Investigan a donantes de la campaña política de la consejera Nury Martínez

Siete semanas antes de la elección municipal de L.A. del 2015, César Huerta estaba en busca de donaciones de campaña.

Su jefa, la consejera de la ciudad Nury Martínez, necesitaba contribuciones de 200 de sus electores para hacer su campaña eligible para recibir hasta $100,000 en fondos de contribuyentes. Huerta buscó a tías, tíos, primos y otras personas en su círculo inmediato, pidiendo tan poco como $5, según varios miembros de su familia extendida.

Desde entonces, Huerta y al menos ocho de sus parientes han sido interrogados por agentes del FBI, llamados a comparecer ante un jurado, o ambos, le dijeron al L.A. Times miembros de la familia.

“Realmente no me gusta la política. Yo hacía esto para apoyarlo él y a su causa”, dijo la residente de Panorama City, Alexandra Galarza, una de al menos 18 parientes de Huerta enlistados en los registros de la ciudad como donantes de Martínez. “Nunca pensé que dar $5 me harían ir a una corte federal”.

Huerta, de 30 años, es uno de al menos cinco empleados de nivel inferior de Martínez que pidieron y colectaron contribuciones de $5 y $10 para que la consejera pudiera ser reelegida, según entrevistas con varios de sus electores en el Valle de San Fernando. Esas pequeñas contribuciones, parte de una investigación de un jurado federal, fueron un factor importante en el éxito de Martínez para colectar $65,360 en “fondos compensatorios” de los contribuyentes para su campaña.

Expertos en ética dicen que no es raro que funcionarios elegidos tengan su propio voluntariado de personal interno en sus campañas de reelección. Tales esfuerzos son permitidos generalmente bajo las leyes de la ciudad y el estado, si son conducidos fuera de las horas de trabajo regulares de un empleado, como fines de semana o vacaciones.

Pero esos políticos se pueden meter en problemas si los investigadores determinan que su personal utilizó recursos del gobierno -tiempo de trabajo, computadoras u otro equipo financiado por los contribuyentes- para involucrarse en actividades de campaña.

“Obviamente, si había violaciones de campaña, y fueron hechas por un empleado de la ciudad, se ve peor porque es el personal profesional de [la consejera]”, dijo el abogado Gary Winuk, quien antes trabajó para la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado.

El objetivo de la investigación federal de las actividades de campaña del Valle de San Fernando todavía no está claro.

Huerta, un residente de Arleta, no hizo ningún comentario cuando fue contactado por el L.A. Times, y Martínez tampoco quiso hablar del proceso en curso, mismo caso de un portavoz de la oficina del fiscal federal.

En abril, un ayudante del representante Tony Cardenas (demócrata de Los Ángeles) -quien apoyó a Martínez en sus campañas de 2013 y 2015- reveló que ella había recibido una citación para presentarse ante el jurado. Seis meses después, un portavoz de la campaña de Martínez confirmó que habían llamado a varios de los ayudantes de la consejera ante el jurado para contestar preguntas sobre su campaña de reelección. Y en meses recientes, los electores de Martínez -en entrevistas con el Times- han identificado al menos a 19 personas que fueron con el jurado y estaban enlistadas como que le dieron contribuciones a Martínez de $5 o $10.

Algunas de esas personas dicen que les dijeron a los investigadores que nunca dieron esas pequeñas donaciones, aunque estaban en los registros de la ciudad como que lo habían hecho. “Cuando fui ante el jurado, les dije que no tengo dinero de sobra para apoyar a alguien más”, dijo Ciro Catalán, un residente de Arleta.

Catalán dijo que ni él ni otros tres parientes -una hermana, un cuñado y un primo- donaron a la campaña de reelección de Martínez. Pero los cuatro están enlistados como que donaron $5 en documentación presentada por Martínez ante la Comisión de Ética de la ciudad. Él también dijo que su esposa sí dio $5.

Agencias federales de aplicación de la ley tienen el poder de investigar fraudes de más de $5,000 en las ciudades que reciben fondos federales. Además, la ciudad de Los Ángeles prohíbe a donantes dar dinero a nombre de otra persona sin el conocimiento y participación de ésta.

Casi una quinta parte del dinero recaudado por Martínez para su campaña de reelección de 2015 vino de fondos compensatorios, según registros de la Comisión de Ética. Si los agentes del FBI sospechan que MartÍnez empleó información fraudulenta de donantes para obtener dinero de los contribuyentes, muy probablemente perseguirían a la gente que estuvo a cargo —no ayudantes de bajo rango de políticos—, dijo el abogado Joseph Akrotirianakis, un ex fiscal en la oficina del fiscal federal de Los Ángeles.

“Es improbable que el FBI vaya tras un empleado de bajo rango”, dijo.

El otoño pasado, un portavoz de campaña dijo que Martínez “supo de parte del del fiscal federal” que ella no es un objetivo.

El año pasado fue el primer ciclo electoral en L.A. en el cual, conforme a una ley de ética recién aprobada, los consejeros candidatos tenían que obtener contribuciones de al menos 200 residentes en sus respectivos distritos para recibir fondos de los contribuyentes. Donaciones tan pequeñas como de $5 estaban permitidas y, bajo las reglas de la ciudad, cualquier contribución de hasta $30 podía hacerse en efectivo.

El residente de Panorama City, Brian Bautista, dijo que dio $5 a la campaña de Martínez en respuesta a una petición de la novia de su hermano, que trabaja como ayudante de la consejera. El ayudante, a quien no quiso nombrar, fue a la casa de la familia y recogió cuatro contribuciones de $5, dijo Bautista.

“Creo que alguien tenía $20 y solamente lo dividimos”, agregó.

Bautista dijo que varios meses más tarde, él y tres familiares fueron llamados para aparecer ante el jurado. Durante el interrogatorio, dijo, los fiscales preguntaron si él personalmente había firmado una forma de donación. El conductor de autobús de 27 años relató que le dijo al jurado que el empleado de Martínez llenó la forma, pero que la había firmado él mismo.

Gary Villagonzalo, que también vive en Panorama City, dijo que él y otros tres familiares también se presentaron ante al jurado para contestar preguntas sobre la lista de donantes de Martínez. Villagonzalo dijo que su hija, sin su conocimiento, lo había puesto en la lista a él, su esposa y otro miembro de su familia como donantes de $10 de la campaña de la consejera.

Villagonzalo dijo que su hija, una estudiante universitaria, lo hizo después de que fue contactada por un empleado de Martínez, Guillermo Márquez, para hacer donaciones.

Márquez, que trabaja en la oficina de Van Nuys de Martínez, colgó el teléfono cuando fue contactado por el Times.

El distrito de Martínez se extiende del Lago Balboa a Sun Valley. Elegida inicialmente al consejo en 2013, ella ha sido abierta sobre la necesidad de un sistema de fondos compensatorios. En un mensaje de seis minutos producido por la organización California Common Cause, ella dice que los fondos de los contribuyentes le dan a los candidatos que no son parte del sistema político “una oportunidad para competir por un puesto y ganarlo”.

“Se necesita dinero para poder comunicarse con los votantes”, dice Martínez en el video. “Es imposible zigzaguear a través de tu distrito. Hay casi 300,000 personas que represento en mi distrito”.

Kathay Feng, director ejecutivo de California Common Cause, dijo que es posible que algunos donantes de Martínez negaran que dieron contribuciones debido a una creencia incorrecta de que la donación podría ponerlos en problemas con las autoridades. Tal comportamiento no sería insólito en vecindarios con muchos inmigrantes, como los que representa Martínez, donde los residentes no están familiarizados con las leyes de finanzas de campaña, dijo Feng.

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