Familia de joven asesinado en la frontera, puede demandar, dice un juez
Un juez federal en Arizona ha dictaminado que una familia mexicana puede demandar a la Patrulla Fronteriza por la muerte de un joven de 16 años de edad que murió en México pero quien fue abatido por balas disparadas desde el lado estadounidense de la frontera.
El 12 de octubre del 2012, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, recibió ocho impactos de bala en la espalda por parte del agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz. Araceli Rodríguez, la madre de José, presentó una demanda por muerte ilícita.
La Patrulla Fronteriza argumentó a través del abogado del sindicato de su agente, Sean Chapman, que Rodríguez no tenía derecho a demandar en los Estados Unidos porque un ciudadano mexicano asesinado en suelo mexicano no tiene derecho a las protecciones otorgadas en la Constitución de los Estados Unidos.
El Juez del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos Raner Collins estuvo en desacuerdo. En una sentencia liberada el jueves por la tarde, Collins determinó que Rodríguez tiene un derecho de la 4ta Enmienda para disputar la balacera, la cual Collins dijo que constituía una “incautación” realizada por parte de la Patrulla Fronteriza porque detuvo a José de moverse libremente.
La 4ta Enmienda protege contra las búsquedas sin razón y las incautaciones.
La decisión de Collins giró en torno a que si los hechos que fueron alegados son motivos suficientes para presentar una demanda. Collins señaló que las acusaciones en la demanda se basan en información proporcionada por la familia de la víctima y los testigos y que permanecen siendo acusaciones al menos que sean comprobadas en el tribunal.
Las balaceras transfronterizas han enfocado la ira sobre la Patrulla Fronteriza y su omnipresente presencia en las comunidades fronterizas. La agencia por sí misma, enfrentándose a las críticas por las acciones de sus agentes, ha absuelto a los agentes de conducta criminal en todos excepto tres de los 67 incidentes de balaceras que han dejado a 19 personas muertas. Los tres casos están pendientes.
El dictamen de Collins contradice un fallo otorgado por otro tribunal federal en un incidente similar -- un agente de la Patrulla Fronteriza en Texas efectuó disparos que mataron a un joven mexicano de 15 años de edad mientras corría lejos de la valla de la frontera que separa a El Paso y Ciudad Juárez.
El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la familia de Sergio Adrián Hernández Guereca no tenía derecho a demandar en los tribunales estadounidenses.
Los investigadores de Estados Unidos dijeron que el agente de la Patrulla Fronteriza que efectuó los disparos había quedado bajo ataque por personas que lanzaban piedras.
El caso de El Paso fue escuchado por los jueces del Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito. Históricamente, el 5to. Circuito con sede en Nueva Orleans ha sido considerado conservador y el 9no. Circuito, predominante en la costa oeste, generalmente realiza interpretaciones más liberales de la Constitución.
“Al aplicar la jurisprudencia del [Noveno] Circuito a los hechos de este caso específico, este tribunal respetuosamente está en desacuerdo con el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y ha llega a una conclusión diferente”, dijo Collins en la decisión.
La decisión de Collins es otra pieza del rompecabezas contradictorio de los derechos otorgados en los tribunales de Estados Unidos a los extranjeros que se encuentran en suelo extranjero. La cuestión ha surgido anteriormente con los detenidos de Guantánamo, quienes ganaron el derecho de hábeas corpus en una decisión de la Corte Suprema en el 2008, y con un ciudadano mexicano que perdió una impugnación para un registro de su casa en México por parte de los agentes de la Administración para el Control de drogas de los Estados Unidos
Los agentes fueron representados por los abogados contratados por su sindicato, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. El portavoz Shawn Moran dijo que la decisión de Collins será más que probable que se anule en la apelación, “para alinear esta decisión con la del 5to. Circuito”.
Moran dijo que las decisiones judiciales que cuestionan las acciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza colocan a los agentes en riesgo al hacerlos dudar en las situaciones de vida o muerte.
“Esto hace que su trabajo sea aún más difícil”, dijo Moran.
La decisión de Collins se centró en el estatus de José como un civil ocupado en una actividad pacífica. Los testigos dijeron que caminaba de regreso a casa después de un partido de basquetbol en Nogales, Sonora, cuando Swartz disparó entre 15 y 30 rondas de balas desde el lado de Arizona de la frontera después de ser atacado por personas que lanzaban piedras. José vivía a cuatro cuadras de la frontera internacional y tenía familia en los Estados Unidos
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