Aprueban supervisión federal en las reformas de las cárceles de L.A.
En ocasiones los presos son encadenados a las mesas por motivos de seguridad en la unidad de alojamiento de salud mental de alta observación del Centro Correccional Twin Towers en Los Angeles. Los funcionarios de la cárcel están tratando de corregir los problemas en la instalación que pueden conducir al suicidio y a la depresión extrema.
Tras años de escándalos, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha aceptado la supervisión federal y unas amplias reformas destinadas a ponerle fin al abuso de los oficiales sobre los presos, así como el mejorar los deficientes tratamientos crónicos para los internos enfermos mentales.
El acuerdo anunciado el miércoles establece a un monitor independiente quien se asegurará de que las reformas se llevan a cabo. Richard Drooyan, un ex presidente de la Comisión de la Policía de Los Ángeles quien sirvió en una comisión investigadora que fue sumamente crítica de las operaciones del Departamento del Sheriff, fue nombrado para ser el monitor.
La medida llega después de que los fiscales federales ganaron condenas en contra de oficiales acusados de abusar de los presos y obstruir el trabajo de los investigadores federales que examinaban los casos de violencia en prisión.
En el mes de mayo, el ex sheriff interno Paul Tanaka, una vez la segunda figura de más alto rango de la agencia, y el ahora retirado capitán, William “Tom” Carey, fueron acusados de conspiración y obstrucción a la justicia por presuntamente ocultar el paradero de un recluso que estaba trabajando como informante del FBI. Se han declarado no culpables y están a la espera de ser juzgados.
“Este acuerdo histórico representa un renovado compromiso por el Condado y el sheriff [Jim] McDonnell para proporcionar cuidado constitucionalmente adecuado para los presos con enfermedades mentales graves”, dijo el subprocurador general asistente, Mark J. Kappelhoff, en un comunicado. “El acuerdo también establece una estructura que ayudará a cambiar una cultura persistente en la cual el uso de la fuerza excesiva sobre los prisioneros era a veces tolerada”.
El plan requiere de más capacitación para los oficiales y los y supervisores, así como un mayor escrutinio sobre las operaciones de la cárcel.
En un comunicado, los funcionarios federales expusieron nuevas medidas para abordar el tratamiento de los enfermos mentales, diciendo que el acuerdo, en parte, fue “diseñado para prevenir y responder más eficazmente a los suicidios y a las lesiones auto infligidas”.
Los oficiales del Sheriff que trabajan en las cárceles, por ejemplo, se someterán a una “nueva capacitación importante sobre la intervención en crisis y la interacción con los reclusos con enfermedad mental”, mientras que la supervisión de los internos enfermos mentales también se aumentará. El acuerdo también abordó los antiguos problemas del abuso de los presos por parte de los oficiales, quienes frecuentemente son acusados de golpizas injustificadas y otros usos de fuerza excesiva.
Bajo los términos del acuerdo, el Departamento del Sheriff acordó hacer revisiones “importantes” a las políticas sobre el uso de la fuerza -- cambios que los funcionarios federales dijeron que “deben reducir significativamente el uso de la fuerza excesiva, con protecciones adicionales para el uso de la fuerza en contra de los presos con enfermedad mental”.
El acuerdo es una respuesta al incremento de los suicidios en la cárcel, detallado por los funcionarios federales en un informe de palabras enérgicas de junio del 2014, el cual llamaba a muchas de las muertes “prevenibles”.
El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, la cual ha estado realizando negociaciones con los funcionarios federales, discutió el acuerdo en una sesión a puerta cerrada pero no anunció públicamente un resultado.
En el informe de junio del 2014, el Departamento de Justicia acusó a los funcionarios de la cárcel de hacer muy poco para resolver el problema, incluso después de que los suicidios se duplicaron, de cuatro en el 2012 a 10 en el siguiente año.
Las celdas de la cárcel estaban “tenuemente iluminadas, infestadas de bichos, eran ruidosas, insalubres, reducidas y concurridas”, exacerbando la angustia mental de los reclusos, dijeron los funcionarios federales en el informe.
Algunos presos con largas historias de enfermedades mentales no fueron asignados a la unidad de salud mental y más tarde se suicidaron, indicaba el informe. Los controles de seguridad no se realizaron con suficiente frecuencia, y un interno enfermo mental no había sido revisado durante horas cuando se ahorcó, dice el informe.
El informe detalla una serie de reformas que los funcionarios federales esperaban se conviertan en parte de un acuerdo de conciliación eventual, incluyendo el revisar a los reclusos con mayor frecuencia y el realizar búsquedas más efectivas de artículos de contrabando tales como las bolsas de plástico que los presos podrían utilizar para suicidarse.
Los funcionarios de la cárcel dicen que ya han comenzado a implementar las reformas. Los supervisores han aprobado la financiación para la contratación de cientos de empleados adicionales para la cárcel.
En el 2014, el número de suicidios se redujo de nuevo, a cinco.
La participación federal en las cárceles del Condado de Los Angeles data de 1997, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones para mejorar el cuidado de salud mental. Desde el año 2002, las cárceles han funcionado bajo un protocolo de acuerdo después de que las autoridades federales determinaron que los derechos constitucionales de los presos estaban siendo violados.
Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí
