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Condenan a prisión a ex oficiales del Sheriff por golpiza a visitante de la cárcel

Gabriel Carrillo y su entonces novia -- ahora su esposa -- muestran una foto que ella tomó de Carrillo unos pocos días después de que fue brutalmente golpeado por los oficiales del Sheriff del Condado de Los Angeles en la Cárcel Central para Hombres.

Gabriel Carrillo y su entonces novia -- ahora su esposa -- muestran una foto que ella tomó de Carrillo unos pocos días después de que fue brutalmente golpeado por los oficiales del Sheriff del Condado de Los Angeles en la Cárcel Central para Hombres.

(Don Bartletti / Los Angeles Times)
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Dos ex oficiales del Sheriff del Condado de Los Ángeles fueron condenados a prisión federal el lunes por su participación en la golpiza de un visitante de la cárcel que se encontraba esposado y por un plan para encubrir el ataque.

En audiencias sucesivas llevadas a cabo en su tribunal del centro de la ciudad, el juez de distrito de los Estados Unidos, George H. King, rechazó las últimas peticiones de clemencia realizadas por los abogados de Sussie Ayala y Fernando Luviano. El juez le otorgó a Ayala una condena de seis años y Luviano recibió siete años.

Ayala y Luviano fueron condenados en junio junto con su supervisor de la Cárcel Central del Condado. Un jurado federal encontró que los tres habían violado los derechos civiles de Gabriel Carrillo, quien quedó gravemente ensangrentado después de la golpiza del 2011 y quien luego fue arrestado por cargos falsos.

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El supervisor, el ex sargento Eric González, este mes fue condenado a ocho años en prisión.

Aunque los abogados de los dos oficiales y de González dijeron que planeaban apelar las condenas, las sentencias otorgadas el lunes marcan el final de la preocupante saga, de casi cinco años, de la golpiza de Carrillo.

El caso es el primero de entre un puñado en donde los oficiales se enfrentan a cargos de brutalidad derivados de una amplia gama de investigaciones realizadas por el FBI a las cárceles del condado.

La investigación del FBI desató un escándalo que empañó la carrera del veterano sheriff Lee Baca, quien renunció el año pasado, y condujo a la acusación de su ex asesor principal por cargos de obstrucción de la justicia. Hasta ahora la investigación ha dado lugar a la convicción de más de una docena de ex oficiales del Sheriff por cargos de obstrucción y otros delitos.

Ayala y Luviano se encontraban de guardia en el centro de visitas de la Cárcel Central para Hombres en febrero del 2011 cuando Carrillo llegó a visitar a su hermano, en ese entonces un recluso.

Cuando a Carrillo y a su entonces novia se les descubrió que llevaban teléfonos celulares en el vestíbulo del centro de visitas de la cárcel -- una violación de la ley estatal --fueron esposados y llevados a una sala privada.

Después de que Carrillo le habló groseramente a Ayala, ella llamó a Luviano, quien lanzó a Carrillo al piso. Otros oficiales se unieron al ataque, descargando una andanada de patadas y golpes. Mientras Carrillo fue sujetado y todavía se encontraba esposado, Luviano lo roció en la cara con gas lacrimógeno.

Carrillo resultó con la nariz fracturada, moretones en su cuerpo y cortes en el rostro. Los fiscales argumentaron durante el juicio que Ayala, Luviano y otros oficiales – bajo la dirección de González -- inventaron una historia que indicaba que Carrillo había atacado a los oficiales e intentó huir cuando se le retiraron las esposas de una de sus manos para tomarle las huellas dactilares.

En base a esas circunstancias, Carrillo fue acusado, en el tribunal estatal, con agredir a los oficiales. Los cargos en contra de Carrillo fueron retirados poco tiempo antes de la fecha programada para el inicio de su juicio. El Condado más tarde le pagó $1 millón 200 mil dólares para resolver una demanda civil y, recientemente, un juez del Tribunal Supremo del Condado de Los Ángeles absolvió formalmente a Carrillo de cualquier conducta indebida en el caso, borrando la detención de su récord.

Los cargos federales de derecho civil en contra de los oficiales y de González dependieron en gran medida del testimonio de otros dos ex oficiales involucrados en el incidente. El par realizó acuerdos con los fiscales federales que requerían que se declararan culpables de cargos menores y testificarán en el juicio.

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