revelan que la educación pública está siendo atacada a largo plazo, sin importar las concesiones a corto plazo que se obtengan en Arizona o gracias a otras protestas de maestros. Los defensores de la educación deben comenzar a proteger celosamente nuestras normas constitucionales y democráticas sobre la educación, de la misma forma en que protegen los salarios de los profesores. De lo contrario, se despertarán un día sin nada qué defender.

Derek W. Black es profesor de derecho en la Universidad de Carolina del Sur, donde se enfoca en leyes y políticas educativas.

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