Autoridades incautan armas, oro y marihuana: ¿por qué un juez dictamina que no pueden presentarse cargos?
The DEA raided a Humboldt County farm five years ago. (Aug. 14, 2017)
La DEA allanó una granja del condado de Humboldt hace cinco años (14 de agosto de 2017).
Cuando agentes de la Administración Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) allanaron una remota granja del condado de Humboldt, hace cinco años, hallaron numerosas pruebas para inculpar a sus propietarios, Anthony Pisarski y Sonny Moore.
Más de 300 plantas de marihuana crecían en un par de invernaderos. Los agentes hallaron armas en una casa dentro de la extensa propiedad, y cerca de $225,000 dólares en efectivo, la mayor parte de éste empaquetado en bolsas selladas al vacío, escondidas en un garaje y en camionetas. Búsquedas posteriores descubrieron otra gran reserva de efectivo, junto con barras de oro y plata.
Pisarski y Moore finalmente se declararon culpables de un cargo federal por conspirar para fabricar y vender marihuana. Pero en un fallo que se considera único en su estilo, la semana pasada un juez puso un alto al caso antes de que los hombres fueran sentenciados a prisión. El magistrado se halló sin más opción que cancelar el pedido de los fiscales, a la luz de una inusual regla presupuestaria del Congreso que prohibe a la ley federal intervenir con los estados donde la marihuana medicinal es legal.
La decisión del juez estadounidense de distrito Richard Seeborg, en San Francisco, ilustra por primera vez algo que podría ser un serio obstáculo si el procurador general Jeff Sessions, un feroz opositor de la marihuana, decide endurecer los controles al cannabis medicinal -que sigue siendo ilegal en el marco de la ley federal-. Si bien aún queda por ver cuántos otros casos relacionados podrían anularse, tal como el de San Francisco, los partidarios de la autoridad de los estados para legalizar la sustancia celebraron la decisión y esperan sirva como un control a Sessions.
“Esta es una señal que, esperemos, recorrerá todo el país, para que los fiscales federales cesen de usar su tiempo en esto y se enfoquen en los delincuentes reales”, afirmó Dana Rohrabacher (R-Costa Mesa), representante que lideró una campaña legislativa para frenar al Departamento de Justicia en casos de marihuana medicinal. “Mis amigos conservadores, como Jeff [Sessions] necesitan mirarse al espejo y decir: ‘No nos gusta que estas personas fumen marihuana, pero ellos tienen el derecho de hacerlo porque se trata de sus vidas, no de la vida del gobierno”.
El fallo dependió de una breve enmienda escrita por Rohrabacher y luego por el representante de los EE.UU. Sam Farr (D-Carmel), recientemente retirado, a un proyecto de ley de asignaciones de fines de 2014 que autorizó los gastos del gobierno del año siguiente. Aunque breve, la enmienda tuvo un efecto significativo: prohibió al Departamento de Justicia emplear fondos de manera que obstaculice a un estado “de implementar sus propias leyes estatales que autorizan el uso, distribución, posesión o cultivo de la marihuana medicinal”. El Congreso renovó la prohibición cada año desde entonces.
Hasta el momento, jueces de distrito de los EE.UU. habían rechazado los intentos de los acusados de argumentar que la enmienda se aplicaba a sus casos. En otro proceso en Fresno, que involucró a un hombre condenado por operar ilegalmente una cooperativa de marihuana, por ejemplo, un magistrado halló que éste había violado la ley de cannabis medicinal de California al vender con fines de lucro y, por lo tanto, se consideró apto para la acusación federal.
Una duda legal no resuelta es si la prohibición de gastos también se aplica a personas que ya han sido condenadas y que cumplen sentencias por cargos de marihuana, ya que la Oficina de Prisiones y el Cuerpo de Alguaciles de los EE.UU. son brazos del Departamento de Justicia.
Sin embargo, es posible que el impacto inmediato de la decisión de la semana pasada sea limitado.
Se cree que el número de personas que enfrentan cargos federales de drogas por violaciones vinculadas con la marihuana en los 29 estados que aprobaron su uso medicinal no es grande. Bajo el gobierno de Obama, el Departamento de Justicia siguió una política que intentaba apartarse de los enjuiciamientos mientras un estado tuviera estrictas medidas para evitar que las drogas se vendan a menores, que el dinero fluya a los cárteles, que la marihuana se desvíe a estados donde es ilegal y otros problemas posibles.
Pero ahora que Sessions está subiendo el volumen a su retórica y dejando abierta la posibilidad de lanzar un ataque contra el cannabis, la defensa legal ofrecida por la prohibición de gastos podría presentar un enorme obstáculo en el futuro.
