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Aumentan estudiantes DACA en la UC, entre la incertidumbre generada por las políticas de Trump

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María Blanco tuvo que voltear a ver dos veces su pantalla cuando la alerta de Google apareció en su correo a finales de la semana pasada: el presidente Trump había revocado su promesa de campaña y decidido continuar con un programa federal que suspende temporalmente las deportaciones de los jóvenes indocumentados en el país.

La noticia emocionó a Blanco, una abogada que dirige el Centro de Servicios Legales para Inmigrantes de la Universidad de California, el primer y único sistema universitario del país que proporciona asistencia jurídica gratuita a los estudiantes sin estatus legal y sus familias.

Pero su entusiasmo se anuló a las pocas horas, cuando los funcionarios de la administración aclararon que todavía no habían tomado “ninguna decisión final” sobre el programa, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA, por sus siglas en inglés), dejando en duda el destino de los 750,000 jóvenes inmigrantes bajo su protección. Un estimado de 3,700 alumnos sin documentación asiste a los planteles de la UC.

Estamos de nuevo donde estábamos antes, sin saber realmente cuál es el destino de este programa. Todo el mundo sigue en el limbo”.

— María Blanco, abogada.

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“Está todo tan convulsionado”, afirmó Blanco el sábado. “Estamos de nuevo donde estábamos antes, sin saber realmente cuál es el destino de este programa. Todo el mundo sigue en el limbo”.

Mientras persiste la incertidumbre sobre las políticas de inmigración de Trump, Blanco y otros abogados en el Centro de Servicios Legales para Inmigrantes de la UC se han convertido en los expertos de la academia. ¿Deberían los estudiantes solicitar el DACA y proporcionar sus datos personales a la administración de Trump? ¿Deberían viajar al extranjero y correr el riesgo de que les nieguen el reingreso? ¿Pueden descansar tranquilos los jóvenes con la reciente noticia de que los funcionarios de inmigración aprobaron realmente más solicitudes DACA en los primeros tres meses de este año que en el mismo período el año pasado?

Los abogados del centro luchan diariamente con dichas preguntas, junto con una elevada carga de trabajo. Blanco calcula que los casos ascendieron a más de 800 para el año académico 2016-2017, en comparación con los 362 del año pasado. La mayoría implican solicitudes DACA, permisos de viaje, ayuda para las familias de los estudiantes y consultas generales.

La abogada Amy Frances Barnett (izq.) asesora a un estudiante de UC Davis en el Centro de Servicios Legales para Inmigrante de dicha casa de estudios. El joven llegó a Estados Unidos cuando era niño en forma indocumentada. (Francine Orr)

La abogada Amy Frances Barnett (izq.) asesora a un estudiante de UC Davis en el Centro de Servicios Legales para Inmigrante de dicha casa de estudios. El joven llegó a Estados Unidos cuando era niño en forma indocumentada. (Francine Orr)

(Francine Orr / Los Angeles Times)

Otras universidades en todo el país han inundado el centro con solicitudes de información sobre cómo establecer programas similares. Los abogados del centro han llevado a cabo talleres “conoce tus derechos” en el campus y han informado a los administradores de la UC sobre asuntos de inmigración. “Desde las elecciones, esto ha sido continuo”, remarcó Blanco.

Los estudiantes dicen que el centro, ubicado en UC Davis, ha sido su salvación. Un joven, que pidió anonimato como una medida de protección, dijo que lloró durante horas después de que Trump fue electo, preguntándose si sería expulsado del único país que llama ‘hogar’ desde que llegó sin documentación, cuando era niño.

El muchacho investigó los países que podrían aceptar a mexicanos como él y elaboró un plan de segunda alternativa para emigrar a otro sitio. Se preguntó si debería correr el riesgo de volver a solicitar un permiso de trabajo federal bajo el programa DACA.

“Un país no quiere nada que ver contigo; el otro ni siquiera lo recuerdas”, expresó durante una reciente entrevista. “Sientes que no mereces pertenecer a ninguna parte”.

Pero también manifestó que Amy Frances Barnett, una abogada del centro, calmó su ansiedad con sus modos apacibles y su ayuda legal. Durante una reciente reunión, lo actualizó sobre su solicitud para un permiso de trabajo y le dio un folleto de bolsillo desarrollado por la UC sobre qué hacer si uno es abordado por los agentes de inmigración. El folleto aconseja sobre el derecho a permanecer en silencio, y remarca que es bueno ser cortés y veraz.

“Mantenlo en tu cartera en caso de que entres en contacto con la policía”, le dijo Barnett.

“Está bien”, confirmó él.

El joven estudia Psicología y Neurobiología/Fisiología, con el objetivo de convertirse en un neurocirujano y demostrar su valía a los estadounidenses.

