Inútil la limpia de campamentos de desamparados en Los Ángeles

Cuando los trabajadores vestidos con uniformes protectores de materiales peligrosos arribaron, no había mucho que hacer.

Rosa Torres había recibido un aviso mandatorio de 72 horas de desalojo colocado en un árbol del Parque Comunitario North Hills.

Ella había movido cerca de 20 carritos con sus pertenencias al cruzar de Parthenia Place donde los colocó en las afueras del parque.

Los trabajadores echaron spray en algunos desperdicios y los llevaron en una camioneta blanca, dejando atrás los carritos.

James McDonald, oficial del LAPD, que supervisó el operativo, no piensa que Torres se irá por mucho tiempo.

“Se irá por la noche y luego regresará”, dijo McDonald.

Eso exactamente hizo. Hoy, dos meses después, los 20 carritos se encuentran alineados uno atrás del otro, como una fortaleza. Ella vive bajo un plástico azul suspendido en el aire. Dice que es feliz con su vida al aire libre. Dice que consideraría mudarse a un apartamento, si alguien se lo ofrece, pero no esta deseosa por hacer ese cambio.

Al tiempo que la ciudad lanza una iniciativa de 100 millones para solucionar el problema de los sin casa, el ejemplo de Torres muestra que además de los problemas legales y de presupuesto, hay un problema moral que inhibe a los trabajadores a lidiar con el problema.

En los últimos diez meses que finalizaron en julio, al menos 400 desalojos se han llevado a cabo a lo largo de la ciudad.

Cerca de 100 lugares han sido sujetos del mismo operativo más de una vez y algunos de ellos repetidamente. El que lleva la delantera es el que está ubicado en Skid Row, pero otros dos en San Pedro, en 7^th y Palos Verdes fueron limpiados en siete ocasiones.

Mientras los líderes del municipio discuten como aliviar legalmente los problemas de seguridad, salud y otros asociados con los desamparados, las acciones en las calles son una fachada en donde los trabajadores saben que poco va a cambiar.

“Si estuviera caminando por las calles, diría… ‘Estoy pagando por eso?”, dijo McDonald durante una entrevista, en relación a lo inútil que son estos operativos.

Un vocero de la Junta Sanitaria dijo que la concejal Nury Martínez pidió el operativo, pero no mencionó la razón por la cual los carritos de Torres no fueron removidos.

Jim Dantona, jefe de staff de Martínez, dijo que el caso de Torres no es usual. Citó otros lugares en donde largas sumas de materiales han sido removidos. Reconoce que esta limpieza puede dispersar varios campamentos, pero no saca a la gente de las calles.

“Se mueven del lugar y lo mismo van al sur o al norte”, dijo Dantona.

Agregó que junto al operativo, van especialistas que les ofrecen diferentes servicios.

“Noventa por ciento de ellos los rechaza, ya sea por salud mental o porque no los quieren”, agregó.

McDonald dijo que esto representa un dilema para los trabajadores en donde tienen que balancear la compasión con su responsabilidad de mantener un nivel aceptable de calidad de vida para residentes y negocios.

“La podemos arrestar todos los días por lo que está haciendo”, dije McDonald. “¿Sabes que cada negocio paga entre 430 y $500 por carrito? Ella tiene al menos 20. Nosotros arrestamos a alguien por robarse un auto o bicicleta por robo mayor. Ella tiene alrededor de $6,000 o $10,000 que pertenecen a otra persona”.

Pero los arrestos no han probado ser exitosos.

“Los arrestamos y ellos regresan rápidamente. Es un delito menor. Una multa de $100”.

La defensa discutirá que son pobres.

“Nos dicen, ‘Claro, vi el juez. Ellos dicen, limpien esa área cuando salgan”, agregó.

No ha sido efectivo con Torres. Ella tiene una actitud como si “Esta calle es mi propiedad”.

“La hemos liberado tantas veces de cstodia. No se cuántas. Pero esto no ha cambiado”.

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