Le negaron atención médica a su esposo, ahora la viuda de un inmigrante mexicano demanda al gobierno

Le negaron atención médica a su esposo, ahora la viuda de un inmigrante mexicano demanda al gobierno

La viuda de un mexicano que cruzó sin autorización a los EE.UU. en el maletero de un automóvil demandó al gobierno de los EE.UU., alegando que el personal de un centro de detención de Otay Mesa ignoró reiteradamente las súplicas del hombre por cuidados médicos, lo cual le causó la muerte por complicaciones de una neumonía, semanas más tarde.

La demanda, presentada en la corte federal de San Diego, se encuentra entre una serie de casos que alegan negligencia cuando se trata de problemas médicos de inmigrantes detenidos en centros de todo el país. Una denuncia de 2007  presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que se resolvió en 2010, ya abordó temas similares en Otay Mesa.

“Si estas quejas son verdaderas, entonces violarían los principios básicos no sólo de la Constitución, sino del acuerdo”, afirmó David Loy, director legal de ACLU en San Diego y los condados imperiales. El juicio previo “abordó precisamente este tipo de problema, de personas que habían rogado por cuidados médicos y no los recibieron”.

La mayoría de los individuos en el Centro de Detención de Otay Mesa están allí por intervención del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE). El centro alberga también a detenidos criminales y testigos para el Servicio de Alguaciles de los EE.UU.

La demanda menciona al gobierno federal, así como a CoreCivic -la empresa privada contratada para dirigir el centro de Otay Mesa- y a un guardia, identificado como C.O. Langdon.

La asistencia médica de la instalación es proporcionada por el cuerpo de servicios de salud del ICE y el Servicio de Salud Pública federal, de acuerdo con la demanda. Una vocera del ICE en San Diego se negó a hacer comentarios al respecto la semana pasada, y aludió que no poseía suficiente información. Un portavoz de CoreCivic en Tennessee, donde la compañía tiene su sede, aseguró que los funcionarios no habían revisado aún el pleito.

Según archivos de la corte, Gerardo Cruz-Sánchez, de 32 años de edad, intentó cruzar a los EE.UU. en el maletero de un automóvil, el 4 de febrero de 2016, en el puerto de entrada de Otay Mesa. El conductor del vehículo, Juan Carlos Ortega-González, había presentado el pasaporte de otra persona al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza. Cruz-Sánchez  y otros dos inmigrantes sin autorización fueron hallados en el maletero.

Cruz-Sanchez no fue acusado de un delito, sino que fue detenido como testigo en el caso contra el coyote y aceptó testificar en su contra. Al hombre se le estableció una fianza de $15,000 dólares con un depósito del 10% en efectivo. Como no pudo pagarla, permaneció detenido, según registros judiciales.

Cruz-Sánchez estaba sano cuando fue arrestado, pero contrajo una neumonía más tarde. “Estaría vivo hoy en día si las autoridades hubieran honrado su deber moral de cuidar de su propio testigo”, señala el pleito.

La enfermedad comenzó con síntomas similares a los de una gripe, y sus pedidos de atención médica fueron desoídos. Poco después comenzó a toser con sangre, “con la cual manchó sus prendas y sábanas”. El hombre le suplicó a Langdon y a los miembros del personal médico que lo atendieran, pero no recibió ayuda, remarca la demanda. Su condición empeoró hasta que no pudo hablar, moverse ni tragar alimentos. También sufría de dificultad para respirar, y sibilancias.

Su compañero de celda, Alejandro Chávez, llamó al consulado mexicano unas 20 o 30 veces para pedir ayuda, y el 22 de febrero un intérprete español visitó finalmente a Cruz-Sánchez. No queda claro en la denuncia si el intérprete intentó actuar al respecto.

En tanto, Chávez rogó repetidamente a Langdon -un oficial de habla hispana- que ayudara al enfermo, pero éste se burlaba de él, les decía que dejaran “de quejarse” y a Cruz-Sánchez le pedía que “no sea gallina”, indica la demanda.

El 26 de febrero, el detenido fue trasladado a una sala de emergencias de Scripps Mercy Hospital, en Chula Vista, donde murió tres días después. El pleito alega que, durante su detención, el paciente nunca fue examinado por un médico. Su viuda, Paula García Rivera, solicitó los registros médicos del centro de Otay Mesa, pero fue ignorada.

El conductor que había traído a Cruz-Sánchez al otro lado de la frontera se declaró culpable de contrabando humano y fue condenado al tiempo que había pasado detenido, cerca de tres meses.

Traducción: Valeria Agis

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