“Si trabajo suficientemente duro, tal vez me quieran”, expuso el inmigrante.

Otro estudiante remarcó que Rachel Ray, una abogada administradora del centro, le ayudó a renovar su permiso DACA y lo preparó para ser interrogado el año pasado por los agentes fronterizos de los Estados Unidos cuando regresó a California de un viaje de estudios en el extranjero a México.

Practicó sus respuestas frente al espejo, aterrorizado de que pudiera ser rechazado en la frontera. Pero consiguió cruzar fácilmente, relató el estudiante, quien espera asistir a la escuela de derecho después de graduarse con una licenciatura en ciencias políticas y psicología.

“No sé qué habría hecho sin ellos”, dijo. “Son un recurso esencial para la comunidad”.

El centro fue inaugurado en enero de 2015 por la presidenta de la UC, Janet Napolitano, quien ayudó a crear el programa DACA como Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la administración de Obama. La funcionaria afirmó que la idea para el centro surgió de conversaciones con estudiantes inmigrantes después de que se uniera a la UC en 2013 y era coherente con las generosas políticas del estado hacia aquellos que no tienen permiso de residencia. Casi una tercera parte de los destinatarios DACA viven en California.

“Nuestros estudiantes indocumentados forman parte de nuestra comunidad universitaria, y tienen necesidades legales únicas”, expresó Napolitano. “Ahora mismo están bajo mucho estrés”.

La escuela de derecho de UC Davis fue elegida para albergar al centro debido a su profunda experiencia, ya que creó la primera clínica de ley de inmigración del país en 1980 y cuenta con la facultad de derecho de inmigración más grande del país. Otro activo: el decano de la facultad de derecho, Kevin Johnson, acogió con entusiasmo el proyecto con espacio y recursos.

Inicialmente, el centro proporcionó servicios legales a los seis campus de la UC sin escuelas de derecho. El año pasado, Napolitano incrementó la financiación a $2.5 millones en tres años, permitiendo que ampliara sus servicios a todo el sistema excepto en UC Berkeley, que ayuda a los estudiantes a través de una alianza con un grupo de servicios legales comunitario. Hoy, el centro emplea a nueve abogados que hablan inglés, español, vietnamita, japonés, árabe, hindi, urdu y gujarati.

Sin embargo, entre sus críticos se encuentra Stephen Frank, editor colaborador sénior de la revista California Political Review, quien arremetió contra la institución diciendo que era “una operación sórdida y corrupta, que proporciona asistencia a los violadores de la ley para que puedan continuar violando nuestras leyes”.

Blanco respondió que los servicios legales reflejan el compromiso de la universidad para ayudar a los estudiantes necesitados, sin importar si son inmigrantes, veteranos, discapacitados o víctimas de abuso sexual. La experta intenta ahora recaudar dinero para mantener al centro más allá del compromiso de tres años de Napolitano. La UCLA apoya a uno de los abogados de tiempo completo con sus propios fondos.

Blanco también comparte el trabajo del centro con los campus de todo el país, incluyendo las escuelas de la Ivy League, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Oregon, Pomona College, el sistema de la Universidad del Estado de California y los Colegios Comunitarios de California.

Esta exalumna de UC Berkeley, quien tiene más de dos décadas de experiencia en trabajo legal de derechos civiles para organizaciones sin fines de lucro, como la California Community Foundation y la Mexican American Legal Defense and Educational Fund, recientemente habló con los administradores de la universidad en un simposio celebrado en Occidental College, donde les exhortó a no dejarse intimidar por las amenazas de perder los fondos federales o su régimen de exención de impuestos si ayudan a los jóvenes indocumentados.

“Las instituciones necesitan tener una estructura fuerte para hacer esto”, les dijo. “Será una lucha... Realmente los animo a no sentir temor inmediatamente por estas amenazas”.

Pero el problema más difícil es la incertidumbre sobre las intenciones de Trump, remarcó.

¿Qué tan inquietante fue un tuit de este año, de parte de los agentes de inmigración de los Estados Unidos, que decía que la acción diferida en las deportaciones es “discrecional”? ¿Qué tanta esperanza demuestran los nuevos datos de aprobaciones de solicitudes DACA, que han aumentado más del 300 por ciento (a 125,000) entre enero y marzo de este año, en comparación con en el mismo período el año pasado?

Blanco simplemente no sabe. Por el momento, ella y su equipo han modificado sus consejos anteriores respecto de no presentar nuevas solicitudes para DACA y ahora están dispuestos a considerar tramitarlas para los alumnos con registros “perfectamente limpios”.

Pero eso puede cambiar, una y otra vez. “Constantemente uno trata de leer entrelíneas, y las líneas siguen cambiando”, afirmó

Traducción: Diana Cervantes

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí

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