Grave amenaza contra los sindicatos en California
Rebecca Friedrichs, una maestra del condado de Orange, es la principal demandante en un caso presentado por un grupo de maestros que está retando las cuotas que se les hace a los individuos que no son miembros de los sindicatos públicos de California.
La Suprema Corte dijo el martes que escucharía el gran desafío a los sindicatos públicos de California y decidiría si pueden cobrar cuotas a los que no son miembros para apoyar las negociaciones colectivas.
Al centro se encuentra un precedente de la corte de la época de los años setenta, que permite que esos sindicatos en California y otros 20 estados recojan la “parte justa” de la cuota de todos los empleados.
El ala conservadora de la corte, encabezados por el juez Samuel A. Alito Jr., ha señalado que ve estas cuotas forzosas como inconstitucionales porque obliga a algunos empleados a apoyar una causa a la que se oponen.
En el otoño, los jueces escucharán un desafío directo a las cuotas que es presentado a nombre de Rebecca Friedrichs, una maestra de una escuela pública en el condado de Orange que se opone a apoyar al California Teachers Association.
Es muy probable que el caso sea visto como una prueba crucial para los sindicatos de empleados públicos, que han estado bajo ataque político en varios estados que son encabezados por los republicanos. El resultado bien podría tener un impacto político, ya que estos sindicatos han sido partidarios confiables del partido demócrata.
The Center for Individual Rights, un pequeño grupo conservador de Washington, deseaba llevar el asunto ante la Corte Superior tan pronto como fuera posible. El grupo financió la demanda, la cual arguye que que obligar a Friedrichs y a otros profesores a financiar su sindicato es obligadamente un tipo de discurso inconstitucional.
La demanda dice que la cuota total para los profesores que se incorporan al sindicato es de alrededor de 1,000 dólares al año, pero los maestros que no son miembros todavía tienen que pagar en promedio casi 650 por su participación en el costo de la negociación colectiva, que ha sido considerada que beneficia a todos los trabajadores, incluyendo a los que no son miembros.
Los abogados de la CTA y la fiscal general de California, Kamala Harris, defendieron las cuotas sindicales en base a que fueron autorizadas por la ley y porque eran una manera justa de que todos los empleados pagaran por el costo de la negociación colectiva. Un juez federal y el Noveno circuito de la corte apelaciones de E.E.U.U. rechazó el desafío, citando el fallo de la Suprema Corte de 1977 en Abood vs Detroit Junta Board of Education.
A principios de este año, el Center for Individual Rights interpuso un recurso instando a los jueces a anular ese precedente de la Suprema Corte y echar abajo lo que llamó el “régimen de varios centenares de millones de dólares de discurso forzoso”.
Terry Pell, presidente del grupo dijo el martes que “Este caso es sobre el derecho de las personas a decidir por sí mismas si quieren unirse y pagar cuotas a una organización que pretende hablar en su nombre. Estamos buscando el final de las cuotas sindicales obligatorias en toda la nación sobre la base de los derechos de libertad de expresión garantizada por la 1ra enmienda”.
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