Denuncian abusos y racismo de los guardias de la prisión estatal High Desert
Investigadores estatales dieron a conocer que los reclusos de una prisión del norte de California son sometidos a actos de “racismo abierto” y a agresiones por parte del personal de la prision.
En un informe especial publicado el miércoles, la oficina del Inspector general pidio al Departamento de Prisiones que abordara lo que describió como problemas de “cultura” profundamente arraigados en la prisión estatal de High Desert, ubicada en la esquina noreste de California, cerca de Susanville.
La investigación fue solicitada en junio por un comité del Senado después de que hubo quejas de fuerza excesiva de parte de los guardias y de reportes de que los presos acusados de delitos sexuales fueron alojados junto a aquellos prisioneros con mayor probabilidad de agredirlos.
Los investigadores dijeron que encontraron “aislamiento e indiferencia hacia los internos” en la cárcel, agravada por la lejanía geográfica de la prisión y “una organización de trabajo que no admite ni la supervision, ni los reportes que pudieran afectar negativamente a otros oficiales”.
Los llamados patios de “necesidades sensibles”, que se supone protegen a los internos que tienen probabilidades de ser atacados, eran “tan violentos” como el resto de High Desert — “con pandillas imponiendo abusos y castigos por deudas por drogas y juego y extorsionando a los reclusos vulnerables a cambio de protección, todo lo cual se agrava por la aceptación tácita del personal de custodia”.
“En los últimos ocho meses, hemos tomado medidas significativas para investigar y mejorar las operaciones en la prisión estatal de High Desert, y vamos a continuar haciéndolo”, indicó en una respuesta por escrito. “No toleraremos la mala conducta del personal y tomaremos medidas para responsabilizar a los empleados”.
Entre esos cambios estuvo el nombramiento el 1 de diciembre de un nuevo director interino, el séptimo cambio de comando de la cárcel en ocho años. En el momento de la investigación, el director interino era Suzanne Peery, que había hecho su carrera desde 1988 en dos prisiones.
Una portavoz de la California Correcctional Peace Officers Assn., el sindicato que representa a parte de los 30,000 guardias de prisión, dijo que su “sólo interés en este asunto es hacer que los derechos constitucionales de los oficiales en las correccionales y sus derechos [legales] sean protegidos.
Nichol Gomez, vocera sindical, dijo que “honrar esos derechos no impediría” la actual revisión investigativa.
La instalación, construida hace 20 años en High Desert, alberga a internos de alta y mediana seguridad y cuenta con dos edificios destinados a los reclusos que requieren custodia especial. Cuenta con casi 3,500 prisioneros, aunque fue diseñada para solo 2,324.
Los reportes de crueldad y el racismo de parte de los guardias en el 2010 propiciaron la revisión de un proceso de apelación interno.
El reportaje publicado el miércoles por el Sacramento Bee, cita entrevistas con reclusos que relatan un racismo abierto, incluyendo a oficiales que “llamaban a internos por la palabra ‘N’ o espaldas mojadas” dándoles a los internos blancos acceso a la cantina de la prisión, mientras que a los presos afroamericanos les era negado y los sometían a tratos mucho más duros.
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