En una carta que envió en mayo pasado, Sessions instó a los líderes del Congreso a eliminar la enmienda del gasto. Según el procurador general, junto con los riesgos de salud y sociales que impone la marihuana, la prohibición ayuda al crimen organizado a infiltrarse en los mercados del cannabis medicinal.
“El departamento debe estar en condiciones de utilizar todas las leyes disponibles para combatir las organizaciones transnacionales de drogas y a los peligrosos narcotraficantes que amenazan las vidas de los estadounidenses”, escribió.
Un vocero del Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios de este periódico.
Para Pisarski y Moore, la enmienda presupuestaria ofreció un salvavidas de última hora.
La enmienda fue agregada cuando el par estaba a apenas días de ser condenado. Los fiscales pedían una pena cercana a los tres años de prisión para ellos. La dupla poseía 242 hectáreas remotas de propiedades que incluían una casa, un almacén y dos invernaderos, donde los agentes descubrieron 320 plantas de marihuana, según los registros de la corte presentados por la oficina del fiscal estadounidense. Además, hallaron un arma cargada en sus dos dormitorios. Entre la evidencia incautada también había $189,000 dólares en efectivo, que habían sido soldados dentro del revestimiento de un remolque.
El abogado de Pisarski, Ronald Richards, efectuó una petición de emergencia para posponer la sentencia, a fin de ver si la enmienda se convertía en ley. El juez accedió y, cuando la norma del gasto se convirtió el ley -aprobada por amplia mayoría bipartidista-, Richards envió correos electrónicos a los defensores públicos y a otros abogados del país para alertarles de la nueva vía legal que se abría en los casos vinculados con la marihuana.
La restricción sobre el gasto del Departamento de Justicia fue considerada en ese momento como un punto de inflexión, después de años de conflicto entre el intento de las autoridades federales de mantener el control de las leyes de droga y los estados donde la marihuana medicinal se había convertido en una opción legal. A la luz de la prohibición de gasto, se supone que los fiscales federales no tendrían más opción que abandonar los casos relacionados.
Funcionarios del Departamento de Justicia, sin embargo, rechazaron una interpretación tan amplia de la enmienda. Si bien reconocieron que la prohibición de gasto impide interferir en los asuntos estatales, no aceptaron que frene ir tras los productores y vendedores como Pisarski y Moore.
Richards y el abogado de Moore intentaron hacer retroceder la sentencia varias veces, mientras el panorama legal de los casos por cannabis seguía cambiando. El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidió que los acusados en California y otros estados de su jurisdicción con leyes de marihuana tenían derecho a una audiencia para determinar si habían estado en cumplimiento de esas leyes estatales. Si los acusados podían demostrar que habían acatado las normas estatales, a los fiscales se les bloquearía la opción de presentar cargos federales por drogas, indicó el tribunal.
El mes pasado, Seeborg celebró una audiencia para Pisarski y Moore. Sus abogados argumentaron que las plantas de marihuana cultivadas por ellos estaban destinadas a dos colectivos sin fines de lucro que las distribuían a sus miembros, en consonancia con las regulaciones de California. En una presentación judicial, Pisarski le dijo al juez que necesitaba armas en su casa para protegerse de los “leones de montaña, los cerdos con grandes dientes y los osos” que había en la zona por la noche.
El gobierno replicó que los acusados no habían demostrado que todos los miembros del colectivo eran legítimos y que las armas, el efectivo y el oro indicaban que planeaban vender el cannabis para obtener ganancias.
El martes, Seeborg se alineó con Pisarski y Moore, y señaló que los hombres no tenían ninguna responsabilidad para verificar la legitimidad de los miembros de los colectivos, y reconoció que el efectivo y las armas podrían ser señales de operaciones criminales, aunque “igualmente consistentes con las tareas de una empresa rural, que maneja mucho dinero”.
En su fallo, Seeborg replicó al Noveno Circuito al enfatizar que su decisión era válida sólo mientras el Congreso siga renovando las restricciones de gastos para el Departamento de Justicia.
Habiendo admitido su culpabilidad pero sin sentencias, Pisarski y Moore se encuentran en un extraño limbo legal. Los fiscales en su caso no respondieron a las solicitudes de comentarios de este periódico, lo cual extiende la duda de si el procurador de los Estados Unidos en el Distrito Norte de California pedirá que el caso sea desestimado o intente esperar y ver si el Congreso hace un giro de 180 grados.
Rohrabacher afirmó que el Congreso recientemente incluyó la enmienda nuevamente en un proyecto de ley provisional de gasto, y que espera que sea parte de futuros acuerdos.
“El público ya está de acuerdo”, manifestó Rohrbacher. “Se supone que nuestro gobierno refleja la voluntad de la gente, y los conservadores que se dedican a tratar de proteger a los adultos de sí mismos ya han perdido el argumento”.
Traducción: Valeria Agis
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí
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