L.A. deberá pagar cerca de $6.9 millones a un pandillero baleado por la policía

El Concejo de Los Ángeles acordó el miércoles pagar cerca de $6.9 millones en un juicio iniciado por un hombre que recibió disparos de la policía mientras huía de un tiroteo; un caso muy disputado, que los fiscales de la ciudad habían apelado sin éxito ante el Tribunal Supremo de los EE.UU.

El pago de la ciudad incluye la suma de $5.7 millones, otorgada inicialmente por un jurado hace cuatro años, más intereses devengados y honorarios de abogados.

La disputa se centró en un enfrentamiento ocurrido hace más de una década, que dejó paralítico al hombre. En septiembre de 2005, dos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) persiguieron y dispararon a Robert Contreras, luego de que éste huyera de una camioneta blanca que, según testigos, había estado involucrada en un tiroteo.

Los policías dijeron que habían visto un arma en la mano de Contreras mientras huía, y que se había vuelto hacia ellos con un objeto en la mano. Después de que le dispararan, Contreras, miembro de una pandilla, sólo demostró tener consigo un celular. Luego de una intensa búsqueda, no se halló ningún arma en su posesión ni en zonas cercanas.

Contreras, que no refutó el cargo de intento de asesinato por el tiroteo desde el vehículo y pasó un tiempo en la prisión estatal, demandó más tarde a la ciudad y a los dos agentes, acusándolos por uso excesivo de la fuerza.

En 2012, el Concejo de Los Ángeles rechazó una propuesta de acuerdo por $4.5 millones. La decisión sólo le valió pagar una suma más alta a Contreras, ordenada por el juez, de $5.7 millones.

Mike Feuer, fiscal de la ciudad, intentó que dicha sentencia fuese rechazada, argumentando que cuando la situación se contempla desde “la perspectiva de los oficiales, en el lugar, y no con visión plena, el uso de la fuerza por parte de ellos es totalmente razonable en virtud de la Cuarta Enmienda”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de los EE.UU. rechazó la apelación de la ciudad en diciembre pasado, razón por la cual la sentencia y el pago de los $5.7 millones son válidos. Un juez federal y el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los EE.UU. ya habían rechazado previamente los intentos de la ciudad para revocar la sentencia.

Los abogados de la ciudad “han agotado los recursos... Realmente no tienen otra alternativa” más que pagar el dinero, afirmó Dale K. Galipo, el principal abogado representante de Contreras. Para el letrado, la suma “representa un cambio de vida” para su cliente.

Galipo añadió que el caso fue significativo porque demostró que incluso cuando alguien estuvo supuestamente involucrado en actividades criminales, “si los policías actúan inapropiadamente y usan la fuerza excesiva contra esa persona, podrán ser considerados responsables”.

El vocero de Feuer, Rob Wilcox, prefirió no comentar la decisión ratificada este miércoles.

Scott Wilson, investigador del Times, contribuyó con este reporte.

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