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300 pacientes contactaron a la USC por la mala conducta del ginecólogo, mientras tanto, LAPD inicia la investigación

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Alrededor de 300 personas contactaron a la Universidad del Sur de California (USC) acerca de un antiguo ginecólogo del campus acusado de mala conducta. Mientras tanto, los administradores comenzaron a compartir los nombres de las expacientes con la policía de Los Ángeles en pos de la investigación criminal.

La universidad se negó a precisar cuántas de las 300 personas que llamaron a una línea directa especial para pacientes del Dr. George Tyndall fueron derivadas -con su consentimiento- al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), donde los detectives de delitos sexuales de la División de Robos y Homicidios estarán al frente de la investigación.

El capitán Billy Hayes, quien supervisa la división, afirmó que los detectives clasificarán las investigaciones de forma similar a cómo manejaron las múltiples acusaciones contra figuras de Hollywood -como Harvey Weinstein- que inundaron el departamento en 2017, durante el apogeo del movimiento #MeToo. Algunos de esos casos involucraron denuncias que datan de mucho tiempo atrás, de las cuales no hay evidencia física.

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El LAPD mantuvo conversaciones con la USC y al menos un abogado que representa a varias presuntas víctimas, pero todavía no se reunió ni tomó declaración a pacientes individuales, precisó Hayes. La policía instó a las potenciales víctimas a comunicarse también directamente con el LAPD. La oficina del procurador de distrito del condado de Los Ángeles indicó que no se presentaron casos a los fiscales.

Tyndall, de 71 años, no pudo ser contactado para hacer comentarios en este artículo. Pero en entrevistas anteriores con The Times, el ginecólogo defendió sus exámenes médicos, a los cuales calificó de exhaustivos, apropiados y acordes con los estándares médicos. El galeno negó haber hecho comentarios inapropiados a las pacientes, o dijo que sus comentarios habían sido malinterpretados. “Nunca tuve deseos sexuales” hacia las pacientes, aseveró en una entrevista.

Los administradores de la USC también afirmaron el martes 22 de mayo, que estaban cooperando con una investigación iniciada por la Junta Médica de California, la agencia estatal que autoriza e investiga a los médicos.

El alcance de la investigación por parte de ese organismo estatal no está claro. La agencia no habla públicamente sobre quejas o investigaciones. “La junta médica está considerando seriamente esto, pero es todo lo que puedo decir”, aseguró Susan Wolbarst, portavoz de la junta.

El martes, un investigador estatal que trabaja para la junta médica contactó a The Times y pidió a los reporteros que compartieran información de las entrevistas que realizaron con Tyndall. Como política, The Times no comparte material inédito de recopilación de noticias fuera del periódico.

Los investigadores de la junta pueden remitir los casos a los fiscales y llevar a cabo acciones administrativas contra los médicos, lo cual puede resultar en la pérdida de la licencia para ejercer. La agencia también tiene la autoridad para investigar si las entidades de salud cumplen con sus obligaciones legales de reportar a los galenos.

Para Laura Sweet, exjefa adjunta de aplicación de la junta médica, es probable que la entidad investigue a la USC mientras reúne evidencia de la atención de Tyndall a sus pacientes. “Tienen que investigar ambas cuestiones”, indicó Sweet, quien se retiró en 2015.

Los funcionarios electos y los administradores de la junta médica han remarcado durante mucho tiempo que creen que hay una importante falta de denuncias de la mala conducta de los médicos en California por parte de los hospitales y clínicas, y han presionado a las entidades sanitarias para proteger más al público.

“Este caso apela directamente a esa preocupación”, consideró Sweet.

En el marco de la ley estatal, los hospitales y muchas clínicas deben notificar a la junta médica ante una variedad de circunstancias cuando suspenden, disciplinan o cancelan los privilegios de los médicos. Ese organismo toma muy en serio dichas denuncias, porque involucran a expertos de la salud capacitados, y los profesionales y entidades enfrentan fuertes multas por no notificar a la junta.

“Si un hospital o clínica toma medidas contra un médico, la junta médica debe saberlo”, aseveró Julie Fellmeth, profesora de derecho en la Universidad de San Diego y exsupervisora de cumplimiento de normas de la junta médica.

La USC sostiene que la ley no se aplicaba en el caso de Tyndall porque las quejas contra el médico “se realizaban como un asunto de recursos humanos” y la universidad no se regía por las leyes estatales de denuncias.

La USC también ha dicho que “en retrospectiva”, los funcionarios deberían haber presentado una denuncia contra Tyndall después de que se apartó de la universidad, en 2017. La casa de estudios presentó un informe tardío, en marzo, después de enterarse de que Tyndall pretendía ser reincorporado.

La denuncia se concretó un mes después de que The Times comenzara a acercarse a los empleados de la clínica para indagar sobre el ginecólogo.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.

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