California acuerda pagar cirugía de cambio de sexo a reclusa transgénero
California es el primer estado de la nación en comprometerse a pagar la operación de reasignación de sexo de un recluso transgénero, pero el acuerdo del estado de un proceso judicial reciente elude la cuestión para establecer si tal cirugía es un derecho constitucional.
El estado reconoce que Shiloh Quine, quien ingresó en el sistema penitenciario de California en 1980 como Rodney, sufre una distrofia de género severa que solamente puede ser tratada al ajustar físicamente su cuerpo con su género psicológico.
El acuerdo para resolver la demanda federal de Quine que busca obtener la cirugía fue anunciado el viernes por la tarde, con una breve declaración del departamento correccional la cual decía que “cada médico y clínico en salud mental que ha revisado este caso, incluyendo a dos expertos en salud mental independientes, determinaron que esta cirugía es médicamente necesaria para Quine”.
La victoria de Quine fue hecha posible por otra reclusa, Michelle Norsworthy, nacida como Jeffrey, quién en el mes de abril ganó una orden del tribunal federal para obtener cirugía para remodelar sus genitales. En lugar de eso, el gobernador Jerry Brown el viernes permitió un otorgamiento de libertad condicional para Norsworthy, haciendo que esa decisión fuera debatida días antes de que un panel de apelación fuera a escuchar el desafío legal de California.
En ambos casos, los funcionarios de las prisiones de California han negado las cirugías, argumentando que la reasignación de sexo no era necesaria desde un punto de vista médico. La posición del estado fue perjudicada en junio cuando su propio experto concluyó que Quine requería la operación.
“La cirugía de reasignación de sexo es médicamente necesaria para impedir que la Srita. Quine sufra de una enfermedad o una discapacidad significativa y para aliviar el severo dolor ocasionado por su disforia de género”, escribió Richard Carroll, un psicólogo clínico y director del Programa de Trastornos Sexuales y Terapia de Parejas de la Universidad Northwestern en Chicago. La cirugía, dijo, reduciría su “depresión, ansiedad y el riesgo de intentos de suicidio”.
El esperar hasta que saliera de la prisión no era una opción. Quine está cumpliendo una condena de cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato.
“Un acuerdo no es un precedente, pero supongo que le da un poco de munición para el próximo tipo que venga, para decir que hiciste esto por él, ¿por qué no por mí?” dijo Kent Scheidegger, director legal para la Fundación Legal para la Justicia Criminal, una organización conservadora con sede en Sacramento que interviene en los litigios de justicia penal en todo el país. Esas peticiones están destinadas a forzar eventualmente otro desafío legal, dijo.
“La idea de que la 8va enmienda requiera algo para los presos que no está disponible para los ciudadanos respetuosos de la ley es algo que muchas personas encuentran ofensivo”, dijo Scheidegger.
California tiene cerca de 400 reclusos transgénero recibiendo tratamiento hormonal, de acuerdo a los datos médicos de la prisión. Los abogados de Quine dijeron que su investigación muestra que el costo de la operación que su clienta busca oscila entre los $15,000 a los $25,000 dólares.
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