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Asesinato enciende el debate sobre la política migratoria

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Este fin de semana, San Francisco y su política liberal hacia los indocumentados fueron el centro del debate político nacional después de la muerte a tiros de una mujer en un popular destino turístico, supuestamente por un hombre con antecedentes penales que había sido deportado a México varias veces.

La Junta de supervisores aprobó una ley en 2013 que limita las condiciones bajo las cuales los detenidos podrían colocarse en retenciones federales de inmigración. Desde entonces, decenas de ciudades y condados en todo el país han dejado de cumplir con las solicitudes de inmigración después de que un juez federal dictaminó que un condado de Oregon violó los derechos de la 4ta enmienda de una mujer al ser detenida por las autoridades de inmigración sin causa probable.

La ley de San Francisco permite la retención solamente para las personas con antecedentes violentos. El sospechoso del tiroteo, Francisco Sánchez, de 45 años, tenía varios delitos pero ninguna condena por crímenes violentos importantes en los últimos años, según el Departamento del Sheriff de San Francisco.

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El 26 de marzo, Sánchez fue admitido en la cárcel del condado de San Francisco por una orden judicial de aprehensión relacionada con un caso de drogas de 10 años de antigüedad. Al día siguiente, los cargos locales contra Sánchez fueron desestimados en la Corte Superior del condado de San Francisco. A pesar de su estatus como indocumentado, Sánchez fue liberado después de que el Departamento del Sheriff confirmó que Sánchez no tenía órdenes de aprehensión vigentes y de que había completado sentencias por cargos separados en una prisión federal, dijeron las autoridades.

La ordenanza de San Francisco hizo a Sánchez inelegible para ser retenido por el U.S. Immigration and Customs Enforcement porque no tenía “una convicción por delito violento en los últimos siete años, o una causa probable emitida por un magistrado o un juez por un delito violento presente”, dijo Freya Horne, un abogado del Departamento del Sheriff de San Francisco. “Nada en sus antecedentes mostró algo como eso”.

Sánchez fue liberado a pesar de que ICE intentó retenerlo para ser deportado, dijo Virginia Kice, una portavoz de la agencia federal.

“Una persona con un largo historial criminal, que es ahora el sospechoso en un caso trágico de asesinato, fue lanzada a la calle en lugar de ser entregados a ICE para su deportación”, dijo Kice. “No estamos pidiendo que los policías locales hagan nuestro trabajo. Todo lo que estamos pidiendo es que nos notifiquen cuando un serio delincuente criminal de nacionalidad extranjera sea puesto en la calle para que así podamos ponernos de acuerdo para tomar su custodia”.

El Departamento del Sheriff de San Francisco anunció el año pasado que sólo realzaría dichas solicitudes si un juez las había revisado previamente o si se obtuvo una orden judicial.

El sheriff del condado de San Francisco, Ross Mirkarimi, dijo que Kice no entiende el punto. “ICE fue informado sobre la posición de San Francisco acerca de las retenciones, pero no buscó una orden judicial para la transferencia de Sánchez como lo requiere la ley.”

“Eso es todo lo que tenían que hacer”, dijo. “Obtengan una orden judicial y estaremos encantados de hacerla valer”.

Sánchez fue arrestado el miércoles después de que la policía respondió a reportes de un tiroteo en el muelle 14, cerca de Embarcadero y la calle Mission. La policía encontró a Kathryn Steinle, de 32 años, con una herida de bala mortal en la parte superior del cuerpo. Después de que ella cayó al suelo, Steinle, quien recientemente se había mudado a San Francisco, según se dice no paraba de decir “Papá, ayúdame, ayúdame”.

Ella fue transportada a un hospital local, donde fue declarada muerta.

El motivo de la balacera permanece bajo investigación, pero la policía cree que fue un ataque al azar.

Una hora más tarde, trabajando con las pistas proporcionadas por los testigos, las autoridades arrestaron a Sánchez, quien tiene siete condenas por delitos graves y ha sido expulsado cinco veces, más recientemente, en 2009, dijeron las autoridades. Cuatro de sus convicciones implican cargos por narcóticos.

En 1989, San Francisco aprobó la ordenanza de “ciudad y condado de refugio” que prohibió que el dinero de la ciudad se utilice para hacer cumplir la ley de inmigración y prohíbe a las autoridades que detengan a las personas únicamente por su estatus migratorio o por su país de origen. La ciudad ha expandido sus políticas de Santuario.

La ordenanza original surgió del movimiento de Santuario de los años ochenta, cuando las iglesias en todo el país ofrecían refugio a los centroamericanos que huían de los conflictos civiles en sus países de origen. Desde entonces, cientos de ciudades y condados en todo el país han adoptado leyes o políticas de “Santuario”, más recientemente en respuesta a las redadas de inmigración que han destrozado miles de familias.

La organizaciones de derechos civiles sostienen que las solicitudes de detención del ICE son inconstitucionales bajo la cuarta enmienda porque no están basados en ninguna determinación de causa probable.

Angela Chan, la abogada de los Asian American Advancing Justice — Asian Law Caucus, señala que muchos organismos ejecutores de la ley, incluyendo el Departamento de policía de Los Ángeles, decidieron reexaminar sus prácticas después de que un fallo federal de 2014 determinó que un condado de Oregon era responsable por daños después de la retención de una reclusa más allá de su fecha de liberación para que ella pudiera ser transferida a Immigration and Customs Enforcement.

“A nivel nacional, más de 320 jurisdicciones no responden a las solicitudes de retención de ICE porque violan la cuarta enmienda de la Constitución”, dijo Chan. En San Francisco, “incluso si el sheriff tuvieran una política de responder a las retenciones de ICE, si él respondiera, él sería responsable. Él sería demandado”.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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