Engañosamente, le llaman la Ley de Hogares y Escuelas Saludables, pero es una estafa a los contribuyentes

Es posible que, en cualquier momento, le pidan que firme una petición para respaldar una propuesta electoral en California llamada Ley de Hogares y Escuelas Saludables. ¿A quién no le gusta esa idea?

Lo que no les dirán es que la norma, engañosamente llamada de esa forma, es un intento furtivo de las principales compañías de pintura para no pagar cientos de millones de dólares en descontaminación por vender productos con niveles tóxicos de plomo.

Tampoco le dirá que las compañías de pintura prefieren que usted se haga cargo económicamente de ello.

“Esta iniciativa debería llamarse ‘Déjennos tranquilos y paguen ustedes los millones de dólares por su error’”, afirmó la asambleísta Wendy Carrillo (D-Los Ángeles). Carrillo es una de la media docena de legisladores estatales que presentaron proyectos, la semana pasada, para contrarrestar el engañoso mecanismo de las compañías de pintura y asegurarse de que se hagan responsables por el desastre que crearon o heredaron mediante adquisiciones. “Las empresas sabían que su pintura tenía plomo y de todos modos la vendían”, consideró. “Están poniendo las ganancias por encima de las personas”.

Para entender esta historia, hay que retroceder casi dos décadas, hasta que el condado de Los Ángeles y otras nueve jurisdicciones de California demandaron a aquellas firmas que en algún momento habían fabricado pinturas a base de plomo. Eso derivó en 13 años de litigios.

En 2014, las jurisdicciones ganaron un fallo por $1,150 millones del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, que dictaminó que las compañías habían comercializado pintura con plomo como un producto seguro a pesar de que sabían que era venenoso, especialmente para los niños.

La pintura con plomo está prohibida para uso residencial desde 1978, pero todavía es posible encontrarla en millones de hogares, particularmente en comunidades de bajos ingresos.

Estas empresas, que enfrentan más de $1,000 millones en pagos para eliminar la pintura con plomo de los hogares de California, no perdieron tiempo en apelar la decisión de 2014.

En noviembre pasado, la Corte de Apelaciones del Distrito 6 del estado modificó el fallo del tribunal inferior e indicó que la sentencia se aplica solo a las casas construidas antes de 1951, cuando las compañías dejaron de publicitar la pintura con plomo. Eso significa un pago menor para los fabricantes, pero probablemente aún sean cientos de millones de dólares.

La Corte Suprema de California rechazó el mes pasado una solicitud de las compañías para ocuparse del asunto. Entonces, las empresas idearon un nuevo plan: dejar que los contribuyentes se hagan cargo.

Las firmas -Sherwin-Williams, Conagra y NL Industries, ninguna de las cuales tiene sede en California- contrataron a un grupo de cabilderos locales y recaudaron cerca de $2 millones cada una para elaborar la Ley de Hogares y Escuelas Saludables, que esperan califique para la votación de noviembre.

Si se aprueba, los liberaría de la fuerte reparación ordenada por el juicio, haciendo que el estado emita $2,000 millones en bonos para cubrir una limpieza más integral, que incluiría moho, asbestos y otros problemas, además de la pintura tóxica.

La iniciativa está disfrazada con todo tipo de causas empáticas, como la preocupación por la vivienda asequible y la escasez de propiedades de alquiler. También defiende que “cualquier respuesta a la crisis de vivienda de California debe ser para rehabilitar las propiedades existentes que son inhabitables, o que presentan riesgos potenciales para la salud de sus residentes debido a riesgos estructurales o ambientales”.

La solución, dice, es que el estado solicite $2,000 millones de dólares para una profunda reforma del mercado inmobiliario, incluida la “reparación de riesgos estructurales y ambientales que incluye, entre otros, moho, amianto, radón, agua, plagas, ventilación y peligros del plomo”.

Y luego, cita esta disposición aparentemente inocua: “La pintura a base de plomo en propiedades residenciales privadas o públicas, ya sea que se consideren de forma individual, colectiva o en conjunto, no altera el orden público”.

Esa línea es la razón de ser de la iniciativa electoral. Según la ley de California, “cualquier cuestión que sea nociva para la salud... que interfiera con el disfrute cómodo de la vida o la propiedad, es una alteración del orden público”.

La norma afirma que es un delito si alguien “mantiene o comete cualquier molestia pública”, o si “voluntariamente omite realizar cualquier deber legal relacionado con la eliminación de una molestia pública”.

Las jurisdicciones de California que presentaron la demanda basaron todo su caso en esta premisa y los tribunales estuvieron de acuerdo. Una molestia pública ilegal fue creada y perpetuada por las compañías de pintura.

La Ley de Hogares y Escuelas Saludables expone que no fue así realmente, a pesar de todas las pruebas que indican lo contrario. También dice que cualquier demanda “pendiente de apelación o presentada después del 1º de noviembre de 2017” queda anulada e invalidada, lo cual básicamente arroja las dos costosas decisiones judiciales por la ventana. Algo así como un mecanismo de Marty McFly, que podía cambiar el presente al alterar el pasado.

Kendall Klingler, una consultora de relaciones públicas especialmente contratada como portavoz de la iniciativa electoral, reconoció que la Ley de Hogares y Escuelas Saludables es una respuesta directa a los fallos de la corte. Pero insistió en que la iniciativa es realmente buena para los californianos. “Las decisiones crearon una gran carga para los propietarios”, expuso Klingler. “Etiquetó millones de hogares como una molestia pública, algo que puede causar una pérdida de valor de la propiedad”.

Pero en realidad, no fue así, contrarrestó la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. “No creemos que sea así en absoluto”, dijo June Barlow, abogada general de la organización. El estado ya exige la divulgación de los casos de pintura con plomo durante las ventas de casas, por lo que el riesgo se ha reflejado en los valores de las propiedades durante años.

Barlow también indicó que una lectura atenta de la decisión judicial de noviembre indica que la pintura con plomo en general es considerada una molestia pública, no la presencia de esta en los hogares individuales.

Cualquier casa o edificio de apartamentos construido antes de 1978 es probable que contenga pintura con plomo, a menos que haya sido eliminado posteriormente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de 24 millones de unidades de vivienda mal mantenidas en todo el país representan un peligro de exposición a esa pintura. “Incluso niveles bajos de plomo en la sangre han demostrado afectar el coeficiente intelectual, la capacidad de prestar atención y el rendimiento académico”, indicaron los CDC. “Y los efectos de la exposición al plomo no se pueden corregir”.

Se ha descubierto que algunos vecindarios de California, incluido el centro de L.A., tienen índices de envenenamiento infantil por plomo que superan los de Flint, Michigan, donde en 2015 se determinó que el suministro local de agua estaba contaminado con plomo y otras toxinas.

Carrillo, la asambleísta, tenía razón al decir que “las compañías de pintura solo quieren que los contribuyentes paguen por el caos que crearon”.

Y para colmo de males, la Oficina del Analista Legislativo del estado calcula que, si pedimos prestado $2,000 millones, como las compañías de pintura quieren, devolver el capital más los intereses por la duración de los bonos -35 años- costaría a los contribuyentes californianos casi $4,000 millones. Gracias, pero no.

Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí: