Ordenan la liberación de los menores inmigrantes que se encuentran detenidos
Un niño de Honduras ve una película en un centro de detención para inmigrante en McAllen, Texas.
En un veredicto publicado el viernes por la noche, la juez dijo que los niños no deberían ser retenidos por más de 72 horas al menos que representen un riesgo de fuga significativo o un peligro para ellos mismos y otros.
Sin embargo, es muy poco probable que una liberación masiva suceda inmediatamente.
La juez Dolly Gee de Los Angeles les dio a los funcionarios federales hasta el 23 de octubre para cumplir con su orden.
En un comunicado publicado el sábado, el Departamento de Seguridad Nacional no especificó sus próximos pasos legales, diciendo sólo que “continuará investigando las demandas de los miembros familiares lo más rápidamente posible” y revisará la decisión de Gee y “considerará las opciones disponibles con el Departamento de Justicia”.
En el comunicado, el departamento dijo: “Mientras seguimos en desacuerdo con la conclusión final de la corte, observamos que la corte ha aclarado su orden original para permitir que el gobierno procese a las familias aprehendidas en la frontera en instalaciones residenciales familiares consistentes con la autoridad proporcionada por el Congreso”.
El caso se centra en un acuerdo legal de 1997 -- conocido como el acuerdo de Flores – el cual establece los requisitos legales para el alojamiento de los niños que solicitan asilo o que se encuentran en el país de forma ilegal. En julio, Gee concluyó que el gobierno había violado ese acuerdo, y el viernes repitió esa conclusión.
Los abogados federales habían argumentado que el veredicto inicial de Gee desataría otra oleada de inmigración ilegal a través de la frontera México-Estados Unidos. Gee negó la solicitud de reconsideración realizada por el gobierno, comparando ese argumento al “alarmismo”.
Es probable que cientos de familias inmigrantes permanezcan encerradas y en el limbo mientras que el caso recorra su camino a través de los tribunales – posiblemente hasta el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos.
La administración de Obama está deteniendo a un estimado de 1,400 padres y niños en tres centros de detención, dos en Texas y uno en Pensilvania.
La detención de las unidades familiares llegó en respuesta a un fuerte aumento en el número de personas -- mayormente centroamericanos -- cruzando hacia el sudoeste de los Estados Unidos el verano pasado.
El último año fiscal, más de 68,000 personas fueron sorprendidas cruzando la frontera México-Estados Unidos. Algunos fueron aprehendidos mientras trataban de infiltrarse en los Estados Unidos, mientras que otros se entregaron a los funcionarios encargados del control de la frontera y solicitaron asilo, lo cual está dentro de sus derechos bajo las leyes internacionales y de los Estados Unidos.
En su orden de 15 páginas, Gee castigó a los funcionarios federales por reiterar los mismos argumentos que habían planteado en reuniones anteriores y que ella ya había rechazado.
Pero su orden todavía deja abiertas dos preguntas claves: ¿Los Estados Unidos también liberará a los padres -- en su mayoría madres de familia -- de los niños que se encuentran en detención familiar? ¿O serán separadas las familias?
Gee ha llamado a los centros de detención y a las celdas de detención temporal localizadas a lo largo de la frontera como “deplorables” y ha dicho que “fracasaron en cumplir incluso con el estándar mínimo” de condiciones “seguras y sanitarias”. Los abogados del gobierno argumentaron que las condiciones en los centros han mejorado, pero Gee escribió que no habían podido demostrar ese punto.
Los grupos de derechos de los inmigrantes han presentado demandas alegando de un tratamiento y una atención médica deficiente en los centros. Este verano, más de 100 miembros demócratas del Congreso instaron a la administración para ponerle fin a la detención familiar, diciendo que los niños no deberían ser retenidos en entornos tipo prisión.
Peter Schey, quien inició la demanda y quien sirve como el asesor designado por la corte para los niños que se encuentran en custodia de inmigración, dijo que la orden de la juez ayudaría a proteger a los niños inmigrantes “de la larga y completamente sin sentido detención por parte del Departamento de Seguridad Nacional en las inseguras instalaciones de encierro para adultos dirigidas por corporaciones privadas que se embolsan millones de dólares en ganancias”.
Dos de los tres centros de detención familiar -- aquellos en Texas -- están dirigidos por compañías privadas contratadas por el gobierno.
Schey, quien es presidente del Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional en Los Angeles, dijo que el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson debería estar avergonzado de su política de detención, la cual “durante los últimos años ha causado que miles de niños inocentes sufran innecesariamente graves daños psicológicos y a menudo físicos”.
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