Obligan a L.A. a pagar $30 millones para brindar entrenamiento laboral a pandilleros
Un oficial del LAPD salta una cerca para que su compañero ingrese a un complejo de viviendas en 2007, en respuesta a una orden judicial antipandillas. Las disposiciones ilegales de toque de queda incluidas en muchas de las medidas cautelares contra pandillas son el foco de una demanda federal colectiva.
La ciudad de Los Ángeles deberá pagar hasta $30 millones para asistir a miles de personas que fueron sometidas a toques de queda ilegales incluidos en medidas cautelares contra pandillas.
El dinero, que se utilizará principalmente para brindar capacitación laboral a miembros de pandillas, es la pieza central para alcanzar un acuerdo en una acción judicial colectiva que acusó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) de hacer cumplir el toque de queda escrito en muchas medidas cautelares contra pandillas durante años, aún después de que esa figura fuera derogada por su inconstitucionalidad.
El Concejo de Los Ángeles votó por unanimidad este miércoles en favor de aprobar el acuerdo. Aún resta que el juez que interviene en la causa lo apruebe.
Casi 50 medidas cautelares tienen vigencia en algunos de los barrios más conflictivos de la ciudad.
Estos mandatos son órdenes judiciales que tienen por objetivo restringir severamente la actividad de pandillas mediante la prohibición de, entre otras cosas, la socialización mutua entre pandilleros y sus cómplices, la portación de armas o el uso de ciertas prendas de vestir dentro de la zona comprendida por la medida, que normalmente abarca los barrios donde las pandillas están activas.
Pese al reciente aumento de la actividad de pandillas, la ciudad ha hecho grandes avances en la última década en limitar la violencia, el tráfico de drogas y otros delitos. Las autoridades atribuyen este progreso a las medidas cautelares.
Sin embargo, en 2011, un abogado llamado Olu Orange presentó una demanda federal desafiando las disposiciones de toque de queda incluidas en 21 de las medidas cautelares de la ciudad, que prohibían a las personas circular libremente después de las 10 p.m. Los términos de los toques de queda, argumentó Orange, eran tan amplios y vagos, que podían considerarse ilegales.
La policía y las autoridades de la ciudad, explicó Orange en ese momento, ignoraron deliberadamente una resolución de 2007 dictada por una corte de apelaciones de California, que consideró que un toque de queda similar en otra ciudad violaba los derechos de los individuos.
En ese fallo, el tribunal estimó que una medida cautelar contra una pandilla de Oxnard no había definido adecuadamente qué significaba para alguien “estar afuera” durante las horas del toque de queda.
La redacción “era tan vaga, que hombres con un grado de inteligencia normal debían necesariamente adivinar su significado”, dijo la corte.
La demanda presentada por Orange surgió ante el arresto de Christian Rodríguez, un adolescente que en ese momento residía en el complejo habitacional Mar Vista Gardens, un bastión de la pandilla Culver City Boys.
Rodríguez no era miembro ni cómplice de la banda, pero estaba incluido en la medida cautelar debido a los vínculos de uno de sus hermanos mayores con la pandilla, refirió Orange. Los oficiales antipandillas del LAPD arrestaron a Rodríguez a altas horas de la noche, en junio de 2009, cuando lo hallaron afuera con unos amigos, en las canchas de handball del complejo.
Al chico se lo acusó sólo por violar el toque de queda.
Los cargos criminales contra Rodríguez fueron retirados y, en 2012, las autoridades policiales ordenaron a los oficiales dejar de aplicar los toques de queda ilegales. Sin embargo, Orange llevó adelante una demanda colectiva más amplia, en nombre de toda persona detenida por violar los toques de queda.
El caso pasó de una corte a otra durante años. Finalmente, las dos partes acordaron la idea de que la ciudad brinde ayuda para financiar organizaciones sin ánimo de lucro que, a su vez, podrán proporcionar servicios a la gente que haya sido indebidamente arrestada por violar toques de queda.
La cantidad que abonará la ciudad a este fondo dependerá de cuántas personas se presenten a declarar. Cualquier individuo, de los aproximadamente 5,700 cubiertos por las medidas cautelares comprendidas en la denuncia, es elegible para recibir fondos, aun cuando no haya sido arrestado por violar el toque de queda.
Bajo los términos del acuerdo, la ciudad debe comprometer un mínimo de $4.5 millones y un máximo de $30 millones durante los próximos cuatro años, a entidades sin fines de lucro. El dinero financiará clases de entrenamiento laboral y programas de aprendizaje para miembros y cómplices de pandillas. Parte de los fondos se destinarán a programas para remover tatuajes de pandillas.
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