Grupos pro armas rechazan ley que limita la capacidad de los cargadores de balas

A principios de este año los legisladores de la ciudad de Los Ángeles se unieron al debate nacional sobre el control de armas, con un voto unánime para prohibir los cargadores de armas de fuego que tengan más de 10 rondas de munición.

Los activistas que apoyan el control de armas dijeron que eliminar esa clase de cargadores de municiónes reduciría el derramamiento de sangre por las balaceras masivas al obligar a los atacantes a detener momentáneamente sus tiroteos para volver a cargar sus armas. Y dijeron que tenían confianza en que las nuevas reglas serían sustentables en la corte: los jueces federales ya habían rechazado peticiones para impedir que se aplicaran leyes similares en San Francisco y Sunnyvale.

En julio, durante un mitin en las afueras de la alcaldía de Los Ángeles, el concejal Paul Krekorian declaró que si los activistas en pro de las armas querían demandar a la ciudad, “adelante, que lo hagan”.

Y eso es precisamente lo que sus críticos están haciendo ahora. La California Rifle and Pistol Assn. (Asociación de rifles y pistolas de California) y otros opositores el viernes presentaron una demanda en contra de la ciudad en la Suprema corte de justicia del condado de Los Ángeles. Los grupos en pro del derecho a portar armas han criticado duramente tales prohibiciones arguyendo que los dueños legales de armas han escogido ese tipo de cargadores para su autodefensa.

Esta vez, sin embargo, los abogados dijeron que están desafiando la prohibición alegando que ya está reemplazada por la ley de California, no en la base de la enmienda número dos, el derecho a portar armas, como lo hicieron en los casos de Sunnyvale y San Francisco. La demanda argumenta que la prohibición de L.A. agrega a “un edredón hecho de remiendos de leyes” que los viajeros dentro de la ciudad “deben intentar navegar bajo la amenaza de sanciones penales”.

Los defensores de los derechos a portar armas utilizaron un argumento similar al que usaron en San Francisco al demandar exitosamente para lograr anular una ley que prohibía la posesión de armas de fuego para la mayoría de los residentes de la ciudad. La nueva demanda busca detener a la ciudad de Los Ángeles de hacer cumplir la ley de reducción de municiones y sacar las reglas del el código de la ciudad.

El Law Center to Prevent Gun Violence, (Centro legal para prevenir la violencia por las armas), que apoya leyes más estrictas para el control de armas, respondió el viernes que el hecho de que California tenga reglamentos vinculados a esos cargadores de municiones no quiere decir que los condados y ciudades locales no puedan pasar sus propias reglas. Mike Feuer, fiscal de la ciudad, desechó esas reclamaciones legales como “sin fundamento”, declarando que la ciudad combatiría la demanda y la ganaría.

Y Krekorian, quien defendió las nuevas restricciones, lo llamó “un predecible y desesperado intento de los abogados de [National Rifle Assn.] para derrocar una política de sentido común que mantendría nuestra ciudad y a su gente segura”.

“Debido a que la gran mayoría de los tiradores en masa poseen y utilizan cargadores de gran capacidad para matar y mutilar a gente inocente, las leyes como esta son fundamentales para proteger a los residentes de la ciudad”, dijo Krekorian en un comunicado.

Las leyes estatales ya prohíben en general la fabricación de tales cargadores de munición, así como ofrecerlos en venta o traerlos al estado. Pero California no prohíbe específicamente que las personas las posean, lo cual Krekorian y otros defensores del control de armas consideran como un peligroso vacío en la ley.

Bajo las reglas del estado, los residentes pueden en general continuar aferrándose a esos cargadores si ya los poseían dentro del estado antes de una fecha determinada. Los grupos demandando a Los Ángeles argumentaron que su ordenanza contradice eso y otras leyes estatales porque California “específicamente y tenazmente permite la posesión continua” de cargadores que ahora están prohibidos bajo las reglas de la ciudad.

“Hay literalmente decenas de miles de estos cargadores en existencia a través de California que la gente puede legalmente en poseer — y la ley estatal actual permite ser poseídas” dijo el sheriff del condado de Shasta, Tom Bosenko, que es un demandante en el caso. “Esta prohibición reemplaza a esta. Erosiona los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley”.

Además, la demanda reclama que la prohibición de L.A. “efectivamente bloquea a numerosos individuos que no puede transportar sus cargadores a ningún lugar sin de viajar a través de Los Ángeles” a pesar de que las leyes del estado permiten que los legítimos titulares de dichos cargadores de munición puedan transportarlos. Por ejemplo, sostiene que el instructor de seguridad de armas de fuego de Torrance Kenneth Takahashi encontrará que es “prácticamente imposible” llegar a sus capacitaciones en otros lugares.

De acuerdo a su sitio web, Rifle and Pistol Assn. es el afiliado estatal de la National Rifle Assn. pero tiene su propia mesa directiva independiente. Se les ha unido a su demanda la California Reserve Peace Officers Assn., la Law Enforcement Alliance of America y los propietarios de cargadores de pistolas de Los Ángeles y de ciudades cercanas.

Bosenko está entre los 30 alguaciles del condado que también se unieron a la demanda argumentando que las nuevas reglas podrían tipificar como delincuente a cualquier persona que ha sido autorizada para transportar los cargadores si conducen a través de Los Ángeles y también podría poner al sheriff y a ellos mismos en riesgo. Las reglas de L.A. eximen a cualquier policía y los propietarios de armas militares que están autorizados a poseer tales cargadores “mientras actúan en el ámbito de sus funciones”, pero la demanda afirma que significa que el sheriff y sus audantes podrían ser arrestados por tener cargadores mientras están fuera de servicio en Los Ángeles.

La prohibición en Los Ángeles entró en vigor a principios de este año. Los activistas en pro del control de armas ahora buscan expandir estas restricciones por toda California, abogando por una iniciativa electoral respaldada por el vicegobernador Gavin Newsom que prohibirían la posesión de los cargadores de munición que puedan contener más de 10 rondas, así como otras medidas para hacer más estrictas las leyes de control de armas del estado.

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